REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 25/10/2016
La Terminal de Contenedores del puerto de Gijón.
Díaz Rato otorgó una extraña ampliación de plazos en el último Consejo antes de perder el control en 2011.
Diez años más, y menos cuota, sin pasar por concurso.
En el año 2011 a principios, Francisco Alvarez Cascos formó Foro Asturias, desde el principio se vió sus posibilidades de gobierno que acabarían con la hegemonía de Vicente Alvarez Areces del PSOE en Asturias y por ende de su control del Puerto de Gijón.
El 22 de mayo Foro ganó las elecciones en el Principado y se disponía a gobernar y a nombrar distinto presidente en el puerto. Sin embargo, en el ultimo Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, el 11 de mayo, se aprobó una nueva concesión de la Terminal de Contenedores de TCB, ya existente, bajo la forma de un nuevo título concesional, que según los juristas debía de haber sido sacada a competencia y no modificada por ser sustancial el cambio, y por varias razones más.
Todo el proceso está envuelto en un halo de opacidad. La concesión de la Terminal de Contenedores de Gijón, TCG, se había otorgado el 5 de enero de 2001 por 10 años y no consta prorrogada por lo que estaba caducada el 5 de mayo de 2011. Sin embargo se le dio un nuevo titulo concesional haciendo ver que es por nuevas inversiones sobre las anteriores, como si fuese una modificación sustancial, pero en la justificación no aparece mención alguna a los requisitos de esas inversiones respecto a la concesión previa, que podía cumplir con facilidad.
Las presuntas maniobras no quedan aquí, a dicha concesión se le estuvo dando un trato favorable al reducirle los metros cuadrados por los que pagaba cuando los seguía ocupando y fijarle un canón por actividad de 40.000 teus que era ya previsible que superaría en el primer año como así fue en 2012.
La concesión de la Terminal de Contenedores de Gijón, luego de TCB, estaba condicionada cuando se otorgó el 5 de enero del 2001, a un plazo de 10 años prorrogable a cinco más cinco, es decir, 20 años, siempre a petición del concesionario.
Había sido otorgada en el año 2001 el 5 de enero, pero en mayo del año 2011, ya caducada, no consta la petición de prórroga, el entonces director José Luis Díaz Rato, hoy imputado en el caso El Musel de la Audiencia Nacional, propuso al Consejo una poco clara modificación de la concesión transmutada en nueva concesión que al final le otorgaba otros 10 años de plazo, es decir, 30 años en total.
Juristas de puertos entienden que el aumento del plazo concesional de 20 a 30 años, constituye una modificación sustancial al amparo de la Ley 48/2003 apartado 2 del artículo 113, de la concesión como para ser obligado su salida en trámite de competencia, que marca el art. 110, en su artículo cosa que no consta que se hizo.
El director Díaz Rato propuso en su informe dicha nueva concesión con la justificación ante el Consejo de que aunque era una modificación sustancial de la concesión y debía estar sometida a los límites de la Ley 48/2003 estos se podían abreviar. No se hizo el trámite de información pública agarrándose Díaz Rato a que se utilizaban "edificaciones preexistentes", según el apartado 4 del art 110 de la L48/2003
El otorgamiento fue firmado por el presidente Fernando Menéndez Rexach y José Luis Barettino como secretario del Consejo, el 11 de mayo de 2011.
Está claro que en dicha acción contó como dice el informe, además con la colaboración del abogado del Estado, señor Alcoba, también llamado a declarar por el caso El Musel y, recientemente, cesado por Puertos del Estado como abogado del Estado en la Autoridad Portuaria.
El ultimo Consejo antes de que entrase Emilio Menéndez, el 18 de julio de 2011, como presidente de la Autoridad Portuaria por parte de Foro, ha llamado la atención y llama la atención porque parece como que había ciertas prisas en hacer esta ampliación del plazo concesional antes de que llegase una nueva administración y un nuevo presidente a la Autoridad Portuaria.
Esta concesión también es polémica por cuanto la Autoridad Portuaria también le modificó la superficie ocupada por la cual pagaba el canon cuando fuentes cercanas dicen que la terminal siguió ocupando mayor espacio, así aparece reflejado en la web de la AP.
Esta es una más de la controvertidas actuaciones de Jose Luis Díaz Rato en el puerto de Gijón y en su consejo de Administración.
Además a día de hoy según la página web oficial del puerto de Gijón esta terminal ocupa 40.000 m2 mientras que se le cobra por 20.000 m2.
Está, además, claro que en el informe que propone al Consejo de Administración, tuvo que colaborar Jose Luis Barettino, el entonces jefe de la Asesoría Jurídica luego subdirector del puerto y ahora director y también llamado a declarar en el caso El Musel y cuyo testimonio ha sido reiteradamente pedido ante la Asamblea de Parlamentarios del Principado de Asturias.
El papel jugado por Barettino y Díaz Rato en el caso El Musel de presunta malversación de fondos y ayudas públicas, tanto del Estado como de la Unión Europea, y en sus sobrecostes, es fundamental por cuanto ambos eran miembros de la mesa de contratación y seguimiento de las obras de El Musel y participaron muy activamente en la aprobación del tardío modificado de obras que dio lugar a más de 400 millones de sobrecostes en El Musel. Sobrecostes que la Unión Europea declara como ilegales, reclama su devolución y que se ha negado a pagar 45 millones de euros de cantidades no desembolsadas.
El caso se haya ante la Audiencia Nacional que está expectante para escuchar los testimonios de los presidentes de Tudela Veguin, Pedro Masaveu, de Hidroeléctrica del Cantábrico, y de las mismas declaraciones de José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach que han pedido volver a declarar.
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