DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 16/04/2026
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación contra Mar Chao y María José Catalá.
Por el escándalo del presunto amaño de plazas preferentes en el Puerto y el Ayuntamiento.
La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en marcha una investigación de carácter penal contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, y la alcaldesa de la Ciudad del Turia, María José Catalá, por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a causa de la creación de puestos de trabajo a dedo dentro del Consorcio Valencia 2007.
Junto a ellas, Anticorrupción también ha abierto diligencias a dos concejalas del equipo de Gobierno de Catalá, Rocío Gil y Paula Llobet; así como a cuatro trabajadores públicos, Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner, tras haber formalizado el grupo municipal Compromís una denuncia en la que alertaba de estas presuntas recolocaciones de personal público dentro del organismo, también de condición pública.
"Mar Chao y María José Catalá", informa El País, "están en el punto de mira de la Justicia. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia y la alcaldesa del Ayuntamiento por la presunta creación de una trama de nombramientos a dedo de personal público para colocarlo, según sus propios intereses, en organismos de carácter público como el Consorcio Valencia 2007. Las pesquisas de Anticorrupción se centran en el proceso de contratación que tuvo lugar en la Fundación Deportiva Municipal, que en abril de 2024 dio luz verde a dos convocatorias de contratación pública para puestos directivos en el área administrativa y en el área económica. También se investiga la presunta colocación de trabajadores de forma irregular en la Fundación Visit Valencia, que en mayo de 2024 publicó tres convocatorias laborales, una de las cuales fue para un empleado procedente también del Consorcio Valencia 2007. Por otro lado, en abril de 2024, la Autoridad Portuaria de Valencia ofertó otras dos plazas en infraestructuras y economía que tenían como fin ser cubiertas por los candidatos nombrados a dedo que vinieran del Consorcio Valencia 2007".
"Todo ello ha sido denunciado", recoge The Objective, "por el grupo municipal Compromís, que en febrero de 2026 y basándose en las informaciones publicadas por el medio en cuestión acudió al Ministerio Público para formalizar la querella. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto las correspondientes diligencias para determinar, por lo tanto, si hubo algún tipo de colaboración encubierta entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Valencia para facilitar el movimiento de trabajadores de ambas instituciones previamente acordado. Por el momento, la Fiscalía considera que existen indicios suficientes para sospechar y poner en marcha las correspondientes actuaciones preliminares ya que, junto a Mar Chao y María José Catalá, se investigará a dos concejalas del Ayuntamiento, Rocío Gil y Paula Llobet; y a cuatro trabajadores públicos, Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner. Todos estos nombres parecen estar, en mayor o menor medida, presuntamente implicados en el caso".
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