DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 03/09/2026
Lo que se sabe del nuevo expediente por infracción a España por las ampliaciones de plazos concesionales.
Puertos del Estado, se puede confirmar lo ya adelantado por este medio, se ha puesto a preguntarle a todas las autoridades portuarias por la situación de los expedientes de ampliaciones concesionales. Puertos del Estado ahora quiere quitarse el muerto de encima porque, evidentemente, es verdad que los expedientes de ampliaciones concesionales se tramitan y se gestionan por los puertos y no hay un informe vinculante de Puertos del Estado para ellos, pero el origen de esta ley del año 2014, RD 8/2014, está en Puertos del Estado y en el Partido Popular que llevó a Ana Pastor a ministra.
Bien es verdad que Ana Pastor, que era una mandada en manos de los lobbies y las oligarquías, no hacía nada más que lo que le decían que hiciese, con lo cual ella y José Llorca, mandados, pusieron en marcha una ley de ampliación de plazos concesionales claramente inconstitucional, según opina esta parte y cualquier experto independiente, porque no se puede poner todas las concesiones que hay en los puertos, y cuando se dice todas, son todas, con la posibilidad de ser ampliadas sin sacarse a concurso.
Que es algo que, evidentemente, contraviene la libertad de empresa. No hace falta acudir a la legislación comunitaria, a la que quiere acudir la Comisión Europea, pero está clarísimo.
Pues bien, la Comunidad Europea, la Comisión Europea, ha vuelto con un expediente por infracción a España.
Ya lo hizo hace años y Puertos del Estado en el año 23 logró eludir políticamente del tema defendiéndose con que las concesiones demaniales del Estado no tenían nada que ver con las concesiones de obras y de servicios de la Unión Europea, por lo cual se inició la infracción.
Fuese por la poca habilidad de los abogados de la Comisión Europea o porque políticamente se presionó, pero aquello no prosperó, porque hay que tener en cuenta que en la Comisión Europea también todo es político.
Ahora ha vuelto la Comisión Europea pidiendo información de los expedientes.
Seguramente cuando vea la enorme acumulación de expedientes y además que bajo aquel RD 8/2014, que se titulaba Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, tenia por objetivo fomentar la competitividad.
Sin embargo, en este caso adoptó una medida sine die, eterna, sin marco temporal ninguno, que era que las ampliaciones de las concesiones en los puertos se pudiesen prorrogar sine die y con la misma situación de no llevarlas a concurso público y por tanto no tener abierta la competencia.
Aquel día se cerró la competencia de los puertos españoles y murió la libre empresa en el sistema portuario español de concesiones.
Pues bien, la Comisión ha pedido esta nueva información, se supone que motivado por una denuncia nueva ante la Unión Europea.
Se cree que la anterior estaba promovida por un conocido bufete de abogados llevado por un catedrático de Derecho Mercantil de Madrid con intereses y vínculos en los puertos deportivos del litoral español, donde también estas concesiones administrativas impiden cualquier tipo de competencia.
Pues bien, recordemos que aquella ampliación de plazos concesionales que fue motivada por una reunión urgente en la planta tercera del Ministerio de Transportes, entonces el MOPTMA, por parte de Ana Pastor, que sorprendió a José Llorca porque no tenía ni idea de nada y en aquella mesa cuadrangular de la sala de la planta tercera, premeditadamente los más importantes concesionarios españoles intervinieron apoyando una medida que incluso Puertos del Estado ni había pergeñado.
Entre ellos, las fortunas de las familias portuarias españolas, como los Pérez Maura, que inmediatamente pidieron ampliaciones concesionales en el puerto de Barcelona y en otros de los puertos y concesiones que tenía en el territorio español y que poco más de un mes que se cumpliese el año que daba de plazo ese RD 8/2014, para ir presentando las primeras ampliaciones concesionales, poco después de acabado el palzo en julio del 2015, Ángel Pérez Maura anunció que vendía el grupo TCB, todo su grupo de concesiones portuarias en España y en el extranjero, a la empresa Maersk.
El pelotazo debió ser de más de 1.000 de euros.
Porque después se supo que Maersk le reclamaría a los hermanos Pérez Maura 750 millones de euros por el conflicto que se suscitó, porque en Guatemala las autoridades detuvieron a los ejecutivos españoles de TCB y pusieron en busca y captura a Ángel Pérez Maura, sobrino de los Botín, dueños del Banco de Santander, que no pudo salir al extranjero hasta que la Audiencia Nacional se negó a extraditarlo.
Esa es la historia de cómo se pergeñaron las ampliaciones de plazos concesionales que ahora pone en tela de juicio otra vez la Unión Europea.
"La Comisión Europea", informa eldiario.es, "golpea duramente contra la Ley de Costas española que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó entre 2013 y 2014, generando entonces una intensa polémica a causa de su impacto medioambiental. Doce años después, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné confirmó que esta legislación "vulnera el derecho comunitario", concretamente el "las obligaciones en virtud de la Directiva de servicios" y el "principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". Así respondió al eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, quien aprovechó para criticar las excusas dadas por la Xunta y por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Al respecto, resaltó que "prorrogar una concesión por 75 años es contrario a la legislación comunitaria" y denuncia que cualquiera que opte por una nueva concesión en dominio público marítimo terrestre, deberá acudir nuevamente al proceso de concurrencia del proyecto en cuestión para evitar situaciones similares a la de la AP-9, caso por el que España también tiene otro procedimiento de infracción abierto a causa de la prórroga concedida, esta vez, por el Gobierno de José María Aznar".
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