REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 12/01/2022
La posible ilegalidad de las ampliaciones concesionales de los puertos, revisitada ante la Comisión de la UE.

Denuncia ante la Comisión.

Pelotazos, captura de beneficios y barreras a la competencia.


La posible ilegalidad de las ampliaciones concesionales fruto del Real Decreto-ley 8/2014 que amplió el plazo concesional hasta los 75 años en los puertos españoles, ha sido conmovida por las últimas sanciones de la Comisión Europea a el Reino de España por la ampliación de concesiones del Estado en autopistas prorrogadas según el alto tribunal de la Unión Europea de forma ilegal, pero esta no es la principal amenaza.


La defensa desde Puertos del Estado se basa en diversas sentencias del Tribunal Supremo qué diferenciaba las concesiones "demaniales", de los puertos de aquellas producto de contratos públicos como las concesiones de autopistas. Esa ha sido la línea de defensa.

Aunque para la jurisdicción española está clara está diferencia, entre concesión demanial y las que se dan por contratación y por tanto bajo la Ley de Contratos Públicos, esta diferenciación no es tan clara por lo que se ve para los tribunales europeos. Van cambiando de criterio y sobre todo en lo que se refiere a la competencia y concurrencia en las concesiones demaniales.

Hasta ahora Puertos del Estado y sus juristas han mostrado confianza de que aquellas ampliaciones concesionales del año 2014 realizadas por Ana Pastor mientras que su presidente era José Llorca estaban blindadas.

Sin embargo existe una denuncia vigente ante la Comisión Europea contra estas ampliaciones concesionales interpuesta de forma sólida y mantenida y continuada, a través de la acción de la Comisión; por otros motivos específicos y jurídicos, aparte de su similitud con los contratos públicos, sobre los que la jurisprudencia del alto tribunal europeo ya es clara no se pueden prorrogar sin someterlas a a otro concurso público.

La denuncia a la que ha tenido acceso www.puertosynavieras.es, es sólida seria y bien argumentada que estas ampliaciones concesionales sobre las que este medio siempre tuvo serías dudas en el año 2014, son contrarias a la libre competencia, y actúan como una barrera competencial, concurrencial, y producen los mismos perversos efectos que en la prórroga de contratos públicos sin sometimiento a concurso.

Además lo grave es que ahora se sabe que en el mismo seno de Puertos del Estado ya hubo muy serias diferencias en el año 2014, ante la propuesta de la Presidencia y de la ministra de lograr esas ampliaciones concesionales fuese como fuese.

La aparente y pacífica unidad de criterio que quiso mostrar en todo momento el Presidente José Llorca en el seno de su organismo no fue tal.

Puertos y navieras ha deducido testimonio de importantes protagonistas de aquel episodio que ya manifestaron su oposición al criterio del presidente Llorca y de la ministra Pastor.

Fue la oposición a que se hiciese esas ampliaciones concesionales que produjo un cisma en el equipo, y serias consecuencias personales por la oposición de argumentos precisos que son los que ahora afloran en diversas denuncias y concretamente una ante la Comisión Europea.

La denuncia ante la Comisión Europea reclama la misma acción del Tribunal Superior de Justicia Europeo para que entre a valorar si esas concesiones en similitud a las prórrogas de las autopistas son ilegales.

Recurso al último y supremo tribunal europeo es preocupante. Dado que el criterio del abogado de la Comisión suele ser uniforme y a pesar de las presiones enormes que hacen los países en pro de sus intereses no suele ser siempre aquiescente.

Pero lo más preocupante desde el punto de vista de la política interior del país es la serie oposición de miembros del equipo de José Llorca en aquel momento y su silenciamiento y el poco debate que hubo sobre aquellas ampliaciones concesionales que en solitario llevo el medio Puertos y Navieras, en reclamación de un debate público sobre el mecanismo de ampliación de las concesiones.

Hay que recordar que en aquella época hubo otras ampliaciones que no tuvieron la necesidad de aprobar tan amplísima reforma legal por parte del Parlamento.

Entonces la ministra Pastor y el presidente Llorca utilizaron la mayoría absoluta del gobierno para aprobar una ley de ampliación de plazos concesionales a todas luces innecesaria por cuánto había mecanismos ya en la Ley de Puertos a través del artículo 84 2 b, para hacer ampliaciones concesionales a aquellos inversores en puertos que lo mereciesen largamente, cómo pasó con los inversores chinos de Hutchison, en el puerto de Barcelona que vieron ampliada su concesión sin necesidad de recurrir a un real decreto ley como el 8/2014.

Real decreto-ley a todas luces excesivo ya en el 2014 como denuncio este medio puertos y navieras.

Real Decreto cuya sospechas ya tempranas en el año 2014 dieron pasó en el año 2015 al escándalo, que terminado su periodo transitorio de aceptación de propuestas de ampliaciones concesionales, con el pelotazo de la familia Pérez Maura, vendiendo el mayor operador de terminales de puertos y por tanto de concesiones portuarias a una entidad extranjera, y contribuyendo con ello a la concentración mundial del poder logístico en las navieras al vendérselo a la danesa Maerks.

Ya en una fecha tan temprana y 8 años antes de que se produjese sobre el mercado el impacto de la enorme concentración empresarial del poder naviero, ya la venta de todos los activos del mayor operador español de puertos y concesiones junto con las concesiones de Barcelona y luego la terminal de Marítima Valenciana en Valencia auguraron unas consecuencias que la realidad de las subidas de fletes empequeñeció cualquier pronóstico.

El pelotazo de la familia Pérez Maura de más de mil millones de euros, que desembocó luego en la reclamación de la misma Maerks a la familia Pérez Maura de 750 millones de euros por los problemas que tuvo en el contrato, derivados entre otros que se sepa por los sobornos al gobierno de Guatemala para conseguir la concesión de Puerto Quetzal, y que dicho pelotazo fue posible por la ley de ampliaciones concesionales de 8/2014 no han hecho nada más que poner en entredicho cada día que pasa aquella medida política.

Medida política la de ampliación de plazos concesionales lo que es una prórroga sin su salida a concurso que reportó inmediatamente un tremendo momento de valor de las concesiones que luego se vendieron a costa de esta acción del Estado.

Por parte de aquellos responsables políticos siempre se ha negado el nexo de unión entre sus facilitación de aumento del valor neto contable de las concesiones con los pelotazos e ilegalidades subsiguientes.

Pero indudablemente les cabe de entrada el no haber introducido los mecanismos correctores para que la acción política de aumentar de golpe y porrazo los plazos concesionales no fuese después apropiado por intereses particulares y la parte del beneficio aumentado por el Real Decreto 8/2014 revertiese al estado, en forma de un impuesto por beneficios advenidos. Una medida frecuente normal y entendida en los países anglosajones demás raíz capitalista como nos Estados Unidos o el Reino Unido

La falta de mecanismos correctores cuando era obvio, para evitar una captura del beneficio empresarial por la vía del aumento de los plazos concesionales, indica una seria y responsabilidad técnica y política al no prever los mecanismos correctores.

La denuncia ante la Comisión Europea como las anteriores que se hicieron en el tema de la prórroga de autopistas, puede que desemboquen en un reproche y censura para que ellas políticas equivocadas, que como la historia ha demostrado solo han revertido en facilitar turbios negocios, poner barreras a la competencia y está por ver si como aquella ley de medidas urgentes como eufemísticamente la llamo la ministra Pastor y el Gobierno de Rajoy trajo un estímulo inversor grande a los puertos españoles ya su actividad económica.


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