REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 19/09/2018
El presunto soborno de 30 millones de dólares de Pérez-Maura por el que quieren juzgar al naviero en España.

La Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) es un órgano de la ONU en Guatemala para apoyar a las autoridades en la lucha contra la corrupción y las mafias policiales. En 2016 destaparon junto a la Fiscalía el caso TCQ, trama de corrupción por la que el país centroamericano ha reclamado a España la extradición del naviero Ángel Pérez-Maura durante dos años.

Según la Cicig, Pérez-Maura se había comprometido con el Gobierno del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina a pagar 30 millones de dólares para que su empresa, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ),  se quedara tanto con la construcción como la gestión del puerto Quetzal en régimen de usufructo, durante 25 años, tal y como publica elconfidencial.com.

Continúa explicando el medio que Ángel Pérez-Maura llegó a pagar 11 millones de dólares al expresidente guatemalteco y su entorno para poder adjudicarse el proyecto sin que saliera a concurso. A cambio, TCQ iba a recibir cantidades que suponían una inversión de 225 millones de dólares. Ángel Pérez-Maura se quedó fuera del procedimiento del caso TCQ ya que no se encontraba en Guatemala al saltar el escándalo. De esta manera, el único español detenido fue el gerente de la filial local de la naviera, Juan José Suárez Meseguer, que se encuentra en prisión desde que empezaron las investigaciones.

Ahora la atención está puesta sobre el jurista Iván Velásquez (al frente de Cicig) en lo que a la extradición de Pérez-Maura se refiere. Según ha publicado El Confidencial, el empresario contrató al comisario José Manuel Villarejo (en prisión desde 2017 por el caso Tándem) para evitar ser entregado a Guatemala. Ahora el juez del caso y la Fiscalía Anticorrupción están investigando un posible contacto de Villarejo con la actual ministra de Justicia para evitar la extradición, y también otra posible reunión de la ministra con Velásquez.

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