DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 30/09/2026 
Puertos de Las Palmas, un problema para Santana.
Puertos y Navieras ya informó de la amenaza jurídica que supone para el sistema portuario español su esquema sancionador y de resolución de conflictos.
Una controversia iniciada en el Puerto de Las Palmas entre consignatarios y la corporación de prácticos ha derivado en la formulación de un recurso legal que cuestiona la validez de los expedientes administrativos resueltos por las Autoridades Portuarias en España y ha salpicado directamente a Puertos del Estado ya que, tal y como figura en el escrito, la tramitación de disputas vulnera de forma directa el Reglamento 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, una norma comunitaria que exige la creación de organismos de arbitraje funcionalmente independientes.
El litigio, que comenzó como un desacuerdo operativo de carácter local en el que varias empresas consignatarias del puerto grancanario rechazaron formalmente el cobro de una serie de recargos y suplementos tarifarios aplicados por los prácticos en determinadas maniobras marítimas, fue zanjado tras la intervención de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que lo hizo dictando una resolución que resultó contraria a las pretensiones de los prácticos.
"Puertos de Las Palmas", informa Canary Time, "es un constante desafío para Puertos del Estado. El organismo que preside Gustavo Santana ha encontrado un nuevo problema al que hacer frente después de que una controversia entre consignatarios y la corporación de prácticos en el seno de la entidad portuaria grancanaria haya derivado en la formulación de un recurso legal que cuestiona la validez de los expedientes administrativos resueltos por las Autoridades Portuarias en España. El litigio al que se refiere esta información tiene su origen en la pugna por las tarifas en el que un conjunto de empresas del puerto rechazaron una serie de recargos y suplementos tarifarios aplicados por los prácticos en determinadas maniobras marítimas. En el conflicto intervino la Autoridad Portuaria de Gran Canaria, aunque lo hizo vulnerando de forma directa el Reglamento 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, una norma comunitaria que exige la creación de organismos de arbitraje funcionalmente independientes. En el recurso judicial, otro más relacionado con las actuaciones de la entidad portuaria que preside Beatriz Calzada, insiste en que la separación funcional viene dictada por el marco normativo europeo y detalla la necesidad de articular un procedimiento de tramitación de reclamaciones plenamente imparcial, transparente y funcionalmente independiente de cualquier organismo gestor de los puertos y de los prestadores de servicios portuarios por parte de los Estados miembros para, de este modo, garantizar una separación real entre la propiedad de las infraestructuras, la gestión comercial de la dársena, la prestación de los servicios marítimos y la resolución de las disputas legales. El riesgo que supone la intervención de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es que se abriría un escenario de nulidad de pleno derecho sobre el procedimiento administrativo sancionador español. De hecho, de consolidarse esta interpretación en forma de jurisprudencia firme, las resoluciones y los expedientes instruidos, resueltos o sancionados directamente por las Autoridades Portuarias o por Puertos del Estado desde la entrada en vigor de la norma comunitaria en 2017 quedarían desprovistos de cobertura legal. Y en Puertos y Navieras ya se avisó...".
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