DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 29/09/2026
Los juicios amenazan la estabilidad institucional de Puertos de Las Palmas.
La sucesión de vistas en los tribunales atenazan a la entidad portuaria a causa de su política de RR.HH.
Esta semana comienzan varios de los frentes judiciales contra la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que tiene ante sí un desafío que pone en jaque su estabilidad institucional, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la política de Recursos Humanos llevada a cabo por la entidad y las figuras de la responsable de personal, Carmen Gloria Rodríguez; y la presidenta, Beatriz Calzada, como las más señaladas.
La gestión llevada a cabo desde el nombramiento de Carmen Gloria Rodríguez, sobre la que la Fiscalía Anticorrupción tiene una investigación abierta por supuesta prevaricación y sobre la cual, además, existe una sentencia firme dictada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que confirmó acoso laboral ejercido directamente sobre una trabajadora del organismo público, así como la inacción de Beatriz Calzada al respecto son los dos casos, junto al de la Fundación Puertos de Las Palmas, que están ahogando judicialmente a la entidad portuaria canaria.
"La Autoridad Portuaria de Las Palmas", informa Canary Time, "enfrenta esta semana una de las más convulsas de su historia reciente. La entidad que preside Beatriz Calzada inicia en estos días una sucesión de vistas judiciales en las que se investigará lo relacionado con Carmen Gloria Rodríguez, la responsable de Recursos Humanos. Sobre ella hay una investigación en curso que dirige la Fiscalía Anticorrupción por supuesta prevaricación. Además, desde 2023, hay una sentencia firme que confirma que ejerció acoso laboral directo sobre una trabajadora y que, desde entonces, ni Luis Ibarra ni Beatriz Calzada han actuado. La política de personal de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es uno de los frentes que está ejerciendo mucha presión sobre la propia entidad, que a pesar de los apercibimientos legales ejercidos por la representación judicial de la víctima desde enero de 2026 ha decidido no actuar en consecuencia contra Rodríguez. Es, precisamente, esta inactividad administrativa la que pone también en el foco de atención a Beatriz Calzada y el motivo por el que existen también querellas que tramita el el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la capital grancanaria. Por otro lado, la entidad portuaria afronta también desafíos en lo relacionado a la controversia generada por supuestas contrataciones de familiares. Este caso, denunciado por CSIF y CC.OO., está dirigido por el Juzgado de lo Social Nº 11 y abordará las supuestas irregularidades detectadas en el proceso selectivo para la incorporación del cuñado de la jefa de RR.HH., una plaza adjudicada presuntamente sin que el aspirante contara con la titulación requerida en las bases. Finalmente, la entidad tiene un tercer frente abierto, el cual se investigará en el Juzgado de lo Social Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, relacionado con un nuevo caso de supuesto acoso laboral promovido por un agente de la Policía Portuaria. Todo ello, al mismo tiempo que CSIF pide una auditoría por la política de RR.HH. de la entidad y que los problemas de la Fundación Puertos de Las Palmas siguen acechando a una Autoridad Portuaria que, junto a su presidenta, parece hacer caso omiso a todo".
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