REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 15/06/2017
Propuestas de los sindicatos, ¿utopía y radical?

Por Enrique Arraiz.


Una vez salvado el primer escollo, el “Real Decreto Ley”, los sindicatos se han lanzado a por una batería de exigencias de garantías laborales que si bien, entra dentro del marco de sus derechos sindicales, no es menos ciertos que esas reclamaciones están sujetas a un marco regulador, la legislación actual.

El ejecutivo, con mucha astucia, ha “delegado” en empresas y trabajadores, la potestad para desarrollar el futuro modelo que debe regir la estiba en nuestro país.

El Ejecutivo ha cumplido con su cometido, hacer efectiva la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Reino de España por el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al obligar con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos de interés general españoles, a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y, en todo caso, al no permitirles recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficientes.

La segunda cuestión es cómo se debe definir el nuevo modelo de estiba en nuestro país, ardua cuestión que el Ejecutivo ha dejado en manos de patronal y sindicatos.
Recogido el guante de las exigencias para alcanzar la “paz social” en los puertos, los sindicatos han lanzado una andanada de “requisitos” para evitar lo que ya se sufre desde hace 30 meses, medidas de presión.

Los sindicatos son conscientes que paralizar la actividad portuaria a tenor del potente crecimiento que estamos experimentando en éste primer trimestre en nuestras exportaciones; supondría para éste colectivo, avivar la mala imagen que poseemos cara a la sociedad española como trabajadores privilegiados.

Es obvio el cambio de actitud de los dirigentes de Coordinadora pero también descarado.  De un exultante  eslogan de “ni un paso atrás”, ahora nos intenta convencer que hay acuerdo a la vista.

La cuestión es, a quién intentan vender la quimera, a la sociedad, a la patronal o a sus propios afiliados.  Sea como fuere,  la metamorfosis de Coordinadora es evidente y en especial la sufrido por Antolín Goya a quien han debido reeducar como orador público además de redactar sus discursos, algo que no se nos escapa a los Docentes con capacidades metodológicas y sociales.

Yendo al meollo de la cuestión, UGT-FeSMC, ha lanzado una serie de cuestiones que en su opinión son de vital importancia para definir la linea o el apoyo que éste sindicato histórico quiere plantear y la cual pasamos a desgranar:

La subrogación, tal y como exige Coordinadora con el respaldo unánime de todos los sindicatos de la estiba, tiene razón de ser siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que ya hemos enumerado en anteriores artículos en Puertos & Navieras.

Como expuse al inicio de éste artículo, la sentencia se motiva ante la conducta de oligopolio que regía el modelo español de la estiba. Por tanto, consensuar cualquier otro sistema que conlleve la obligación de pertenecer o recurrir a, por ejemplo a una Sagep reinventada o a un Centro de Empleo Portuario (CEP); no dejaría de ser una continuidad de lo ya sentenciado y condenado.

Cuando se habla de un periodo transitorio, tres años, se establece para que, las personas estibadoras puedan adaptarse al nuevo modelo que deben definir empresas y sindicatos, simple y llanamente a través de la formación formal y reglada, el certificado de profesionalidad.

La “inactividad” es un concepto que ya no tiene cabida en los nuevos modelos de negocio pues al fin y al cabo, la estiba o la manipulación de mercancías, es un negocio en toda regla.

Para ser productivos no solo debemos ser eficientes y competitivos, también debemos ser sostenibles y una persona trabajadora en casa, NO produce en relación a la “inactividad”.

Ya hemos definido que la plena actividad en el sector de la estiba se logra asumiendo nuevas competencias dentro de la estiba como por ejemplo, de tipo administrativo o de gestión pero, ante todo, a través de la polivalencia, lo que siempre he defendido.

La formación es el caballo de batalla entre empresas y Coordinadora, no obstante, desde 2008 existen varios marcos reguladores que tienen como finalidad determinar tanto las condiciones como los requisitos para impartir formación permanente a las personas estibadoras, regulada por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional para el Empleo, así como sucesivos desarrollos legislativos.

Aclarando las dudas de UGT, la formación profesional para el empleo a través del certificado de profesionalidad, debe estar impartida por centros homologados o acreditados por el SEPE, servicio de empleo público estatal y por tanto, quedará fuera del ámbito de futuros acuerdos estatales.

Cualquier acción formativa relacionada con el certificado de profesionalidad MAPN0712_2, relativo a las Operaciones Portuarias, debe ser impartido por formadores que sustenten la condición de Docente en Formación profesional para el Empleo.

Los evaluadores o monitores que pertenecen a una Sagep o a Coordinadora a través de FUNESPOR, si no cuentan con éste requisito, no pueden impartir formación formal, es decir, el certificado de profesionalidad o alguno de sus módulos.

Otra cuestión es que dichos Docentes deben estar acreditado bien por el SEPE o por los servicios autonómicos de empleo, algo que no ha logrado ni las Sagep ni las “fundaciones” que se han constituido al abrigo de Coordinadora.

Toda la formación que se imparta en un futuro, debe canalizarse a través del certificado de profesionalidad, contenidos o módulos que se ampliarán para dar cabida a la nueva realidad de la estiba a nivel tecnológico.

Sobre las prácticas profesionales, precisamente el certificado de profesionalidad MAPN0712_2, establece una relación de practicas sintéticas, es decir, simulación.  En ese sentido, LSYM es una iniciativa de la Universtat de València que desarrolla desde hace años simuladores portuarios de muy excelente calidad a precios asequibles para las empresas.  Este tipo de soluciones disminuiría la utilización de maquinaria portuaria, muy costosa y en ocasiones, con muy poca disponibilidad para las prácticas.

En lo relativo a las prácticas, en Europa se utiliza la figura del “spotter”, es un alumno-observador en prácticas sobre la máquina que acompaña al operador, normalmente un acreditado como monitor que certifica su evolución o las horas de “seguimiento”. La técnica consiste en resolver las dudas del alumnado en prácticas y que éste o ésta, desarrolle su capacidad de observación en un torno laboral real. 

Hasta la entrada en vigor del “Decreto” 8/2017, las estibadoras y estibadores se hallaban protegidos por el artículo 154 del TRLPEMM que les eximía de titulación  formal alguna.
En cierto modo, la nueva disposición legislativa sigue garantizando su continuidad pero, la nueva filosofía de la estiba requiere desde ahora un mínimo grado de formación formal y el reconocimiento de la experiencia laboral es la única vía legible para garantizar el futuro de un estibador/a.

Los sindicatos NO pueden impartir formación dado que deben ser la empresas las que costeen dicha formación y para recibir subvención o bonificación a través de la Fundación Tripartita o cualquier otro modelo de financiación, deben contar con una estructura homologada por el organismo competente, el SEPE.

La situación de los más de 6000 estibadores sería bien distinta si en su día todos los esfuerzos se hubiesen centrado en acreditar al colectivo para posteriormente crear una figura colegiada de profesionales de la estiba, algo que ahora se pretende con los CEP sin mucho acierto, lo que hubiese facilitado la continuidad de todos los puestos de trabajo, hoy en el aire.

Ahora, los empleadores tienen el control de las negociaciones. Mientras que los dirigentes de Coordinadora se entregan a una efusiva actitud de victoria, la patronal solo debe guardar pacientemente y dilatar en el tiempo cualquier negociación o acuerdo, por un lado, las vacaciones de los estibadores y por otro, el IV Acuerdo Marco que expira en septiembre próximo, situación que deja en el limbo a los trabajadores ante la imposibilidad de prorrogar dicho acuerdo estatal dada la obligación de redefinir la figura jurídica de las sagep en un periodo de seis meses, por i
mperativo legal.

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