REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 14/07/2017
Solo tres millones de euros por el conflicto de la estiba.

La justicia europea rebaja la multa a España de forma considerable.

Considera "grave" la infracción pero la "devalúa".


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reducido significativamente, de 24 a 3 millones de euros, la multa impuesta al Reino de España por el sector de la estiba. Tras haber sido notificada esta sentencia, el Ministerio de Fomento valora que el tribunal europeo "haya reconocido que el Gobierno de España ha actuado de buena fe y con la máxima colaboración con la Comisión Europea (CE) para poner fin de forma definitiva a esta situación".

El Ministerio de Fomento ha expresado su satisfacción diciendo que "con la entrada en vigor de la reforma, España ha logrado un sector de la estiba liberalizado, manteniendo el empleo y cumpliendo con su obligación como país".

El Gobiernos dice que "el Real Decreto Ley de reforma del sector facilitaba la negociación entre las partes, ya que dotaba a las mismas de las herramientas y ayudas necesarias para alcanzar el acuerdo.

De hecho, el acuerdo logrado entre patronal y sindicatos de la estiba en un tiempo récord, junto al mantenimiento de los puestos de trabajo, ha desacreditado a aquellos grupos parlamentarios que se opusieron en el Congreso de los Diputados a la convalidación del Real Decreto Ley, alegando que se iban a producir despidos masivos y que no permitía el acuerdo.

De no haber reformado el sector de la estiba, además del pago de una multa diaria de 27.522 euros, España habría tenido que abonar una sanción de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Se trata, por lo tanto, de un leve tirón de orejas. Europa no quiere hacer sangre tras la vuelta a la normalidad a la que se llegó después de los acuerdos firmados entre Anesco y los sindicatos. Sin embargo, España tampoco podía irse de "rositas", ya que la Comisión quería recalcar que los incumplimientos de las sentencias deben -y tienen- consecuencias. Por lo tanto, la multa de tres millones, aunque simbólica, manda un claro mensaje a España y al resto de Estados miembros: la justicia europea está para cumplirla. Aunque una posición devaluada.
 



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