REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 20/02/2017
Editorial.
El ilegítimo poder de Coordinadora no puede ser atacado por una ilegítima reforma de la estiba del Gobierno.
Por Armando Estrada.
El ilegítimo poder de Coordinadora no puede ser atacado por cualquier medio, que justifique el fin. La reforma de la estiba como está planteada por el Gobierno es ilegítima. El poder de Coordinadora también. En medio los ciudadanos sufren y sufrirán más las consecuencias en el futuro. Todo lo que se hace contra el derecho natural se paga.
Lo ilegítimo es aquello que la naturaleza humana conforme al derecho natural entiende como incorrecto, o injusto. En este caso los ciudadanos lo perciben claramente.
La reforma de la estiba, como la ha planteado el Gobierno, es ilegítima por varios motivos que se explican a continuación. Esta percepción no es el mejor camino para convencer a los estibadores.
En primer lugar se percibe ilegítima por que la Comisión ha tomado la decisión de multar en solitario a España cuando Portugal se ha saltado una reforma parecida de la estiba, Bélgica igual y en otros países igual, si España es multada, van a coexistir sistemas semejantes de organización de los estibadores sin multas. En todos aquellos países en que los Gobiernos no han querido o han presentado reformas cosméticas no ha habido acción punible.
Es percibida como ilegítima por que la Comisión sabe además de su doble fracaso en legislar un régimen como el que desea para todos los países y solo quiere imponer en España. Solo Loyola de Palacio tuvo el valor de intentarlo y recuérdese que fueron los puertos del norte los que bloquearon la iniciativa. En el último Reglamento se huyo de la cuestión y ni se planteó.
La Comisión y la Unión Europea, como en otras cuestiones, está jugándose su prestigio, ya bastante deteriorado.
La Comisión está bien que actúe bajo una denuncia y que esta sea anónima y esto es legítimo, pero empieza a perder su legitimidad cuando no aplica las mismas normas para las mismas situaciones.
Otra percepción de ilegitimidad es la falta de transparencia en las fases finales, donde no se sabe que es lo que piensa verdaderamente la Comisión y se ha negado a comparecer en el Parlamento Europeo para dar explicaciones.
El gobierno debía haber utilizado hace mucho tiempo su legitimidad, (El PSOE y el PP han tenido mayorías absolutas, por ejemplo González Laxe del PSOE guardó el expediente en un cajón durante años).
Como Gobierno votado por el pueblo para legislar, la tiene totalmente, pero la pierde cuando ahora incluso parece que está en connivencia con la Comisión al no haber hecho hace tiempo una reforma que hubiese obligado al alto Tribunal de la UE a entrar en la materia de si era correcta o no la reforma y a la Comisión a debatir. En ausencia de reforma al Tribunal solo le ha quedado multar.
En la otra banda, la ilegitimidad del poder de Coordinadora, tanto sobre la sociedad como sobre los estibadores, es clara. Mantiene a estibadores que no estén de acuerdo con ellos y al resto de ciudadanos rehenes de un monopolio en la contratación en la estiba. Palabra adecuada porque en la era en la que estamos permitiendo la constitución de monopolios u oligopolios privados por docenas, muchas veces sobre ámbitos públicos, o ámbitos de dominio público restringidos por su escasez como son los puertos o aeropuertos, es igual de ilegítimo el que sea una organización de trabajadores la que pretende continuar con su monopolio, como un oligopolio privado, que una empresa.
Es por eso, por lo que es ilegítimo el poder y la pretensión de Coordinadora de mantenerlo y de bloquear la entrada de otros trabajadores en el sector.
Los ciudadanos, además por lo que van conociendo, perciben que este monopolio es injusto, no equitativo con el resto de trabajadores, pero además que habiendo otros monopolios laborales, desde los registradores y los notarios a los colegios de ingenieros, este se basa en unos presupuestos notorios.
Coordinadora en los 10 años de crisis ha tomado el camino equivocado, y en vez de llegar a compromisos que reflejasen un esfuerzo por su parte ante el que estaban realizado el resto de ciudadanos y empresas de este país, siguió el camino contrario de aumentar más sus privilegios, de forma relativa. Además, como el trabajo empezó a escasear y el paro a aumentar, la salida de muchas familias estibadoras volvió a recurrir mayoritariamente a esa fuente de empleo como solución laboral, lo cual condujo a que Coordinadora, en contra de la corriente de los tiempos de automatización, exigiese el aumento de los censos y las empresas lo permitieron en los últimos años.
El censo de estibadores en los últimos once años ha debido de aumentar alrededor de las 400 personas, agravando mucho más el posible excedente que cualquier regulación mejor de los métodos de trabajo va a provocar en la actualidad.
En esencia, esas son las dos fuentes de ilegitimidad.
Se pide ahora a los ciudadanos que transijan con ellas, que acepten una vez más el que el fin justifica los medios para terminar con el monopolio estibador por la vía de aceptar propuestas que significan atajos, eso por parte del Gobierno.
Los ciudadanos no tienen por qué admitir esta situación y a través de sus parlamentarios tienen que exigir que se produzca una solución acorde con desarmar la ilegitimidad de los protagonistas.
Pero es más la reforma de la estiba según el Real Decreto Ley presentado el ilegítima por que producirá efectos "inequitativos".
La ilegitimidad del Gobierno, refugiándose en las prisas de Bruselas, le ha llevado a producir un Real Decreto sin observar fuentes de ilegitimidad que va a provocar dicho Real Decreto.
Como ya pasó con la Ley 8/2014, queremos pensar en que una poca meditada acción del Gobierno, va a provocar la aparición de plusvalías latentes en los negocios portuarios que serán capturadas por agentes del sector para beneficio propio, de forma "inequitativa".
Nos referimos a la cercana experiencia que con el aumento de los plazos concesionales de la Ley 8/2014 ha ocurrido. Se concedieron aumentos de los plazos concesionales que hicieron subir inmediatamente de valor las concesiones actuales.
Ya el Gobierno en aquella ocasión no quiso aplicar un concepto tan inglés como norteamericano, que es el "windfall tax", es decir, el recurso al impuesto extraordinario cuando el Estado produce plusvalías en la privatización de utilities y que recreó Tony Blair en 1997, o en los EE.UU con las petroleras en 1980.
Habría sido muy fácil que el Estado en aquel Real Decreto Ley, luego Ley, hubiese establecido que las concesiones no se podrían traspasar sin entregarle al Estado la plusvalía producida por la misma ley. El Gobierno sabía del peligro por cuanto introdujo un concepto similar en el cálculo de la compensación para los existentes pero claramente insuficiente por lo que se vio inmediatamente.
Bochornosamente para el Gobierno, de forma inmediata, el grupo TCB de Ángel Pérez Maura capturó para sí esas plusvalías vendiendo por más de 800 millones de euros todas sus terminales a la mayor compañía naviera del mundo Maersk.
Una prevención en dicha ley como la señalada, perfectamente legal y capitalista, señalando a un tribunal como el contencioso-administrativo para que emitiese un laudo en caso de desacuerdo habría obligado a Pérez Maura a negociar con el Estado la entrega de parte de esas plusvalías. Evidentemente no el precio total, pero si las plusvalías. El Estado podía haber sido benevolente y haber dejado que las plusvalías, para evitar un conflicto en los tribunales y evitar el laudo final, se quedasen en 50 ó 70 millones de euros.
El resultado es que esos 50 o 70 millones de euros podrían haber ido a eso que tanto le gusta a Puertos del Estado, un Fondo de Compensación de la Reforma de la estiba. Si ahora se contempla que va a costarle al Estado entre 350 y 400 millones de euros los pasivos sociales de los estibadores, nos encontraríamos con que ya 60 millones, el 20% de ese fondo se habría dotado con una sola operación de venta, perfectamente legal, perfectamente moderna y utilizando conceptos anglosajones, perfectamente encuadrados en el sistema capitalista de hacer negocios en los Estados Unidos.
Pero es que es más los estibadores empezarían a contar con un fondo y el señor Pérez Maura en vez de esconderse, estaría ahora conceptuado por la sociedad como un prócer benefactor, que cedió voluntariamente parte de sus plusvalías. Un Bill Gates español.
Exactamente eso mismo se puede hacer con este Real Decreto porque evidentemente las plusvalías latentes que se van a liberar con una reforma total de la estiba van a triplicar y cuadruplicar los aumentos que se dan en los plazos concesionales, que por cierto el mismo Llorca con su fórmula del valor neto contable ya quiso condicionar a inversiones futuras, pero mucho mejor que dejar todo al albur de inversiones de las que nadie se acordará en el futuro, es mucho mejor llegar al concepto anglosajón y norteamericano del windfall tax, es decir, un impuesto inmediato sobre las plusvalías que se generen, si se generan, que ya se ha aplicado en la historia económica muchas veces.
Aquí se eliminaría una fuente de ilegitimidad al pensar que los estibadores iban a ser los únicos contribuyentes de esta reforma portuaria.
Se eliminaría el riesgo de eso que ya se rumorea y apuntado por el El Confidencial en su noticia, "JP Morgan se frota las manos con la reforma de la estiba por la revalorización de Noatum". JP Morgan conoce perfectamente el concepto por aplicarse en los EE.UU.
Verían como ese argumento fácil de usar por ellos los estibadores, que es que ellos cobran sueldos altos porque las compañías navieras y los terminalistas ganan mucho dinero, se forran en el argot, empezaría a verse controlado por cuanto nadie iba a escapar llevándose las plusvalías logradas por el Estado en la imposición de una reforma a la que legítimamente tiene derecho como Gobierno votado por el pueblo.
Pero es que además iría al corazón de controlar por todos lados eso que los estibadores utilizan como argumento, y al que se han añadido los sindicatos de clase alineándose con ellos, y es que esta es una maniobra para despojar a la clase trabajadora de sus beneficios adquiridos.
Es lo más liberal que podría hacer el Gobierno para ser equitativo, obrar con legitimidad y despejar cualquier duda de que no está haciendo "capitalismo para amiguetes".
Rendiría el mejor servicio a una democracia liberal hoy asediada por la derecha y la izquierda.
No hacerlo lo pagaremos los ciudadanos.
Capitulo de mañana como traducir estos principios a la negociación y lograrlos.
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