REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 28/05/2018

Los terribles efectos de la moción de censura sobre el transporte.

Bye Bye reformas.

La Ley de Puertos se tenía que cambiar y rápido.

Otra Reforma que se pospondrá, junto a la de la Estiba y el ROTT de la carretera.


La moción de censura tras la sentencia de la Gürtel paraliza toda actividad parlamentaria. Como se pronosticó aquí la Reforma de la Estiba, "è finita". pero también en el sector de la carretera no verán su reglamento el famoso ROTT. Un desastre.

Se veía venir que el Reglamento de la Estiba no vería la luz en esta legislatura, se hizo con alevosía, se veía venir la sentencia y la consiguiente parálisis. Se necesita más que nunca un pacto de Estado como el que puso en práctica Pepiño Blanco, con todos sus defectos, pero en un sentido definitivo. ¿Lo harán el PSOE y Ciudadanos?  que van camino de gobernar, tendrá el valor alguno del PP de proponerlo en este "dolce farniente funcionarial" que las turbulencias electorales traen en este estío. Tendrá alguien visión, o nuestros más capaces cerebros seguirán como desde hace años en su "comfort zone, partenon avenue, Ports of Spain".

Otra reforma que ni se ha rozado. La ley de puertos actual, un texto refundido de muchas adiciones tras la última gran ley realizada en el periodo socialista del ministro José Blanco está obsoleta. A pesar de las bondades que predican en Puertos del Estado, la ley no tiene un pase, primero porque obvió olímpicamente el pacto del Majestic. que autonomizó los puertos y después obvió la situación de la estiba en España pero ahora ya no va a poder obviar el publicado y en vigor Reglamento de la Unión Europea. Por su bien, necesita una reforma, porque el Reglamento, que no es una Directiva, es de aplicación directa en España y puede provocar pleitos costosísimos para el Estado español y el sistema portuario como ya ha ocurrido muchas veces, con millonarias indemnizaciones más tarde.


Acordémonos de los más de 400 millones de euros que costó el errorcito de definir como precios portuarios lo que era claro que eran tasas, y por tanto impuestos, y que sólo mediante el Boletín Oficial del Estado y con rango de Ley se podían cambiar.

Los grandes cargadores del sistema portuario español hace una década reclamaron desde Repsol a Cerestar, desde las gasolinas hasta la soja o la tapioca; y obtuvieron años después una
olímpica dentellada del sistema tributario español. Nadie se hizo responsable en el Ministerio de Fomento, ni en Puertos del Estado y a nadie de ellos les costó un duro. A los ciudadanos españoles, ingentes cantidades de euros que todavía hoy su cómputo final se oculta.

Las prescripciones del artículo 12 en adelante del nuevo Reglamento de puertos que establece el sistema de transparencia y proporcionalidad para los precios, las tasas y las tarifas portuarias puede llegar muy lejos y ya están siendo estudiadas por cargadores para plantear pleitos ante la administración española por esa falta primero de transparencia, luego de proporcionalidad y después, de adecuación a los costes. Es decir, que se pueden incluir no sólo primero la transparencia, luego la proporcionalidad y, lo que es peor, que estas tasas o precios públicos no estén adecuados a los costes que tienen los servicios por los que se cobran.

Una bomba de relojería que, a pesar de la coletilla que impuso el gobierno español en lo referente a la estiba, que viene a decir que todo esto se implantará de acuerdo a la legislación nacional, puede que tenga al final y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea una muy débil defensa y que nos caigamos con todo el equipo y otra vez el equipo de Puertos del Estado.

Si no fuese por el hecho de que el ministro Iñigo De la Serna, más preocupado por el concurso de "belleza Moncloa 2019", o quizá 2018, tras la moción de censura, en vez verdaderamente de hacer política de transporte, ni se le pasa por la cabeza hacer lo que ha pedido el presidente de Puertos del Estado, que es retocar la Ley de puertos.

Retoques que deberían ser aprovechados para introducir una correcta gobernanza portuaria, un protocolo de nombramiento y cese de los presidentes de Puertos del Estado,  una reforma del status de presidente de puertos del estado, su persona y protocolo, una reforma de la participación del Estado en los Consejos de Administración de los puertos, una reforma de la responsabilidad de los técnicos y de los consejeros de los Consejos de Administración de los puertos
.

En fin, una reforma global de la gobernanza portuaria a la que hay que añadir todo lo que prescribe el reglamento de puertos de la Comunidad Europea, que es más transparencia, proporcionalidad y adecuación de los costes.

Si eso no se hace, y parece que o va a hacerse, en este fin de ciclo en el que el PP parece ser un muerto viviente, un zombi político, volverá a dilatar en el tiempo una necesaria reforma que al final costará miles de millones a los ciudadanos.

Y ahora con la paralización con la moción de censura y el retorno al 2016, ni se van a atrever a incorporarlo al programa electoral.

Otra reforma finita.




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