REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 21/01/2015
Llorca ya tiene a punto el Real Decreto de Cumplimiento, de la sentencia de Luxemburgo.

La tercera reconversión de la estiba en España. Suprimiendo tareas complementarias.



   Este medio ha venido informando de la solución, que el ministerio de Fomento, y sobre todo el presidente de puertos del estado, José Llorca, encargado de la difícil redacción; van a dar a la sentencia de la estiba. Ayer el presidente de Puertos confirmó que prepará un real decreto y su denominación.

  En exclusiva y a pesar de las dificultades que opone Fomento, emergen las líneas fundamentales del delicado proyecto, que esta semana despachará con la ministra y la próxima será presentado a la Comisión Europea y luego a los sindicatos y a las patronales, por separado.

 
Lo que emerge va coincidiendo a grandes rasgos con lo avanzado por este medio.

  Ha confirmado que el real decreto se llamará real decreto de cumplimiento de la sentencia de la estiba; esto es lo de menos, ya que estas fuentes han admitido que la norma puede adoptar otra fórmula legislativa, lo más importante es que admiten se trata de un proyecto de contenido económico que quiere dar una salida al colectivo de estibadores que se reforma y por otro a las empresa estibadoras que son accionistas y propietarias de las Sageps hoy en día. Una especia de RDL 2/86 como aquel que en el año 1986 reconvirtió la estiba y suprimió la OTP. Ambicioso proyecto que tiene en vilo a patronales y sindicatos.

 La norma pretende dar respuesta a la Comisión denunciante, y que según estas fuentes es la que debe interpretar su cumplimiento y que se suele personar cada dos meses en el país condenado para revisar los pasos que se van dando en acatamiento de la sentencia. Puertos del Estado dice que le han dado dos meses lo que le deja hasta el 11 de febrero, otras fuentes dicen que no es tan estricto.

 Con esta aparente urgencia Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento queman etapas para tener listo un real decreto o decreto ley para reformar la ley de Puertos y las normas del régimen laboral especial.

 El proyecto legislativo prepara una reconversión de parte del colectivo estibador, una más de las casi cuatro que desde la desaparición de la OTP, la organización de trabajadores portuarios, que jubiló a casi 5.000 portuarios en los años ochenta en el RDL 2/86.

 Esta vez y mediante una transitoria de ese RDL, también se quiere abrir la puerta a reformar algo los censos, aunque las condiciones son completamente diferentes.

  En este caso y con un censo de estibadores de unos 6.300, con una media de edad de 40 años lejos de las edades de prejubilación, la reconversión se haría eliminando la exclusividad de la tareas complementarias del ámbito de los estibadores, lo que supone del 25% al 30% del trabajo portuario. Es decir por ahí sobrarían unos 1.200 estibadores, pero en muchos puertos son del grupo 0, lo que por un lado los hacen fácil de indemnizar, y por otro no son tan caros.

 También se podrían jubilar los pocos, del joven censo, que rondan los 50 años. Se les ofrecería inicialmente una indemnización similar a la legal ahora de 20 días por año de servicio y un tope de anualidades; pero sería un punto de partida a subir.

  En cualquier caso la estrategia está por un lado en reformar y reducir el censo de estibadores en unos mil, en la primera tanda, para que los que queden y al amparo del IV Acuerdo Marco hasta el 2.017 tengan asegurado el trabajo y el salario, aunque se cumpla la sentencia, por la simple vía de ser los únicos que pueden desempeñar esos puestos.

  Esta estrategia abre la puerta a una gradual reconversión y salida de estibadores voluntariamente en los siguientes años, y el paso del régimen de carácter especial al común. Cifrándose en unos 900 millones al años el coste de la reconversión, en unos 3 a 4 años.

 En la salida económica que Puertos del Estado prepara pero que no quiere confirmar ni desmentir, su coste económico, se cuenta también con que las empresas ayuden a pagar las indemnizaciones o por la vía de asumir más fijos de empresa. Por que el tema está en que salvo el exceso del régimen actual en las tareas complementarias, unos 1.100 a 1.800 estibadores, que además podrían entrar en el sistema portuario en otros puestos; y el exceso que podrían devenir de la progresiva automatización y aumento de eficacia al modificar los sistemas de trabajo, otro 20%; la verdad es que los que sobran están acotados, si sigue aumentando el trabajo, ni son los suficientemente mayores como para que la jubilación sea una salida.

  Se espera que haya un acuerdo con Coordinadora para recomponer el cuerpo de estibadores, para que se reparta el trabajo que se va a producir por el aumento de eficacia de nuevos sistemas de trabajo y la eliminación de tareas complementarias, cosa que piden las industrias por ejemplo la del automóvil.

 Para que haya acuerdo que tiene que ser voluntario tiene que haber una salida económica que convenza a los estibadores, importantes para los que llevan años, y menores para los más recientes pero con condiciones de reentrada en tareas del buque en cuanto sea posible.

  El coste económico para el estado, que se cifra entre los 900 millones de euros para el primer año y los 3.600 millones de euros si el programa dura más, se va a justificar por los ahorros en las tarifas del paso de las mercancías en los puertos para importadores y exportadores.
 



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