DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 09/07/2024
La ampliación del Puerto de Valencia en marcha podría ya generar indemnizaciones millonarias.

La Comissió Ciutat-Port pide al juzgado que Puertos del Estado se defina sobre la DIA.


Las obras sobre la Terminal Norte, aprobadas primero por la propia entidad portuaria tras un largo y tenso debate político y, posteriormente, por el Ministerio de Transportes, se han adjudicado, si los tribunales las paralizasen podrían generar indemnizaciones que no se han contemplado acotar en los pliego. Compromís ha preguntado en el Congreso de los Diputados y el Gobierno ha evitado la pregunta.

El propio Óscar Puente dio luz verde a un proyecto que, a día de hoy, se va a desarrollar sin que se haya validado la Declaración de Impacto Medioambiental de 2007 y que sigue sin contar con el visto bueno de los socios de Sumar en el Consejo de Ministros, quienes argumentaron su insostenibilidad medioambiental y un conjunto de consecuencias negativas sobre el entorno.

Según informa eldiario.es,
"Por este motivo, en la demanda de ejecución de sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, solicita al ministerio que notifique a Puertos del Estado “recordándole las obligaciones derivadas de su confirmada condición de órgano sustantivo a efectos ambientales en relación con dicho proyecto, según establecía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007”. Y al mismo tiempo, que haga lo propio con la APV, “requiriendo la observancia de las obligaciones que, a ese organismo, en tanto que promotor del Proyecto, le asignaba la expresada DIA de 2007, haciéndole saber que no le corresponde en absoluto, bajo reproche de incompetencia, el papel de órgano sustantivo que mediante la Resolución anulada se le pretendía imponer”.....Así, la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista contraria a la ampliación, ha pedido la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que devolvió a Puertos del Estado la condición de órgano sustantivo y que se realice una nueva declaración de impacto ambiental. En otros dos casos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se cuestionan el proyecto técnico de la ampliación y la licitación de las obras por ausencia de una evaluación ambiental adecuada. Ante la eventualidad de que la Justicia paralice la ampliación del Puerto de València con las obras en marcha, el Gobierno de España evitó contestar al diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez si podría incurrir en "indemnizaciones millonarias". Se limitó a asegurar que la declaración de impacto ambiental de 2007 "no está caducada" y a señalar que "el expediente de contratación de las obras de la nueva terminal norte de contenedores sigue su curso administrativo".
 


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