DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 24/08/2026
Puertos sin Ley.
La contradicción es elocuente, mientras que la reforma iniciada a raíz de la sentencia del TJUE quedaba reventada por Coordinadora, hoy por hoy celebran la “buena sintonía” entre sindicatos y empresas.
CUANDO LAS ARMAS SON LOS ESTIBADORES
Desde el inicio de la reforma en 2014 Coordinadora ha utilizado la consigna “en defensa del empleo”. Antolin Goya repetía constantemente que el objetivo de su sindicato era “garantizar el empleo de los trabajadores”.
En 2017 Antolin Goya y su sindicato Coordinadora en tiempos del PP en el gobierno, señalaban que “no estaban en contra de Europa, había que cumplir con la sentencia del TJUE”, cuando en realidad era una forma de contrarrestar el argumento de su clara oposición al Derecho de la Unión a cuenta de la liberalización de los servicios portuarios promovida desde Europa.
Con la llegada del PSOE al gobierno en 2018 Coordinadora cambia su relato “rechazando cualquier reforma impuesta”. Pretendían influir en todas las decisiones que afectara al empleo acusando a los políticos de imponer la reforma de manera unilateral impuesta desde Europa.
La autentica consigna de Antolín Goya y su sindicato Coordinadora ha sido la “unidad del colectivo”, clave para forzar los cambios introducidos; Coordinadora se endosaba la famosa frase “ni un paso atrás”.
LAS EMPRESAS PAGAN LOS PECADOS
Coordinadora ha replicado que “la estiba no era un empleo genérico sino una profesión especializada” como argumento para defender la exclusividad. De hecho, el Tribunal Supremo declaró en 2025 que el actual Acuerdo Marco (VAM) negociado por Coordinadora con la Patronal ANESCO, es compatible con el Derecho de la Unión.
Argumentos como: “esto no es una victoria para nadie; es un punto de partida para la negociación; una reforma de tanta importancia no puede hacerse sin nosotros los sindicatos”. Criminalizaron a todo aquel que se opuso a la reforma propuesta por Coordinadora como ASOPORT que han llevado el VAM en reiteradas ocasiones ante los tribunales.
La “Operación Spider” en el Puerto de València ha revelado indicios muy graves de corrupción que están siendo investigados. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico no es posible afirmar por si sola la existencia de una corrupción generalizada en los puertos.
Por esa causa, el juez instructor ha abierto una pieza separada para investigar específicamente las presuntas irregularidades en el entorno portuario, su colectivo, así como posibles amaños relacionados con la formación, acreditación y contratación de estibadores señalando a representantes sindicales y empresarios de la comunidad portuaria.
Sin lugar a duda, Coordinadora se parapeta en la “unidad en defensa por el empleo y la profesión” muy esgrimida por Antolín Goya totalmente desaparecido de la escena político-portuaria desde su presunta aparición en las escuchas captadas por la policía judicial.
COLCHÓN DE INTERESES
En las publicaciones históricas de Coordinadora persiste una idea que se repite de forma constante y que resumen bastante bien la estrategia sindical, convirtiéndose en hilo conductor de congresos, asambleas y comunicaciones, “limitar los efectos de la liberalización a través del V Acuerdo Marco”.
Ese es el objetivo principal del sindicato, aunque su eslogan sea “reforzar la protección de sus afiliados dentro del marco legal vigente”.
La gran pregunta es qué cambiara para mal tras la aparición de la “Operación Spider” en el panorama portuario y qué cosas habrá que hacer para evitar que esos episodios se repitan como consecuencia de la inhibición de los directivos que dirigen el Puerto de València.
Lo que es obvio es la incapacidad de las empresas para implantar los cambios que se necesitan para ser más competitivos, es decir, la reconfiguración de los puertos españoles especialmente el Mediterráneo.
Pero la frase que mejor puede definir la situación real de las operaciones portuarias, especialmente en València, fue la pronunciada por Francisco Lorente, histórico del Puerto de València y presidente de MSC España.
“Hay dos sucesiones en España, la monarquía y el colectivo portuario, son las dos únicas sucesiones que hay”.
Lorente realizaba estas declaraciones en un reportaje de À Punt y El Economista en 2019 dirigido por Juan Nieto, un cara a cara entre Francisco Lorente y Oscar Martínez, alto exdirigente de Coordinadora hoy pendiente de juicio por narcotráfico.
En este reportaje Lorente denunciaba públicamente la existencia de una suerte de “sucesión” familiar en la estiba señalando que sólo el 25% de las nuevas incorporaciones a la estiba a través de un CPE o centro portuario de empleo corresponde al cupo de empresas.
Irónicamente, en el año 2024, una presunta conversación intervenida por la policía desvela que Coordinadora consulta con Lorente sobre los candidatos correspondientes al cupo de empresas.
Dos años más tarde, Lorente reconoce públicamente que el reparto 75/25 siempre se ha hecho de esa manera, aunque pensaba que era legal ceder las plazas de MSC a Coordinadora negando que MSC utilizara ese cupo para colocar candidatos propios.
¿DE QUÉ CORRUPCIÓN HABLAMOS?
La pieza separada abierta por el Juzgado pretende específicamente investigar sobre la presunta corrupción en el centro portuario de empleo teniendo como figura central de la investigación a Oscar Martínez y Coordinadora, relacionado con el acceso irregular al empleo en la estiba sospechas que puede ser presuntamente extensibles a personajes como Antolin Goya, secretario general de Coordinadora.
Puede que empresarios y directivos entiendan que su conducta de mirar a otro lado no sea delito, pero a sabiendas de lo que ocurría esas conductas no se cortaron a tiempo.
Lorente reconoció al periódico “El Español” que existía un sistema de reparto irregular de plazas, aunque sostuviese que él no hacia uso de ese mecanismo, lo sabía y no lo denunció.
La corrupción se podrá castigar, pero dudo que se pueda erradicar. En junio de 2023, Lorente y Oscar Martínez aparecen juntos en la 44ª Asamblea de Coordinadora celebrada en la Autoridad Portuaria de València, auspiciada por Gustavo Ferrer, presidente del consejo de administración del CPEV, Antolín Goya y el secretario general de ANESCO.
Directivos del Puerto de València como Francisco Lorente explicaba al periódico El Economista que “su deseo empresarial, es contratar directamente a estibadores que necesitara MSC dentro de mi empresa estibadora para poder desarrollar el trabajo de una manera absolutamente funcional”.
Oscar Martínez ironizó con el deseo del empresario y directivo de MSC tratándolo como “sueño erótico inviable en el Puerto del València”.
Si algo es atribuible a Coordinadora son los ataques reiterados a las empresas que han salido del sistema portuario basados en los CPE o centros portuarios de empleo.
El ataque persistente hacia las empresas que ejercen su pleno derecho a la libre prestación de servicios no es un hecho aislado.
Las palabras de Oscar Martínez, hoy señalado por la justicia, así como las de Antolin Goya; no dejan lugar a duda, este tipo de iniciativas al margen de los CPEs son “inviables”.
UNA CUESTION DE OPINION
Aunque Lorente cuestionaba públicamente el sistema de acceso a la estiba en 2019, en junio de 2022 MSC/TIL llegaron a un acuerdo, tras un año de negociación, con Coordinadora, CCOO, SEI, Frente Portuario y APTPPV. Según Lorente, podría implicar la contratación de hasta 600 estibadores, 1/3 de la plantilla del CPEV.
Ahora surge la duda, ¿es legal o factible tras la Operación Spider las negociaciones que llevaron a la firma del acuerdo para la nueva terminal automatizada de MSC cuando un investigado han participado directamente en la negociación con el Grupo MSC, lo aceptará Aponte?
Precisamente Oscar Martínez declaró ser parte activa en la negociación con MSC con un acuerdo que define los puestos que deben ocupar los estibadores, la composición de las manos y necesidades el personal estibador en la futura terminal automatizada.
LA CUESTION DE FONDO
Bajo secreto de sumario, la nueva pieza separada que pretende indagar el alcance e ampliación de empresarios y directivos en la selección e incorporación de nuevos estibadores como se relata en la Operación Spider, la cuestión será si la causa es motivo de nulidad de todos los procedimientos, desde la formación hasta los exámenes en el entorno del CPEV.
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