REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 22/01/2016
La Comisión Europea exige que todos los puertos en los Países Bajos, Bélgica y Francia, paguen el impuesto de sociedades y que se eliminen las exenciones.
La Comisión ha exigido a los Países Bajos abolir la exención del impuesto de sociedades en sus seis puertos marítimos con el fin de unificar el régimen de las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión también ha propuesto dos decisiones distintas para que Bélgica y Francia unifiquen su tributación en las normas sobre ayudas estatales.
Margrethe Vestager, comisaria a cargo de la política de competencia, declaró: "Los puertos son la infraestructura clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional. La propuesta que presentó facilitará las inversiones. Al mismo tiempo, las decisiones de la Comisión en relación con los Países Bajos, Bélgica y Francia dejan claro que si los operadores portuarios generan beneficios de las actividades económicas, estos deben ser gravados conforme a las leyes fiscales nacionales para evitar distorsiones de la competencia".
La competencia transfronteriza desempeña un papel importante en el sector de los puertos y la Comisión se compromete a garantizar la igualdad de condiciones en este importante sector económico.
Las empresas públicas, en el ejercicio de actividades económicas, compiten con los actores privados, que están sujetos al pago del impuesto de sociedades. La operación comercial de la infraestructura portuaria constituye una actividad económica. Las empresas públicas deben estar sujetas al pago del impuesto de sociedades, al igual que las empresas privadas. Estas actividades económicas pueden distinguirse de otras actividades vinculadas a las operaciones de infraestructura para el ejercicio de las responsabilidades esenciales del Estado (por ejemplo, seguridad, vigilancia, control de tráfico), que quedan fuera del ámbito de control de las ayudas estatales de la UE.
Países Bajos
A raíz de las denuncias, la Comisión solicitó a los Países Bajos en mayo de 2013 abolir las disposiciones que eximen a determinadas empresas públicas, incluidos los operadores portuarios, del impuesto de sociedades, ya que le preocupa que puedan ofrecer a las empresas interesadas una ventaja indebida sobre sus competidores. En julio de 2014, la Comisión abrió una investigación en profundidad.
En el curso de la investigación de la Comisión, el 4 de junio de 2015, los Países Bajos aprobaron una ley para que las empresas públicas estuviesen sujetas al impuesto sobre sociedades a partir del 1 de enero de 2016. Sin embargo, la ley mantiene una exención de impuestos para seis puertos holandeses de titularidad pública (namelyGroningen Puertos NV , Havenbedrijf Amsterdam NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Havenschap Moerdijk, NV puerto de Den Helder y Zelanda Puertos marítimos).
La Comisión llegó a la conclusión de que esta exención también tiene que ser abolida con el fin de eliminar las distorsiones resultantes de la competencia. Holanda tiene ahora dos meses para tomar las medidas necesarias para eliminar la exención a los seis puertos, con el fin de garantizar que a partir de 1 de enero de 2017 los seis puertos están sujetos a las mismas reglas fiscales corporativas.
Bélgica y Francia
En julio de 2014, la Comisión informó a Bélgica y Francia sobre sus preocupaciones con respecto a sus regímenes de imposición de los puertos.
En Bélgica, una serie de puertos (en particular los puertos de Amberes, Brujas, Bruselas, Charleroi, Gante, Lieja, Namur y Ostende, así como a lo largo de los canales en la provincia de Hainaut y Flandes) están exentos del impuesto sobre la renta general de la empresa. Estos puertos están sujetos a un régimen fiscal diferente, con diferentes tipos de base y de impuestos, lo que da como resultado que la fiscalidad para los puertos belgas sea menor, en comparación con otras empresas que operan en Bélgica.
La mayoría de los puertos franceses, en particular los 11 "grandes puertos marítimos" (de Burdeos, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Marsella, Nantes - Saint-Nazaire y Rouen, así como Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión), el Puerto Autónomo de París y los puertos gestionados por cámaras de industria y comercio, están totalmente exentos del impuesto de sociedades.
Por ello, ha propuesto medidas a Bélgica y Francia para adaptar su legislación, a fin de garantizar que los puertos paguen el impuesto de sociedades sobre sus actividades económicas en la misma forma que otras empresas en Bélgica y Francia. Cada país tiene ahora dos meses para reaccionar.
Como anunció en noviembre de 2015, la Comisión está trabajando en una extensión del Reglamento General (RGEC) con el fin de cubrir las inversiones no problemáticos en los puertos y fomentar las inversiones estratégicas en infraestructuras que tengan el potencial para crear puestos de trabajo en Europa.
Por otra parte, la Comisión también continúa su investigación sobre el funcionamiento y el sistema impositivo de los puertos de otros Estados miembros y tomará las medidas necesarias para garantizar una competencia leal entre todos los puertos de la UE. La Comisión ha solicitado información, por ejemplo, sobre la financiación de ciertos puertos en Alemania. Esta evaluación está en curso.
La exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas holandesas se remonta a 1956. Del mismo modo, la exención del impuesto de sociedades para los puertos franceses se remonta a 1942 y el régimen fiscal favorable para los puertos de Bélgica también es anterior a la entrada en vigor del Tratado de Roma en 1958.
Las propuestas a Bélgica y Francia no son las primeras. Si los dos Estados miembros no aceptan la propuesta, la Comisión podrá, como tercer paso, abrir una investigación en profundidad para verificar la compatibilidad de las ayudas existentes. Si la Comisión llega a la conclusión de que el régimen no es compatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE, podrá exigir al Estado miembro que ponga fin a las ayudas existentes.
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