REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 22/06/2018
La sombra del poder.

Por Enrique Arraiz-Curbelo.

Decía Martin Luther King en sus muchas oratorias, “no preocuparle el grito de los corruptos, sino el silencio de los buenos”.

El Puerto de la Luz y de Las Palmas es fundamental para garantizar el bienestar de los residentes en Canarias que tienen en el recinto portuario, la única vía para el avituallamiento y suministro de los productos someramente indispensables para la población.

El poder de los estibadores canarios, pero especialmente la cúpula que los dirige se basa en el control sobre las actividades que realizan operadores, cargadores y navieros que operan en Puerto de Las Palmas. No dejaría de ser una mera anécdota a no ser por el impacto significativo que ejerce en la economía isleña.

Docker Global Services nació en 2014 de la mano del sindicato canario de estibadores Asep, con la finalidad de dar todo tipo de servicios en el Puerto de Las Palmas,
siempre en clara competencia con empresas portuarias de larga trayectoria en las islas. 
 

La actividad “empresarial” que mantiene el sindicato Asep, ligada estrechamente a Coordinadora, no deja de ser una caja de sorpresas. La acción “corporativa” de Miguel Rodríguez y sus trece consejeros, no supone a grandes rasgos ilegalidad alguna por su parte.

Sin embargo, atando cabos, su relación con personajes del entorno portuario, empresarial y político de Canarias, arroja más sombras que luces sobre la verdadera finalidad a través de Dockers Global Services, la punta del iceberg.

Tal es el caso de dos fondos de pensiones, por un lado, -STIBA FUTURO FONDOS DE INVERSIONES-, creado en 2005, con NIF G84444710 y -EUROPOPULAR EMPLEO II FP- cuya fecha de creación data de 2003, con NIF V83698407, ambos con asentamientos en el Registro Mercantil de Madrid.


En ambos casos, los fondos de inversiones están controlados por José Miguel del Rosario Hernández, miembro histórico del comité de empresa sagep Las Palmas y unos de los trece consejeros de Docker Global Services SL -DGS-; y por José Francisco Ramos Guillen, también perteneciente al comité de empresa y a DGS.

Al margen de la influencia de Miguel Rodríguez como administrador solidario de DGS, lo es además de otras 22 empresas con sede en península a las que está vinculado. Dichas empresas tienen como objeto social la exportación de productos de primera necesidad, por ejemplo, a Mauritania, muy vinculado al Proyecto Plamacan donde participa Asep liderado por FEDEPORT, la Federación Canaria de Empresas Portuarias.

A este escenario de fondos de pensiones y empresas que “existen pero no existen”, concurre un personaje que por su trayectoria empresarial tiene especial relevancia en la actividad del puerto, Daniel Báez Reyes.

Proveniente de la zona comercial del Puerto de Las Palmas, gerente de SESTIBA desde 2007 y posteriormente Sagep Las Palmas hasta el 2017, es ahora director financiero de Gespost Atlantic, terminal que dirige Francisco Naranjo, quien fuera el máximo responsable de Boluda en su terminal La Luz de Las Palmas.  

Además, Báez administra una empresa -STEER SL-, de servicios dirigida específicamente a la comunidad portuaria, junto a Patricia Borrego Ojeda, con CIF B76142926 y constituida en diciembre de 2012.

Tiene como objetivo empresarial la prestación de todo tipo de servicios en el ámbito portuario desde asesoramiento hasta la gestión de recursos teniendo su sede social en Gesport Atlantic, actividad que llevó acabo aun siendo gerente de sagep Las Palmas.

Estos “fondos” de pensiones se han movido por varias entidades como CASER gestor en fondos de pensiones; CajaCanarias (Tenerife); Banca Cívica o ALLIANZ, sorprendentemente bajo la supervisión y control de Daniel Báez desde 2009 con la exclusiva colaboración de los dos miembros del comité de empresa y DGS, posiblemente, probablemente hombres de paja de Miguel Rodríguez.  

La primera cuestión es saber si los estibadores canarios censados en la sagep Las Palmas, son conocedores sobre la existencia de esos fondos y si llegados los ERE’s o la regulación de empleo en un futuro a corto plazo, ellos serán beneficiarios de estos fondos de pensiones tras su evidente despido.


La otra cuestión es saber de dónde proviene esos fondos. No hay que olvidar que SESTIBA fue una sociedad semiestatal hasta agosto de 2011 y bajo el control de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y del propio Daniel Báez.

Se dan las circunstancias que Asep, el sindicato de Miguel Rodríguez condonó 4,5 millones de euros que adeudaban las empresas portuarias a cuenta del plan de pensiones de los estibadores en 2012 y la cuestión es, a cambio de qué.

No se pone en entredicho el libre ejercicio de cualquier iniciativa de negocio o empresa, lo que realmente se echa en falta, por parte de muchas empresas como estas que se señalan, es la falta de transparencia.   

Ya se cuestionó en su día que Daniel Báez conociendo los entresijos de las empresas asociadas a sagep Las Palmas, mediante un proceso de acopio y evaluación de la información relevante sobre la estructura financiera y de gestión, los estados contables y las perspectivas de negocio de las empresas de sagep Las Palmas, para posteriormente pasar a la competencia precisamente de la mano de Francisco Naranjo, quien abandonó Boluda-La Luz para probar fortuna con una nueva apuesta en su carrera profesional dirigiendo Gesport Atlantic.

Se debe recordar que tanto Boluda como Opcsa, recurrieron ante los tribunales ordinarios, la decisión de Luis Ibarra al conceder la explotación de la que fuera la antigua terminal de Contenemar, a Gesport Atlantic dirigida por Francisco Naranjo y Daniel Báez.

Por otro lado, son muchas las quejas de los transportistas cuya principal reclamación es la falta de agilidad en las entregas en cualquiera de las terminales y de manera muy selectiva, en función del cliente.

Estas disrupciones son completamente inaceptables, cómo un determinado grupo de estibadores pueden controlar a su antojo a quién entregan la mercancía en tiempo y forma o como sucede en muchas ocasiones, para recibir un servicio por el que ya pagan el porte debido, deban asumir “costes adicionales” para el levantamiento de la carga a entregar con prontitud.

Es tan culpable quien extorsiona como el que se presta a ello, al final somos los consumidores canarios los que pagamos esos “sobrecostes” en la cesta de la compra porque, como es evidente, los empresarios no hacen negocio para perder dinero y cargan esos “pagos extraordinarios” sobre los productos que consumimos.

Es quizás la causa por la cual, muchas empresas prefieren mover sus mercancías hacia el Puerto de Tenerife, por mucho que Vicente Boluda diga lo contrario para evitar esos “sobrecostes” utilizando transporte interinsular entre islas que no requiere la actividad de estibadores portuarios.

Se estaría engordando, de este modo, las doradas pensiones de los trece miembros del comité de empresa de sagep Las Palmas siendo más que probable, su prejubilación con sueldos galácticos para posteriormente pasar a dirigir el centro portuario de empleo a costa de las propias empresas portuarias del Puerto de Las Palmas.

En definitiva, la libertad de establecimiento viene limitada por el “corralito” que los propios estibadores y algunos empresarios del Puerto de Las Palmas están imponiendo desde hace años con estrategias que sin traspasar el límite de lo legal, no deja de ser una vulneración del Derecho a la libre competencia.

Con la llegada de Pedro Sánchez al poder y por tiempo limitado, Luis Ibarra hace política en la creencia de poder recuperar su puesto, pero nada más lejos de la realidad. El cambio de modelo de negocio está aquí y la automatización en los próximos años, acabará con tan lucrativo negocio, el control de la actividad portuaria a través del factor humano.

Enrique Arraiz-Curbelo
Estibador portuario comunitario
Formador acreditado.


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