En el texto, fechado el 8 de junio y del que informa ABC, la asociación denuncia que “aceptar las peticiones de los sindicatos implica ir contra la ley y contra la sentencia europea, además de dejar la reforma aprobada por el Gobierno en simples retoques que no solucionan el problema de fondo". Por ello, pide al regulador que “tome todas las medidas posibles en el ámbito de sus competencias para garantizar que, definitivamente, la libre competencia llegue al sector portuario”.

 

PIPE está integrada por multinacionales como Boluda, Noatum, Maersk, APM, entre otras. Además, forman parte de la organización Bergé, Ership y Algeposa, compañías que se siguen oponiendo a la propuesta de los sindicatos y que esta semana abandonaron Anesco. Ante el continuo estancamiento de las negociaciones entre los representantes de los trabajadores (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO. CIG y CGT) y la patronal, los sindicatos emprendieron una estrategia para concentrar la presión en cada puerto y fraccionar las negociaciones. De este modo, lograron acuerdos de subrogación en los principales puertos españoles, como Algeciras, Barcelona y Valencia. 

 

En el escrito, PIPE recalca que, desde la aprobación del real decreto-ley de la estiba, las exigencias puestas sobre la mesa por los sindicatos “se han mostrado inasumibles por abusivas, desequilibradas y contrarias a la libre competencia”. Concretamente, denuncian que los trabajadores pretenden blindar la subrogación de la totalidad de la plantilla, tanto de la actual como de la futura, así como retener el control de la formación de los empleados, para mantener el control sobre la selección del personal, y garantizar la continuidad de las Sagep gracias a su reconversión en los ahora llamados centros portuarios de empleo, “algo por lo que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en diciembre de 2014”.