REVISTA LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE - 22/08/2017
El informe policial sobre la desaladora de Escombreras lleva un año de retraso.
 
El juzgado sigue esperando su llegada para poder citar a declarar a los investigados.

El informe de la Policía sobre los 600 millones de euros en la construcción de la planta desaladora de Escombreras sigue sin llegar a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, lo que implica un retraso importante en la investigación.
 
Este contratiempo impide que la titular del juzgado, María del Mar Azuar, pueda interrogar a los acusados. De hecho, un año después del comienzo de la instrucción todavía no ha sido citado nadie a declarar porque falta dicho informe.
 
El caso se inició tras la denuncia interpuesta por el entonces fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, que ahora es el fiscal superior de la Región de Murcia en sustitución de Manuel López Bernal, según explica Voxpopuli. La desaladora fue construida por una filial de ACS con ayuda del abogado Andrés Arnaldos, según explica La Verdad de Murcia, que tuvo un papel importante que ya posteriormente fue secretario de la empresa pública que gestionaba la planta.
 
Según coinciden varios medios, el problema es la excasez de recursos que sufre la Fiscalía, lo que impide que estos trámites se hagan con más diligencia. 

Además, el Ministerio Público sufrió varios ataques en esta Comunidad. En concreto, el propio López Bernal fue objeto de una querella, mientras que el fiscal delegado de Anticorrupción en Murcia, Juan Pablo Lozano, padeció dos robos en su vivienda. Y en uno de ellos le sustrajeron su ordenador, en el que tenía una parte de los sumarios de varios procedimientos, algunos de ellos secretos.
 
La Región de Murcia tiene que hacer frente a un alquiler anual de 16 millones de euros, aunque podría verse obligado a abonar 600 millones de euros a la empresa ACS. La desaladora se empezó a construir a partir del 2005, aunque en aquella época el Ministerio de Medio Ambiente obligaba a los constructores a justificar la existencia de recursos hídricos suficientes para permitir la edificación. Y ese permiso lo emitían las diferentes confederaciones hidrográficas.
 
Las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar firmaron por tanto dichas resoluciones desfavorables sobre la disponibilidad y la existencia de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de cerca de 450.000 viviendas previstas en cerca de 50 municipios de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, Murcia y Almería, según se desprende de los informes realizados tras la modificación de la Ley de Aguas. Por lo tanto, según estos, la desaladora era necesaria.
 
En el caso de la Región de Murcia y el sur de Alicante, el entonces comisario de Aguas de la Confederación del Segura (CHS), Manuel Aldeguer, rechazó dar el visto bueno a miles de viviendas de estas dos Comunidades Autónomas. Fue entonces cuando el Gobierno de la Región de Murcia decidió crear un Ente Regional del Agua, que se encargó de la construcción de una planta desaladora en Escombreras (Cartagena) y que tenía como finalidad suministrar agua a todas las viviendas promovidas en el Campo de Cartagena.
Ahora, los 600 millones están siendo investigados por los juzgados.


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