DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 06/07/2026
Más problemas en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y para Beatriz Calzada.
Muchos viajes y falta de disponibilidad, desavenencias en la Fundación y ausencia de información, en el foco de atención.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria enfrenta una larga lista de desafíos que solucionar después de que se hicieran públicos los resultados de la auditoría encargada por Puertos del Estado, una problemática a la que se suma un registro de viajes con marcadas ausencias a lo largo de 2025; la contratación de un empleado que denunció a la Fundación Puerto de Las Palmas y es proveedor casi único de la entidad portuaria y la opacidad mostrada respecto a la situación fiscal de este organismo.
El punto de mira está puesto en Beatriz Calzada, responsable última de los problemas que afectan a día de hoy a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por ser la máxima mandataria y el epicentro de las informaciones surgidas en torno al uso de su cargo como trampolín para impulsar su carrera política gracias a los contactos con Coalición Canaria, a su gestión al frente de la entidad portuaria y a su modo de actuar respecto a las contrataciones llevadas a cabo desde que asumió la presidencia en agosto de 2023.
"La Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria es a día de hoy un auténtico polvorín", informa Canary Time. "La entidad, con Beatriz Calzada al frente, atraviesa uno de sus momentos más complicados ya que, en primer lugar y tras hacerse públicos los resultados de la auditoría encargada por Puertos del Estado, se ha podido saber de la existencia en el libro de registros de movimientos de las marcadas ausencias de la presidenta. El 8, 16 y 28 de enero de 2025, coincidiendo con la celebración de Fitur en Madrid, la presidenta figuraba como no disponible. El 17 y 18 de febrero, en la festividad de los Siete Santos Fundadores y justo después de la feria berlinesa Fruit Logistica, Calzada tampoco se encontraba en dependencias portuarias a pesar de que en la agenda oficial no figuraba ninguna invitación a tal evento. El 18 de marzo y el 24 de abril, el despacho de Calzada estaba vacío y el 3 y el 20 de noviembre, también. Diciembre registró siete ausencias y ya en 2026 éstas se han hecho más evidentes, con numerosas salidas en febrero, marzo, abril, mayo y junio hasta superar, en lo que va de año, la decena".
"En materia de contratación", informa Canary Time, "las sospechas también se ciernen en torno a Beatriz Calzada. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria tiene contratado con 14.600 euros netos para un servicio de asesoramiento del proyecto europeo Sotavento. La adjudicación fue a parar a Íñigo Gracia, quien previamente desempeñó funciones como técnico dentro de la Fundación Puertos de Las Palmas, tras un procedimiento de tramitación ordinaria y presentación manual en el que compitieron dos licitadores. Fue Gracia el que denunció, según fuentes conocedoras, la situación dentro de la Fundación, donde la salida del exgerente Sergio Galván tras desvelarse la existencia de un presunto cruce de intereses dejó entrever las discrepancias habidas dentro del organismo. De hecho, el propio Gracia, con contrato para un proyecto de la Unión Europea hasta septiembre de 2026 y todavía en nómina de la Fundación a pesar de haberse apartado de la misma, mantiene con Beatriz Calzada unas desavenencias derivadas del despido por parte de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de la ex jefa de Órgano de Asistencia Unipersonal de la entidad, cargo al que llegó Betsabé Morales".
"Finalmente, el tercer frente de Calzada", informa Canary Time, "está relacionado con la opacidad mostrada respecto a la situación fiscal de la Fundación Puerto de Las Palmas. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas habría ocultado a la Autoridad Gestora del FEDER que optaba a fondos como los Interreg con un acuerdo de estar en fase de disolución. Se pretendía, con esta ocultación, evitar que Bruselas denegara la entrega de fondos europeos para proyectos portuarios y marítimos a una entidad que se encontraba en fase desaparición y disolución. Sin embargo, la captación de fondos en esta situación fiscal es considerada como casi una infracción penal ya que, según el derecho de la Unión Europea, las ayudas comunitarias están ligadas directamente al estado fiscal en el que se encuentra cualquier personalidad jurídica que opte a ellas. En el caso de la Fundación, su situación, en la cual se ignoró el acuerdo interno de liquidación, mancha por completo el proceso de otorgamiento de ayudas europeas y las actuaciones llevadas a cabo por el organismo puede incluso derivar en la devolución de todos los fondos recibidos desde 2014. Es aquí donde entrará la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que ha comenzado ya las pertinentes investigaciones".
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