DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 17/09/2026 
La Fundación Puertos de Las Palmas suma y sigue...
El organismo recibe otra denuncia por las elecciones a la Gerencia.
El proceso selectivo para la Gerencia de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas lanzado el pasado mes de julio ya ha encontrado su primer desafío y es que, bajo la premisa de que se trataba de un trámite de urgencia que tenía como fin reemplazar la vacante en la directiva, se ha descubierto que varios de los escogidos para elegir al nuevo cargo tienen intereses cruzados como clientes del propio organismo.
La acumulación de retrasos incomprensibles y el incumplimiento sistemático de los calendarios fijados por la propia institución llevaron a uno de los aspirantes a acudir a la vía administrativa para presentar denuncias formales ante la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el ente público Puertos del Estado, que encuentran así una nueva oportunidad de ejercer todavía más presión sobre la organización canaria tras la auditoría realizada meses atrás.
"La Fundación Puerto de Las Palmas", informa Canary Time, "se refirió a la Base 6.5 de la Orden TDF/379/2024 para justificar el recorte a la mitad de los plazos de subsanación para iniciar el proceso selectivo de un nuevo cargo a la Gerencia. Este plazo se reducía a cinco días hábiles debido a la "necesidad imperiosa de garantizar la continuidad" en la directiva. Sin embargo, ha sido la propia Fundación la que ha puesto trabas a sus propios tiempos, paralizando los plazos de resolución e incurriendo en una dilación injustificada que anula de facto la urgencia alegada para cercenar los derechos de los aspirantes. Por otro lado, las prisas de la Fundación llevaron a escoger a un grupo de personas encargadas de elegir, a su vez, al nuevo cargo. Se trata de un grupo de personas que, para más inri, tienen intereses cruzados como clientes de la organización canaria, por lo que la Fundación podría estar incumpliendo también los preceptos de la Base 1, que proclaman que el proceso se rige estrictamente por los principios de mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia. De hecho, en el baremo de méritos para acceder al cargo de gerente prima de forma desproporcionada la experiencia en el «sector público portuario» (0,80 puntos por año) frente a la de cualquier otra administración pública (0,50 puntos) o la alta dirección privada (0,30 puntos). Se trata, por lo tanto, de un diseño a la medida que estrecha artificialmente la concurrencia competitiva exigida por la ley. Finalmente, la Base 13.1 sostiene que contra la lista definitiva de admitidos cabe recurso de alzada ante la Junta Directiva de la Fundación. Todo ello ha servido para que uno de los aspirantes, ante el cúmulo de retrasos injustificados y el incumplimiento sistemático de los calendarios fijados haya acudido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y al ente público Puertos del Estado para denunciar el proceso, que encuentra su primer desafío incluso casi antes de haber comenzado ya que el documento de la licitación es un muestrario de incoherencias jurídicas y técnicas que retrata las prisa y la falta de rigor con la que se articuló".
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