DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 07/05/2026
Polémica por la reiterada participación en el Consejo de varios Puertos.
Navieros y concesionarios se sientan en los Consejos de Administración en contra de la Ley de Puertos.
Una fuerte polémica ha vuelto a aflorar con la presencia y participación de importantes concesionarios en las autoridades portuarias, en los consejos de administración de las autoridades portuarias. Esto es conocido y tolerado, porque aunque el espíritu de la Ley de Puertos, excluye que los concesionarios, por supuesto, los que tienen concesiones en los puertos participen en las propias decisiones que toma el puerto sobre ellos mismos y sobre otros concesionarios, echa la ley y echa la trampa, y se permite, a través del artículo 30 de dicha ley, que se sienten en los consejos y participan si ostentan un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local.
Esto verdaderamente es un coladero, porque el ámbito pequeño, local y autonómico permite adscribir personal a los consejos de administración con total discrecionalidad.
Sólo basta hacerle miembro destacado de la junta directiva de cualquiera de las muchas asociaciones locales para que esto se tenga que admitir. Pues bien, habiendo debido protestar alguien en conexión con los últimos consejos de administración del polémico Puerto de Valencia, donde su presidenta se haya ya bajo el foco de presuntos eventos de corrupción, y de amaños de contratos, aunque esto que se refiere sobre todo al área de personal y de inversiones, de las denuncias que han hecho los sindicatos y que ha llevado a la Fiscalía a proponer una investigación, pero también desde hace tiempo a las decisiones que se toman en el seno de este puerto sobre cuestiones concesionales.
En este caso, El Confidencial ha expuesto en un largo artículo el foco sobre las últimas decisiones que ha tomado el Puerto de Valencia. Esta es algo grave, es una situación grave, y que ocurre fruto de la dejación de puertos del Estado, que también incumple la ley de puertos en su mandato de supervisar y controlar el sistema público estatal y deja hacer a las autoridades portuarias lo que quieren.
Según El Confidencial "Una grieta legal permite a navieros sentarse en el consejo de los puertos y sortear la incompatibilidad. Empresarios navieros con contratos, concesiones y licencias públicas para operar en los principales puertos españoles usan una grieta legal para sortear las incompatibilidades de la Ley de Puertos, sentarse en los consejos de administración de los organismos estatales y participar en su toma de decisiones. Vicente Boluda y el subdirector general de Mediterranean Shipping Company (MSC) en España, Ignacio Ballester, en Valencia; Javier Sáez González ('head of public affairs & labor relations' de APM Terminals Spain), en Algeciras; o Juan Aguirre Aguirrezabal (CEO de Bergé), en Bilbao, ejercen como consejeros en los órganos de gobierno pese a que sus empresas desarrollan actividades en estos enclaves marítimos "cuya concesión, autorización o contratación" es "competencia o corresponda suscribir a la Autoridad Portuaria" a la que pertenecen.
Se trata, según el artículo 30 de la legislación portuaria española, de una de las razones que impide a "propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos de confianza o directivos en general de sociedades o empresas" formar parte de los consejos de administración de las autoridades portuarias. Sin embargo, esta incompatibilidad la sortean gracias a la coletilla que incorpora el mismo artículo de esa norma, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados: "Salvo que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local".
El truco para superar la barrera de entrada en el núcleo de decisión de empresarios con intereses en esas empresas públicas tiene sus defensores. Hay quien lo ve como una forma de colaboración con los agentes del sector y de mejora de la gestión compartida en el universo portuario. Pero unos empresarios están dentro del consejo y otros no.
Tanto Vicente Boluda como MSC, que en España tiene a Francisco Lorente de presidente, son pesos pesados en el Puerto de Valencia. Su influencia es patente en la actividad del estratégico enclave valenciano y cada vez más comentada en los ámbitos portuarios locales, donde operan multitud de actores pero solo unos pocos acceden a los órganos de gobierno. A los dos conglomerados empresariales se les atribuye un papel clave en la elección por parte de la Generalitat de la actual presidenta de la sociedad estatal, Mar Chao.
Boluda cerró el año pasado una operación de fusión de la división de remolcadores con MSC a través de una estructura societaria en Luxemburgo. El poderoso gigante naviero ítalo-suizo de la familia Aponte opera, mediante concesión administrativa, una terminal de contenedores en Valencia que ya se le ha quedado pequeña. A la vez, a través de la filial Terminal Investment Limited (TIL), es adjudicataria de la concesión para la millonaria ampliación norte, ahora en obras, que duplicará la capacidad de estiba de buques mercantes en Valencia. Actualmente, MSC está derivando la carga y descarga de algunos de sus barcos a la terminal de la china Cosco. El coste de la inversión en los nuevos muelles, de más de mil millones, es compartido por el puerto y TIL.
A través de Remolcadores Boluda, filial de Boluda Towage, la compañía del naviero valenciano tiene la única licencia de remolcadores que operan dentro de las dársenas en Valencia para ayudar a entrar y salir a los grandes buques mercantes. Además, el grupo empresarial dispone de varias concesiones administrativas tanto en Sagunto como en Valencia, entre ellas una ocupación de dominio público portuario donde construye un edificio de oficinas de trece plantas en la Zona Poniente.
Pese a esa relación contractual con la empresa pública estatal, Boluda es miembro del consejo de administración de Valenciaport en representación "de las organizaciones empresariales", en una plaza cedida por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), adscrita a la CEOE. Lo mismo ocurre con Ignacio Ballester, que se sienta en el órgano de gobierno por la cuota de los "sectores relevantes en el ámbito portuario". Lo hace como vicepresidente de la Asociación Naviera Valenciana, una organización patronal que preside el propio Boluda. Ese cargo permite al subdirector general de MSC en España ser consejero del puerto y saltar la barrera de entrada que marca el artículo 30 de la Ley de Puertos.
Boluda y Ballester participaron de forma telemática en la última sesión del consejo de administración que se celebró el pasado 22 de abril, según han explicado fuentes de la Autoridad Portuaria a preguntas de El Confidencial. Entre otras cosas, en esa reunión se trataron asuntos que afectan de forma directa o indirecta a sus intereses. El punto 7 del orden del día debatió la ampliación de superficie de 41.602 metros cuadrados de la concesión de la ampliación norte de MSC. Sin embargo, solo Ballester formuló una declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) positiva y se desconectó de la reunión en el momento de su debate y votación, según admite la APV.
El Reglamento de Gestión y Funcionamiento del Consejo de Administración del Puerto de Valencia contempla que serán causas de abstención de los miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia las recogidas para las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas en el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en concreto: "Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado"
Según las mismas fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia, "es responsabilidad personal de los vocales la declaración del posible conflicto". Sin embargo, Boluda no presentó DACI en el asunto de la modificación de la concesión de MSC, pese a su alianza societaria con la naviera de Aponte. "Boluda estuvo conectado telemáticamente, pero no intervino", es la explicación que dan fuentes oficiales del Puerto de Valencia. A preguntas de El Confidencial, fuentes cercanas al empresario explicaron una versión distinta. "No tiene nada que ver con MSC. Solo en una compañía suya, MSC tiene un 49% pero sin capacidad de decisión ni nada. Pero, además, para más inri ese día falló toda conexión telemática con lo que no estuvo conectado".
Ballester y Boluda tampoco formularon DACI en el punto 16 del orden del día, que dio luz verde a la propuesta de iniciación del procedimiento de licitación para la ejecución de las obras de adaptación del espigón Turia para atraque de cruceros en el Puerto de Valencia. La actuación tiene una inversión prevista de 46,3 millones de euros".
Fuentes de la APV que preside Mar Chao explicaron que los dos empresarios participaron en la parte del consejo que trató ese punto "al no haberse declarado causa de conflicto de interés". Pero esa inversión millonaria está relacionada con la estrategia de la APV para desarrollar una zona de atraque de cruceros y ferris después de haber anulado la concesión administrativa que había otorgado a una UTE compuesta por Baleària y Global Ports para desarrollar una estación marítima de pasajeros y vehículos capaz de gestionar esos dos tipos de buques. Los problemas para encajar la capacidad de maniobra de todos los barcos que querían operar la estación marítima llevaron al consejo de administración del puerto a dar carpetazo a la concesión de Baleària y Global Ports y redefinir todo el proyecto.
Fuentes conocedoras de las conversaciones señalan que, aunque de forma oficiosa, no formal, los responsables de MSC han participado en esas negociaciones que desembocaron en la anulación de la concesión por el interés de su división de buques de cruceros turísticos en asegurarse espacios de operación en el enclave valenciano. MSC Cruceros es uno de los líderes del sector y Valencia es destino y escala de sus operaciones en el Mediterráneo.
También en Algeciras ejerce como miembro del consejo de administración Javier Sáez González, 'head of public affairs & labor relations' de APM Terminals Spain, la división de explotación de muelles de carga y descarga de buques mercantes de la danesa Maersk, otro de los grandes 'players' globales del sector. APM es el gran operador de la Bahía de Algeciras. La Autoridad Portuaria acordó en 2021 ampliar hasta noviembre de 2032 la concesión administrativa en manos de Maersk, que vencía en junio de 2024. Sáez no se sienta en el consejo como representante de APM. Sería ilegal. Lo hace como "representante de sectores económicos relevantes del ámbito portuario".
De igual modo, Juan Aguirre, CEO de Bergé, que el año pasado vendió el 51% de su negocio portuario a Maersk, tiene firmados contratos de concesión con la Autoridad Portuaria de Bilbao. En 2023 amplió una concesión de 83.463 metros cuadrados en Santurtzi. En diciembre de 2019, fue adjudicataria de una concesión de terrenos durante 25 años para operar graneles en el muelle Princesa de España del enclave vasco. Pero Aguirre no es consejero en Bilbao por Bergé, sino por la Cámara de Comercio de Bilbao. Lo contrario también sería ilegal.
Como escribe en su libro Los dueños del Estado el periodista Rafael Méndez, hay abogados y letrados del Estado (por cierto, en todos los consejos de las autoridades portuarias hay, al menos, uno de ellos) capaces de elaborar un informe que diga que es de noche a las tres de la tarde. En los órganos de gobierno de los organismos marítimos estatales está pasando lo mismo. Para eso se redactó el artículo 30. Ningún partido político votó en contra"
.
OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52.
SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO investigacion@logisticaytransporte.es
SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO.
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS.
NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION, Y NO LLEGA ENTERA.
