REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 28/07/2017
La Comisión exige a Bélgica y Francia que pongan fin a las exenciones fiscales en sus puertos.

La Comisión Europea obligó a Bélgica y Francia a abolir las exenciones de impuestos a las empresas concedidas a sus puertos, con el fin de alinear su régimen fiscal con las normas de la Unión Europea en cuestiones de ayudas estatales. Las ganancias de los operadores portuarios deben someterse a imposición en virtud de las leyes fiscales nacionales de sociedades normales para evitar distorsiones de la competencia.

La Comisión también solicitó información y sigue evaluando el funcionamiento y la fiscalidad de los puertos de los Estados miembros para garantizar una competencia leal en el sector portuario europeo.

La Comisión introdujo nuevas normas para ahorrar tiempo y problemas a los Estados miembros al invertir en puertos y aeropuertos, preservando al mismo tiempo la competencia. Además, las decisiones de la Comisión Europea relativas a Bélgica y Francia, como en el caso de los Países Bajos, ponen de manifiesto que las exenciones fiscales injustificadas para los puertos distorsionan la igualdad de condiciones y la competencia leal.

En Bélgica, una serie de puertos marítimos y fluvial -en particular los puertos de Amberes, Brujas, Bruselas, Charleroi, Gante, Lieja, Namur y Ostende, así como a lo largo de los canales de la provincia de Hainaut y Flandes- disfrutan un régimen general del impuesto sobre la renta de las sociedades. Estos puertos están sujetos a un régimen fiscal diferente, con una base imponible y unos tipos impositivos diferentes, lo que da lugar a un nivel globalmente inferior de imposición para los puertos belgas, en comparación con otras empresas de Bélgica.

La mayoría de los puertos franceses, en particular los 11 "grands ports maritimes" de Burdeos, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Marsella, Nantes-Saint-Nazaire y Rouen, Guadalupe, Guyana, Martinica y Reunión, el por autonome de Paris y los puertos operados por las cámaras de industria y comercio, están totalmente exentos del impuestos sobre la renta de las sociedades, de conformidad con la legislación francesa.

La Comisión Europea considera que las exenciones del impuesto de sociedades concedidas a los puertos belgas y franceses les otorgan una ventaja selectiva, infringiendo las normas de la UE en materia de ayudas estatales. En particular, las exenciones fiscales no persiguen un objetivo claro de interés público, como la promoción de la movilidad o el transporte multimodal. Los ahorros fiscales generados pueden ser utilizados por los operadores portuarios para financiar cualquier tipo de actividad o subvencionar los precios cobrados por los puertos a los clientes, en detrimento de los competidores y de la competencia leal.

Las dos decisiones de la Comisión precisan que si los operadores portuarios generan beneficios de las actividades económicas, estos deberían someterse a imposición con arreglo a las leyes fiscales nacionales normales para evitar distorsiones de la competencia.

Bélgica y Francia disponen hasta finales de 2017 de las medidas necesarias para eliminar la exención fiscal a fin de garantizar que, a partir del 1 de enero de 2018, todos los puertos estén sujetos a las mismas normas de imposición de las sociedades que las demás empresas.

Dado que la exención del impuesto de sociedades para los puertos ya existía antes de la adhesión de Francia y Bélgica a la UE, estas medidas se consideran "ayudas existentes" y la Comisión no puede pedir a Bélgica y a Francia que recuperen la ayuda ya concedida.


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