DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 04/05/2026
Transparencia obliga al Puerto de Málaga a publicar sus sueldos.
El Puerto de Málaga se ha visto obligado a publicar sus masas salariales, tras meses de negarse.
Según Sueldos Públicos, "El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado una resolución estimatoria que pone fin a meses de opacidad en la Autoridad Portuaria de Málaga (APM). El organismo estatal ha ordenado a la institución portuaria la entrega inmediata de información detallada sobre su masa salarial y la gestión de remanentes presupuestarios, tras desestimar los argumentos de la APM, que llegó a acusar a un representante sindical de "abusar" del derecho de acceso a la información con el único fin de "colapsar" la administración. El sueldo público que le espera a la nueva presidenta del Consejo de Transparencia durante su mandato de cinco años. Se llama Concepción Campos.
La resolución, con fecha de firma de 4 de marzo de 2026, tiene su origen en una solicitud presentada el 4 de junio de 2025. En ella, un representante sindical de UGT solicitó una batería de datos críticos para la fiscalización de las cuentas del organismo, incluyendo el informe completo de la masa salarial del ejercicio 2022 emitido por el Ministerio de Hacienda, así como el desglose de los conceptos retributivos autorizados.Una fiscalización bajo sospecha...El reclamante exigió acceso a documentos de alta sensibilidad administrativa, como el informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de 2023, que evalúa si el Puerto de Málaga cumplió con las directrices de contención del gasto. Asimismo, se solicitó la documentación técnica sobre masas adicionales autorizadas para desarrollo profesional y productividad, valoradas en más de 60.000 euros, y el estado real de ejecución de estas partidas..Especial relevancia adquiere el punto relativo a un remanente de aproximadamente 90.000 euros identificado tras gestiones con Puertos del Estado. El ciudadano reclamante instó a la APM a aclarar el origen específico de estos fondos, su naturaleza y si se contaba con la autorización oficial para emplearlos en el desarrollo profesional de la plantilla, incluyendo las actas de las reuniones mantenidas en Madrid entre ambos organismos.Durante meses, la Autoridad Portuaria de Málaga optó por el silencio, no ofreciendo respuesta alguna a la solicitud inicial. Solo tras la interposición de una reclamación ante el Consejo de Transparencia en octubre de 2025, el Puerto reaccionó emitiendo una resolución extemporánea de inadmisión. En ella, la APM desplegó una defensa basada en la condición de sindicalista del solicitante, argumentando que este ya debía conocer la información por su cargo y que, por tanto, carecía de un "interés legítimo".
La institución portuaria llegó a calificar la petición como una "solicitud en racimo" de carácter abusivo, alegando que el cuestionario de 31 preguntas buscaba generar un "gravamen desproporcionado" para los funcionarios públicos. Sin embargo, el reclamante rebatió estos puntos denunciando que la APM ocultaba sistemáticamente informes de órganos superiores y que, precisamente por el incumplimiento de la empresa en sus obligaciones de información al Comité de Empresa, se veía obligado a recurrir a la Ley de Transparencia.
En sus fundamentos jurídicos, el Consejo de Transparencia ha sido tajante al recordar que el derecho de acceso a la información es un derecho de rango constitucional que debe interpretarse de forma amplia. El CTBG rechaza de plano que la condición de sindicalista sea un impedimento; al contrario, considera que "refuerza" la posición del solicitante debido al interés público derivado de su función de control y fiscalización sobre los fondos públicos y las decisiones económicas. La resolución critica duramente que la APM no respondiera en el plazo legal de un mes, señalando que la observancia de estos tiempos es un "elemento esencial" del derecho constitucional. Además, tacha de "inaceptable" que se exija un interés legítimo para acceder a datos públicos, ya que la ley no requiere acreditar ninguna motivación para ejercer este derecho.
El fondo del conflicto, según el reclamante, reside en la verificación de una reclasificación de personal con efectos retroactivos desde 2023. La sospecha de que la APM omitió comunicar la existencia del remanente de 90.000 euros hasta agosto de 2025 justifica la necesidad de acceder a los datos de 2022 para comprobar si los fondos públicos se aplicaron correctamente y conforme a las limitaciones de Hacienda. Con este fallo, el Consejo de Transparencia anula la inadmisión dictada por el Puerto de Málaga y le obliga a facilitar toda la documentación requerida. La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque la Autoridad Portuaria dispone ahora de dos meses para decidir si recurre ante la Audiencia Nacional, en un caso que se ha convertido en un referente sobre los límites de la opacidad administrativa frente a la vigilancia sindical.
APM
La Autoridad Portuaria de Málaga es el organismo público a quien corresponde la gestión del Puerto de Málaga, puerto de interés general integrado en el sistema portuario de titularidad estatal, constituido por un total de 28 autoridades portuarias y el organismo público Puertos del Estado, al que corresponde la coordinación y el control de eficiencia del sistema portuario. El actual presidente es Carlos Rubio Basabe. Nació en Melilla en 1962. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares. Posee la formación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, tras completar el curso de especialización en la Escuela Europea de Administración Pública de Maastricht, en Holanda.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado como funcionario de carrera en diversos organismos públicos. En la Administración General del Estado, ha desempeñado funciones en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde coordinó programas de cooperación económica en Guinea Ecuatorial, Centroamérica y el Cono Sur africano. En el ámbito territorial, ha sido subdelegado del Gobierno en Málaga y secretario del Jurado Provincial de Expropiación. En la administración local, ha ejercido como director general de Seguridad en el Ayuntamiento de Málaga y ha ocupado puestos de gestión en el Ayuntamiento de Marbella como vocal de la Comisión Gestora y delegado de Hacienda. Según los datos publicados en el Portal de Transparencia de la web de la APM, la retribución de Rubio fue de 74.055 euros brutos en 2024. Además, tiene asignado una masa salarial 'variable media' del 22% y 6.285 euros de 'variable adicional'. Los trienios de antigüedad por su condición de funcionario no se mencionan.
En cambio, el director de la APM es José Miguel Moyano Retamero. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Cursó un máster en Ingeniería y Gestión Portuaria por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un diploma en Estudios Avanzados en Fiabilidad y Riesgo en la Ingeniería Civil y Programa de Doctorado. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Granada. Cursó el Programa de Desarrollo Directivo Portuario por el IESE Business School. Moyano percibió 72.475 euros. De masa salarial 'variable media' el 19%. Además, también percibió un 'variable por objetivos' del 3% y una 'variable adicional' según la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 8.275 euros. Si comparamos, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, tenía un sueldo público asignado de 133.493 euros en 2025, aunque percibió la parte proporcional desde su nombramiento en abril..".
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