REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 05/07/2018

Se avecinan los mismos pelotazos que con la Ley de Puertos 8/2015.

El PSOE, PP y Ciudadanos amplían hasta los 75 años las concesiones de los puertos deportivos andaluces.

Ahora podrán venderse con grandes beneficios, como pasó con TCB a Maersk.

La socialista Junta, podría haber puesto en el mercado las concesiones cobrando un canon que pierde.


Una proposición de ley presentada por PSOE, PP y Ciudadanos permitirá renovar las concesiones, pese a que la Ley de Costas establece su final para este mismo año. En 1988 se les dio 30 años de plazo ahora se les vuelve a extender en una medida de gracia que beneficia a puertos que estaban en venta. Pese a que el Tribunal Constitucional avaló hace décadas que terminara su concesión en 2018.

Puerto Banús se dice que había puesto precio en 300 millones, sin la extensión revertiría al Estado y no valdría nada y ahora sí.

Esto ya ocurrió en los puertos de interés general donde a los dos meses de promulgarse la Ley 8/2015 que extendió los plazos concesionales se vendió el mayor conjunto de terminales, TCB a Maersk por 800 millones. 


El fin de la concesiones de puertos deportivos podía ser historia en Andalucía. El Parlamento andaluz aprobará próximamente, y salvo sorpresas, la proposición de ley que elevaría hasta los 75 años el periodo de concesión de puertos deportivos como el de Sotogrande o Puerto Banús. Esta propuesta, presentada por PSOE, PP y Ciudadanos entra en conflicto con la Ley de Costas de 1988, que determinaba que las concesiones solo se podrían mantener durante 30 años más, es decir, hasta 2018.

Las concesiones de los puertos deportivos son un tema escabroso, ya que se trata de construcciones realizadas en suelo público, pero con gestión privada. Con el fin de las concesiones, estos puertos dependerían exclusivamente de la Administración Pública, pese a ser lugares que no son lugares que sean utilizados por la mayoría de la población.

La prórroga propuesta por el Parlamento de Andalucía se fundamenta en los grandes efectos económicos que tendría el fin de unas concesiones que reportan beneficios tanto por el uso de los puertos como por el de todo su entorno, con numerosos locales y varias viviendas.

El Parlamento andaluz va a votar una proposición de ley que prorroga las concesiones de puertos deportivos que iban a vencer este verano. Se les dará hasta 75 años de vida desde que se construyeron, pese a que el Tribunal Constitucional avaló hace décadas que terminara su concesión en 2018.

Los puertos deportivos están construidos sobre dominio público. No pueden ser de propiedad privada y funcionan en régimen de concesión, como una autopista de peaje. La Ley de Costas de 1988 estableció que en dominio público martítimo terrestre las concesiones solo podían estar 30 años más, hasta julio de 2018. Pero ahora, Andalucía vuelve al sistema anterior a 1988 y da concesiones hasta de 75 años cuando los puertos deportivos iban a volver a manos públicas, informa El Confidencial.

PSOE, PP y Ciudadanos han presentado en el Parlamento andaluz una proposición de ley para alargar la vida de las concesiones. El texto justifica que antes de la ley de 1988 "fueron otorgadas por el Estado grandes concesiones de carácter demanial para la construcción y explotación de instalaciones portuarias, estableciendo en sus títulos plazos de larga duración, que iban de los 50 a los 99 años. Estas concesiones, en su conjunto, gestionan, como elementos cedibles a terceros, más de 7.000 atraques, cientos de locales y, en algunas instalaciones, apartamentos. Desde la fecha de su otorgamiento y hasta la actualidad, se han venido produciendo sucesivas transmisiones de los referidos elementos concesionales, la mayor parte de ellos por una importante cuantía económica". Claro que ya sabían que caducaban.

La prórroga de los puertos deportivos contradice al Gobierno del PSOE. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado su intención de no prorrogar las concesiones de autopistas de peaje cuando venzan. Además, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue el responsable de que el PSOE recurriera al Constitucional la Ley de Costas del PP precisamente por alargar las concesiones en dominio público.

 




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