REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 04/07/2017
La gran contradicción europea.

La enorme legislación antimonopolio contrasta con la enorme cifra de fusiones que se aprueban.

Desde 1990 la Comisión ha permitido nueve de cada diez propuestas de unión.

La Unión Europa favorece la concentración empresarial. Eso se desprende de un estudio realizado por la Europa CEO (Corporate Europe Observatory), que asegura que, pese a las políticas antimonopolio que la Comisión ha puesto en marcha desde hace dos décadas, la tendencia es hacia la formación de grandes grupos que controlan la gran parte de la actividad de un sector.

“Paradójicamente, mientras se persigue ferozmente a los cárteles que reducen los monopolios en determinados sectores, se estimulan fusiones y compras que acaban con la competencia de forma permanente en otros”, denunció la plataforma en su investigación.

El análisis explica que, con la excusa de crear sinergias que reduzcan costes y, por lo tanto, el precio final que paga el consumidor, la Comisión Europea ha sido cómplice en la creación de grandes holdings empresariales que inciden justamente en lo contrario. Estas políticas han sido realmente destructivas para las pequeñas y medianas empresas, que no han podido competir con las potentes firmas nacidas tras las fusiones. Aunque a corto plazo no se pueda observar, está claro que a largo plazo estas concentraciones no benefician ni al consumidor ni a la sociedad.

El estudio pone ejemplos claros de megafusiones que se permitieron en su momento y que actúan en contra de la libre competencia en los mercados al reducir enormemente la oferta. Entre ellas destaca la de Bayer y Monsanto, aun no confirmada oficialmente, y las de Dow y DuPont y ChemChina y Sygenta. "Estas fusiones no sólo afectarán al futuro de la biodiversidad, la vida silvestre y las condiciones en que los agricultores producen sus cosechas, sino también a las vidas y las opciones para alimentarse de miles de millones de personas en todo el mundo”, explica el estudio, recogido por el diario El Boletín. En el sector del transporte marítimo, las fusiones entre grandes navieras que se han dado en los últimos años levantaron ciertas dudas sobre su viabilidad.

Otro de los problemas que derivan de estas fusiones es que, debido a su tamaño, pueden terminar controlando o influyendo de manera decisiva las decisiones políticas. Se trata del denominado "too big to fall" -"demasiado grande para caer"-, que implica que la enorme dimensión de estos conglomerados implica que no se puedan controlar, además de que cualquier cambio legislativo que les afecte directamente puede tener consecuencias en toda la economía o el empleo, por lo que directa o indirectamente pueden influir políticamente.

Lo curioso de este estudio es que pone en cuestión uno de los mayores orgullos de la Unión Europea, su ley antimonopolio, que desde 1990 impone duras normas y prohibiciones para las fusiones de grandes conglomerados. En 20 años, el Ejecutivo ha aprobado nueve de cada diez concentraciones notificadas sin imponer condiciones, y ha optado por apoyar las fusiones activamente una vez presentadas enmiendas a los proyectos de unión empresarial.

Esta dualidad tiene difícil explicación. Es sumamente extraño que la Unión Europea permita grandes fusiones mientras persigue sin descanso la formación de cárteles que limitan la competencia. Según el estudio, esto existe porque existe una falta de responsabilidad democrática en este ámbito y porque se ha medido con diferente vara a algunos sectores.

El historial de aplicación de las normas de fusión desde 1990 hasta la fecha confirma “la firme posición de la Comisión en favor de la concentración” de empresas bajo los mismos dueños, según la plataforma. Los datos avalan la idea, puesto que solo 25 de las 6.493 fusiones notificadas, un escaso 0,4%, fueron sido bloqueadas. De hecho, entre 2002 y 2016, la Comisión prohibió solo siete fusiones.

Sólo en 2007, antes del estallido de la crisis, la Comisión recibió 402 notificaciones, el mayor volumen de fusiones notificadas anualmente hasta la fecha. De ello, el ejecutivo comunitario interpretó una señal positiva, una tendencia hacia la recuperación económica.



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