DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 21/09/2023
El caso Pérez Maura colea.
APM Terminals Barcelona acude a un tribunal de arbitraje para solucionar el lío de Puerto Quetzal.
Maersk, no ha tenido suerte con la compra que le hizo a Angel Pérez Maura, de su grupo de terminales portuarias TCB. Justo cuando se acabó el plazo para pedir ampliaciones concesionales, en 2015, derivada de la famosa ley de 2014, de medidas urgentes para la economía, Pérez Maura, anuncio la venta del grupo a la naviera danesa, se especuló con más de 1.000 Meuros. Pero la relación con Maersk, se torció al poco tiempo, la denuncia del gobierno de Guatemala de que se había sobornado, al expresidente, y que eso había facilitado, la confesión de Puerto Quetzal al grupo español, amargó la compra a los daneses.
Maersk, demandó a los Pérez Maura por más de 750 millones de euros, por los daños que les había causado la operación.
En un primer momento en la naviera danesa solucionó lo de Guatemala abonando 80 millones de dólares, reconociendo el soborno ir reparándolo mediante este pago. Pero posteriormente Guatemala le ha quitado la concesión.
Ahora la operadora, una de las filiales en España de Maersk, anunció recientemente que inició un proceso de conciliación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo que depende del Banco Mundial, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con las autoridades de Guatemala para aclarar por qué se le impide desarrollar la actividad en Puerto Quetzal.
Iniciado en 2016, el conflicto entre ambas partes se centra ahora en que APM Terminals Barcelona debe devolver este recinto portuario a las autoridades competentes después de conseguir su adjudicación en 2012, cuando se firmó un contrato por el que la Empresa Portuaria Quetzal concedió a Terminal de Contenedores Quetzal, dependiente de Grup Marítim, propiedad de los hermanos Pérez Maura, la concesión de las 34 hectáreas de terminal durante 25 años.
Según informa Cinco Días, "en 2016, la empresa catalana fue vendida a APM Terminals, que heredó todos los problemas judiciales posteriores. Las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Nación en 2017 revelaron que, en el proceso de venta, la estatal Empresa Portuaria Quetzal había sobornado a las autoridades guatemaltecas entre 2012 y 2015. Fue por ello que los tribunales del país declararon nulo el contrato y por lo que Guatemala solicitó a la filial de Maersk cerca de 40,5 millones de euros, cantidad que la naviera impugnó. Ahora, y con el fin de buscar la conciliación, APM Terminals Barcelona ha optado por acudir al tribunal de arbitraje guatemalteco".
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