REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 29/06/2015 
El informe de la Intervención General del Estado en el caso del Musel apunta a Menéndez Rexach.



El reciente informe aportado a la Audiencia Nacional en el caso El Musel apunta directamente a Menéndez Rexach, el entonces presidente del puerto de Gijón como responsable de graves irregularidades de gestión

Las peritos Blasco y Navarro designadas por la Intervención General del Estado en enero y abril han emitido el informe sobre el expediente administrativo de la ampliación del puerto de Gijón en el marco de las diligencias del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional.

Las peritos seguramente muy alejadas del mundo técnico han emitido un informe que refrenda una vez más y tras el larguísimo de la OLAF (Oficina Antifraude de la UE) una serie de irregularidades en la ampliación del puerto de Gijón escalofriantes.

Poco a poco y con un goteo lento y poco transparente se van conociendo las opiniones de los responsables a nivel español sobre la obra de la ampliación del puerto de El Musel que va camino de costarle al Estado 400 millones de euros más, de los 500 presupuestados de una obra, de momento, inútil.

Dicen las peritos nada más empezar su informe que el proyecto que justificaba la construcción de El Musel se apoyaba en estudios sobre el tráfico de carbón que estaban sobredimensionados. Las peritos despachan, descartan que la crisis económica esté en el corazón del fallo de la previsión, más bien apuntan a que se desoyeron la directivas de la UE en cuanto a las reducciones en emisiones de los Estados miembros que podían llevar a una reducción de las instalaciones de combustión con carbón y las consecuencias en el tráfico. Apuntan también que diversas asociaciones y entidades así como ciudadanos particulares manifestaron en el proceso de declaración de impacto ambiental sus reticencias. Concluían aquellas observaciones que no estaba justificada la necesidad de ampliación del puerto, en base a las previsiones de tráfico que no eran realistas, y que las obras llevadas a cabo entonces, antes del 2004, eran suficientes para la importación de carbón.

El proyecto prevía aspectos claves en la obra como era la disponibilidad de canteras cercanas al puerto con la capacidad del suministro suficiente.  Los materiales seleccionados debían tener en mínimo coste de transporte y se había limitado a 60 kilómetros del puerto de Gijón. La memoria justificativa de la necesidad de contratación es un documento de julio de 2004 firmado por Lorenzo Quevedo Negrete, autor del proyecto, José Moyano Retamero, jefe de la división del proyecto y Víctor Miguel Villalobos Santo Domingo, jefe de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria. No obstante la regla del texto refundido de las normas generales de contratación de Puertos del Estado atribuye a la competencia para la elaboración de este informe al presidente de la Autoridad Portuaria que no aparece en la firma.
Las interventoras destacan que el expediente de contratación se inició antes de conocer la existencia de financiación, en julio de 2004, y se anunció la licitación el 28 de julio de ese mismo mes, con fecha de presentación de cierre de ofertas el 5 de octubre de ese mismo año.

Destacan que el plan de inversiones aportado es una hoja sin firmar en la que consta escrito a mano: último revisado. No consta en el expediente la prevención con lo dispuesto en las leyes, y no se aporta el plan de empresa.
Destacan los peritos que el informe de Puertos del Estado, aunque aprobaba el proyecto era crítico en cuanto a que el plazo de ejecución de 48 meses se consideraba infradimensionado y que los rendimientos de los equipos empleados a través de los cuales se establecen los precios unitarios de las unidades de obra no eran ya reales. Asimismo significan que falta la página 35 del informe de Puertos del Estado, informe realizado por el jefe de la División de Proyectos doña Ana López Carvajal, el jefe de área de Análisis Técnico, Gonzalo Gómez y con el visto bueno del subdirector de Infraestructuras, Juan Ignacio Grau. Estos dos últimos también formaban parte de la Comisión Técnica que valoró las obras presentadas al proyecto. Ya el informe de Puertos del Estado concluía que se dará lugar a una modificación del contrato al constatarse la imposibilidad de cumplir el plazo ofertado.

Pero ya los funcionarios de Puertos del Estado se cubrieron diciendo que serían los licitadores, de acuerdo con los medios y procedimientos pertinentes, los que justifiquen el plazo para la realización de las obras. Las dos peritos dicen textualmente que “esta afirmación en el contexto del informe no es entendible”.
La cantera, la famosa cantera de Aboño, es uno de los puntos centrales del informe de la Intervención General del Estado que ya ha sido apuntado en la oficina Antifraude de la UE, la OLAF, y que es el eje de la acusación que se vierte sobre la mala gestión del presidente del Puerto, Menéndez Rexach y el director del mismo José Luis Díaz Rato. Y es el acuerdo de 26 de julio, es decir, previo a la adjudicación del contrato, entre la Autoridad Portuaria de Gijón e Hidroeléctrica del Cantábrico para la explotación de la cantera de Aboño de acuerdo con las condiciones que figuran en el mismo. Es decir, que la Autoridad Portuaria firmó un convenio con una cantera que era objeto en el pliego de condiciones del contrato cuyo convenio además tenía que asumir en su totalidad el contratista de la misma. El objeto del contrato era la cesión de la explotación de la cantera de Aboño para la obtención de los aportes para las obras.

Pero el problema es que la Autoridad Portuaria de Gijón, su presidente, asumió como compromisos lesivos para la entidad y para el contratista ya que según el informe de las peritos, la cesión de la cantera se llevaría a cabo siempre que las condiciones de la explotación fuesen totalmente satisfactorias a criterio de una de las partes.
Dicen las peritos que se da la paradoja que el propio órgano de contratación, es decir, la Autoridad Portuaria, suscribe condiciones que imposibilitarían el buen término del proyecto cuya contratación está o ha tramitado y se erige en garante del cumplimiento adjudicatario que forman. Dicen también que el clausurado del acuerdo de intenciones dibuja una simetría de obligaciones y derechos de cada parte que hace, sino inviable, muy oneroso el suministro de materiales para el proyecto. Se acordó que el control de los materiales de obra esté atribuido a una sola de las partes, es decir, a Hidroeléctrica del Cantábrico, con lo que “no solo se garantiza el suministro, sino que se estaba asumiendo un riesgo desproporcionado ya en un momento clave que podría imposibilitar la adecuada ejecución del proyecto”, dicen textualmente las dos peritos.

Apuntan además que ya en el momento de la suscripción de este acuerdo había proyectos en tramitación que debía de conocer Rexach, mencionando en su informe pericial noticias de prensa sobre los diversos intereses que tendría ya Hidroeléctrica del Cantábrico sobre las canteras.

Dicen textualmente los peritos “las causas a las que hace referencia en presidente de la APG no garantizan las funciones de la cantera, antes bien, son reflejo de condiciones asimétricas a favor de Hidroeléctrica del Cantábrico revelando la asunción de un elevado riesgo de imposibilidad de lograr el objeto del acuerdo".

Es decir, que la Autoridad Portuaria, su presidente, firmaron un convenio lesivo, gravoso y oneroso para el proyecto haciendo posible un elevado riesgo de que este llegase a buen término. Los eufemismos de condiciones asimétricas solo esconden la gravedad e irresponsabilidad de Fernando Menéndez de Rexach, su equipo y los políticos que firmaron acuerdos con la cantera que eran totalmente lesivos para la adjudicación de la obra y el proyecto. El informe sigue con aspectos menores como las irregularidades en la mesa de contratación o el modificado de obra.


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