DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 27/05/2026
Las querellas del puerto de Ceuta, ¿defensa del derecho al honor o acoso a un informante de presuntas irregularidades?
La promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción marcó un hito histórico en el combate contra una de las peores lacras que actualmente está sufriendo nuestro país. Sin embargo, a pesar de que su articulado obliga a proteger a quienes informen de la comisión de presuntas irregularidades, una cosa es lo que dicen las leyes y otra muy distinta lo que hacen aquellos que están obligados a aplicarlas, al menos, en algunas ocasiones. Lo que le ha ocurrido al último de los fareros del extinto cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales que ha prestado servicio en el faro de punta Almina, que depende desde 1993 de la Autoridad Portuaria de Ceuta, podría ser un buen ejemplo de ello.
Este farero envió una serie de escritos al Gabinete del presidente del Gobierno, los sucesivos ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Subdirección General de Inspección de los Servicios y Atención al Ciudadano, dependiente de este ministerio, solicitando que se investigara una serie de irregularidades que presuntamente se habían cometido en la Autoridad Portuaria de Ceuta desde que el presidente de la Ciudad Autónoma nombró presidente de esta Autoridad Portuaria a uno de sus compañeros de partido.
A pesar de que estos escritos iban acompañados de más de un centenar de documentos que acreditaban la veracidad de sus afirmaciones, parece que sus denuncias han caído en saco roto, al menos hasta ahora.
Por si esto fuera poco, algunas de las personas que supuestamente se podrían haber beneficiado de las presuntas irregularidades que el farero había solicitado que se investigaran presentaron cinco querellas criminales contra él, acusándole de haber sufrido graves injurias. Como resultado, el farero ha estado en libertad provisional desde el verano de 2024 hasta hace pocos días y le han solicitado la entrega de más de 128.000 euros para asegurar la compensación de los daños que supuestamente hubiera podido causar a los querellantes.
Lo verdaderamente grave es que estos querellantes: Un ex responsable de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria, que ha desempeñado cargos de responsabilidad en el sindicato UGT; su yerno; la pareja de su sobrino; un ex representante sindical de CCOO en el Consejo de Administración y su cuñado, hayan fundado sus acusaciones en los escritos que el farero había enviado al Gabinete del presidente del Gobierno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Subdirección General de Inspección de los Servicios y Atención al Ciudadano.
La forma en que los querellantes han obtenido estos escritos pone de manifiesto la necesidad de implementar un sistema de protección a los informantes de hechos que estén relacionados con la presunta corrupción que merezca tal nombre, pues desde que el farero decidió oponerse a las supuestas irregularidades de las que estaba siendo testigo sufrió una serie de represalias que terminarían arruinando una impecable carrera profesional avalada por más de treinta años de servicio y terminarían provocando su despido mediante una serie de expedientes disciplinarios cuya tramitación suscita serias dudas.
Lo más grave de todo este asunto radica en que en el camino que estos escritos recorrieron hasta llegar a los querellantes se cometió presuntamente una serie de irregularidades en las que están implicadas algunas altas autoridades del Estado, pues según se ha revelado en el curso de los procesos judiciales, la Subdirección General de Recursos y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se los entregó a la Subdirección General de Inspección de los Servicios y Atención al Ciudadano, omitiendo la obligación de preservar la identidad del informante para protegerlo de posibles represalias que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
A su vez, esta Subdirección General remitió los escritos a Puertos del Estado, vulnerando a su vez esta Ley. Seguidamente, la Secretaria General de Puertos del Estado envió estos escritos a la Autoridad Portuaria de Ceuta, vulnerando presuntamente nuevamente esta Ley. Y por si esto fuera poco, personal dependiente del Departamento Jurídico y Secretaría General facilitó presuntamente los escritos a alrededor de 70 personas, ayudando a querellarse contra el farero, según ha declarado uno de los querellantes durante el juicio de su correspondiente querella, por lo cual habría que preguntarse: ¿Es así como se investiga la presunta corrupción que se solicita que se investigue en el sistema portuario de nuestro país?, ¿Qué pretende la Secretaría General del Puertos del Estado al entregar a la Autoridad Portuaria de Ceuta unos escritos que el farero ha dirigido a algunas de las más altas autoridades de nuestro país?, ¿Es así cómo se protege a los informadores?
En unos momentos como los actuales, en los que cada día salen a la luz nuevos escándalos, la opinión pública está empezando a darse cuenta de la importancia de defender el Estado de Derecho. Si este se socava, las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras, pues nadie estará a salvo de las arbitrariedades. Si es Estado de Derecho desaparece de nuestro país, lo que le ha ocurrido al último farero de punta Almina, le podrá ocurrir a cualquiera.
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