REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 30/01/2015
Ripa:
Lo sorprendente del caso, es que ante el informe de la OLAF, ni la Fiscalía, ni el propio Gobierno español, hayan puesto todavía los hechos en conocimiento judicial.


El candidato de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha declarado a este medio sus impresiones sobre la demanda de antifraude contra las obras de ampliación del puerto de El Musel.

¿Qué contiene a grandes rasgos la demanda ante la Audiencia Nacional?

 
Se trata de una denuncia por la vía penal fundamentada en la investigación de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF) sobre la contratación y la ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel, remitida al Gobierno español en el mes de marzo del año pasado, en la que se aprecia la posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos y fraude contra los intereses financieros de la UE, sancionados con penas comprendidas entre 1 y 4 años de prisión y multas que pueden ir del 100 % hasta el 600 % del importe del que se trate.
 
Entre los hechos presuntamente delictivos detectados por la OLAF destacamos:
- Indicios de falsas informaciones respecto al número de viajes efectuados por algunos camiones
- Registros de transportes duplicados, es decir, el mismo camión en la misma fecha transporta exactamente la misma cantidad de idéntico producto, el cual ha sido cargado en el mismo lugar por el mismo transportista. Existen un total de 88.765 registros duplicados.
- Existen transportes por un total de 17.609, 44 toneladas para las cuales el transportista no está indicado
- Hay 1.020 transportes en los que no se menciona ningún transportista.
- Respecto de los proveedores de materiales, una clasificación de los lugares de origen de las piedras muestra que 32.562,90 toneladas no tiene lugar de origen.
 
A ello deben añadirse un cúmulo de irregularidades graves en materia contractual: favorecer el suministro de material pétreo de la cantera de Aboño (propiedad de Hidro Cantábrico), adjudicación directa de un contrato de suministro de piedra , sin respetar los principios de publicidad y concurrencia; vulneración del principio de igualdad de trato de los licitadores; modificado del contrato por un montante superior a 200 millones de euros sin nueva licitación pública; ausencia sistemática de pesaje de los camiones en las canteras; ausencia de documentos de transporte y de contratos con las empresas subcontratista de transporte etc
 
¿Por qué se plantea esta demanda?
 
La Dirección General de Política Regional y Urbana de la UE dirigió en el mes de octubre del pasado año una dura carta al Ministerio de Hacienda en la que le advertía sobre la inactividad y la pasividad del Estado español ante los indicios de graves irregularidades y fraudes, indicando expresamente que no se había hecho lo suficiente para comprobar las irregularidades y que se estaba demorando la acción penal a la espera de una eventual presentación de una querella criminal o denuncia ante la jurisdicción penal por la Fiscalía Anticorrupción, sin que la UE observase ninguna razón que explicara dicha demora, que podría dificultar la prueba de los presuntos delitos y facilitar su eventual prescripción.
 
La acusación de la UE hacia el Estado Español es muy grave y precisamente, con el fin de evitar la prescripción de los delitos sobre la que alerta, decidimos plantear la denuncia de los hechos ante la Audiencia Naciona
 
 ¿Sobre qué se fundamenta?
 
Como ya hemos dicho, el fundamento de la denuncia es el extenso y prolijo informe de la OLAF, realizado por funcionarios independientes, pertenecientes a una Institución europea especializada en la lucha contra el fraude,  alejada de los focos de presión política y económica que puede padecer los Organismos e Instituciones internas de los Estados y, por ello, con un plus de objetividad e imparcialidad en la persecución de conductas irregulares y fraudulentas.
 
Lo sorprendente del caso, por emplear un adjetivo suave, es que ante un informe de investigación con la contundencia del emitido por la OLAF, ni la Fiscalía, ni el propio Gobierno español, hayan puesto todavía los hechos en conocimiento judicial
 
¿Por qué la han presentado?
 
Debe tenerse en cuenta que la ampliación El Musel es la principal obra pública ejecutada en Asturias en la última década: el contrato se adjudicó en 579 millones de euros y fue modificado incrementándose en otros 250 millones de euros.
 
El importe total del dinero gastado en esta obra faraónica de muy dudosa necesidad supera el doble del coste real del recién inaugurado Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
 
Parece obvio que ante una inversión pública de tanta importancia, debe exigirse un especial escrúpulo en la gestión de los fondos públicos, particularmente en una situación de crisis con unos efectos sociales y humanos tan devastadores como la que padecemos.
 
Es absolutamente reprobable que el Estado tolere casos de corrupción económica – malversación de fondos públicos etc. -  mientras recorta gastos y servicios públicos que condenan a miles ciudadanos a la pobreza y la miseria.


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