DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 12/09/2026
La asociación de la Guardia Civil, JUCIL, se opone a la transferencia a los Mossos.
Exige transparencia y frenar la cesión de dependencias del Puerto de Tarragona a la Policía Marítima de Mossos.
JUCIL, la asociación profesional más combativa de la Guardia Civil denuncia públicamente, una vez más, los intentos de cesión de espacios y dependencias dentro de la comisaría de la Policía Portuaria de Tarragona en favor del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, una medida promovida para instalar una base permanente de su Policía Marítima. JUCIL advierte de que esta maniobra carece de la motivación jurídica necesaria y pretende forzar un traspaso competencial de facto dentro de un puerto de interés general del Estado.
"En el año 2024, la Abogacía del Estado emitió un i
nforme desfavorable contra la cesión de espacio en el mismo recinto a la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de la policía autonómica, fundamentando que la unidad no poseía competencias en un puerto de interés general. Sin embargo, en 2026, tras cambios en los cargos políticos de la Generalitat y la Autoridad Portuaria, se intenta dar luz verde al establecimiento de la Policía Marítima autonómica bajo la premisa de acuerdos informales, obviando el criterio técnico y legal esgrimido con anterioridad.
El primer paso para la salida del Puerto de Barcelona y el desmantelamiento total de la Guardia Civil
JUCIL denuncia que esta cesión no es un hecho aislado, sino que responde directamente a las concesiones del Gobierno central para mantenerse con el apoyo de las fuerzas independentistas. Desde la asociación advierten de que lo que arranca en Tarragona es únicamente el primer paso de una estrategia planificada para satisfacer las aspiraciones de los Mossos d’Esquadra y de la Generalitat, cuyo objetivo posterior es desembarcar de forma análoga en el Puerto de Barcelona.
Esta política de hechos consumados representa un avance evidente hacia el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en Cataluña, mermando sus capacidades y competencias históricas en favor de pactos de conveniencia política.
Sin cobertura legal ni necesidad funcional en dominio público
JUCIL recuerda que el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011) en sus artículos 69.3 y 72.2 es taxativo: la ocupación de espacios de dominio público portuario por parte de administraciones públicas no puede justificarse en razones de conveniencia, proximidad o mera oportunidad operativa. Exige acreditar una necesidad funcional objetiva y directa con la actividad del puerto.
Actualmente, el Puerto de Tarragona cuenta con la vigilancia de la Policía Portuaria y con una base permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo que ostenta legalmente las competencias de custodia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos (LO 2/1986, art. 12.1.B.d), así como de la Policía Judicial en el mar (según el criterio fijado por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial en 2019). Por ende, las funciones administrativas que corresponden a la policía autonómica no justifican de ningún modo la exigencia de una instalación permanente en espacio portuario estatal.
Petición de expedientes y paralización de acuerdos
JUCIL solicitará de forma oficial las actas y resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona, así como los informes jurídicos emitidos por la Abogacía del Estado, para esclarecer los giros de criterio producidos entre 2024 y 2026.
“La Guardia Civil ostenta legalmente la custodia de los puertos de interés general del Estado y dispone ya de una base del Servicio Marítimo plenamente operativa en Tarragona. No se puede ceder patrimonio público ni entregar competencias a los independentistas por la vía de los hechos consumados. Hoy es Tarragona, mañana será el Puerto de Barcelona y el progresivo desmantelamiento del cuerpo en esta región. Exigimos la paralización inmediata de esta cesión hasta que se demuestre la base legal y funcional de la propuesta”, señalan desde la directiva de JUCIL.
La asociación mantendrá las acciones necesarias para evitar que estas decisiones sienten un precedente para el resto de la red de puertos del Estado y garantizará el pleno cumplimiento del ordenamiento constitucional y del reparto competencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52.
SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO investigacion@logisticaytransporte.es
SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO.
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS.
NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION, Y NO LLEGA ENTERA.
