REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 15/03/2018
El Reglamentín de la Estiba.

Un año para seguir igual, y darle la razón al statu quo actual.

Jubilaciones a los 50 años, con el 70% del sueldo, dónde hay que apuntarse.

Y por esto algunos cobran 140.000

Legislar en la exposición de motivos, no sirve para nada.


El Ministerio de Fomento subió a la red el borrador de Real Decreto de la Estiba para información pública dando 8 días para alegaciones. El Reglamento es más de lo mismo y prácticamente igual al que se circuló el año pasado. Se ha afinado el preámbulo o exposición de motivos para contentar a Coordinadora, pero salvo las disposiciones derogatorias y la ambigüedad de los CEP, las ETT y la formación que no hace más que acentuarse con el tiempo lo demás es bastante paja. No se sabe como Coordinadora está satisfecha salvo que tengan pactado cambios en este trámite. La ambigüedad del RD abona la idea de mantener el statu quo de la estiba unos años más hasta que la revolución automática provoque una crisis o el crecimiento del tráfico mundial la salve. Mientras se inflan los censos como si no hubiese final.

La exposición de motivos que como se sabe es donde se dice lo que no se puede decir en el articulado es un cúmulo de buenas intenciones, o malas según se mire, y de batallitas del abuelo.

Para empezar dice que busca "el punto de equilibrio en la aplicación práctica de la mencionada sentencia", es decir agua al vino.

Luego una falsedad como un templo: "Para abordar la dimensión laboral del asunto, los propios Tratados de la UE señalan que la vía prioritaria ha de ser la de la negociación y el acuerdo entre los representantes de los agentes implicados", es decir que esto está por encima de la Sentencia, un chanchullo que el abogado del estado debe hacérselo mirar.

Más vaselina de la mala, dice "La negociación colectiva entre las organizaciones empresariales y sindicales se convierte así en auténtica protagonista de este proceso de transformación del sector..."

Luego desperdicia cuatro párrafos en contar las historia del mediador. Y no tiene reparo en contarlo integro: "Trascurridos cuarenta días, el mediador estima que, a pesar de la buena disposición de las partes al entendimiento y el esfuerzo realizado por todos para alcanzar un acuerdo, globalmente éste no es posible y concluye su función el 30 de marzo de 2017 .............."

Para este relato un novelista no cobra 140.000 euros al año.

Luego la larguísima exposición de motivos, mas larga que la parte dispositiva, lo que ya indica el tenor se mete en justificar las ayudas.

En cuanto a la subrogación y la contraprestación de mejorar la productividad, el Reglamento se lava las manos y lo deja en muchos "podrán". 

Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podrán establecer, mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito, las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo de los trabajadores portuarios que en la actualidad prestan servicios en las SAGEP.

De pasada y como avance a futuro fija que: Entre las facultades de dirección y organización a que se refiere el apartado anterior, se entiende incluida la de designar al personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias. El ejercicio de esta facultad de designación requerirá la negociación en cada puerto de las medidas de flexibilidad necesarias para garantizar una mejora de la productividad.

En cuanto a las ayuda muy generosas ninguna novedad relevante salvo que es un caramelo que muchos portuarios no quieren, en la fase final de su vida laboral pasar a ganar algo menos del 70% de su sueldo solo será aceptable en casos de EREs que parece prever este Reglamento como la inflación de los censos.

La Disposición adicional segunda, habla de los Centros portuarios de empleo, para seguir en la nebulosa.

Disposición derogatoria única toca de lleno a la formación donde deroga la
Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Pero salvo pedir más horas prácticas nada nuevo.



Por su importancia se produce íntegro a continuación:


"BORRADOR PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014.

La Sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C- 576/13, produce un claro efecto sobre el régimen de funcionamiento de las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías que operan en el sector, cuya obligación de pertenecer a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) desaparece, al tiempo que tiene un indudable efecto sobre la situación laboral de los trabajadores de la estiba portuaria, en la medida en que su contratación deja de hacerse de forma prioritaria a través de las SAGEP.

La mencionada sentencia ha sido objeto de cumplimiento mediante la aprobación del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).

Sin perjuicio de la obligación del Reino de España de cumplir con dicha Sentencia, se hace preciso conjugar en la aplicación la doble dimensión, empresarial y laboral, de manera que se produzca un tránsito ordenado a un nuevo marco en el que la aplicación de los principios del Derecho de la UE inspiradores de la libertad de competencia se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores y, sobre todo, sin merma del empleo en el sector.

Se trata, por tanto, de buscar el punto de equilibrio en la aplicación práctica de la mencionada sentencia, evitando la situación de conflicto entre las libertades económicas y los derechos sociales, unas y otros amparados y soporte del acervo comunitario, o al menos reduciendo al mínimo sus efectos.

Para abordar la dimensión laboral del asunto, los propios Tratados de la UE señalan que la vía prioritaria ha de ser la de la negociación y el acuerdo entre los representantes de los agentes implicados, las empresas y los trabajadores portuarios. La negociación colectiva entre las organizaciones empresariales y sindicales se convierte así en auténtica protagonista de este proceso de transformación del sector y la normativa estatal debe jugar un papel complementario, aunque no por ello menos relevante, al establecer un sistema de ayudas que permitan el tránsito ordenado hacia un nuevo marco normativo sectorial.

Partiendo de lo anterior, el día 28 de febrero de 2017 se constituyó una mesa de negociación presidida por el mediador designado por el Gobierno y aceptado por las partes, Don Marcos Peña Pinto, y con la presencia y participación, por un lado, de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) en representación de las empresas del sector, y, por otro lado, de las organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en representación del colectivo laboral afectado. En la misma, las partes convinieron que los principios que debían regir ese proceso eran la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios, a través de los mecanismos de subrogación que en su caso se acordaran, el compromiso con la competitividad de las empresas, negociando las medidas organizativas que la favorezcan y la
gestión en el futuro del excedente -en caso de que existiera- a través del acuerdo y los procedimientos legales.

Posteriormente, el día 15 de marzo se incorporan representantes del Gobierno a la mencionada mesa y presentan una propuesta de “Acuerdo Tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en el sector de la estiba”, que si se suscribiese por todas las partes garantizaría la continuidad en el empleo de todos los trabajadores que prestan servicios en la actualidad en las SAGEP, una mejora en la organización y productividad de la actividad de estiba y un sistema de ayudas públicas a los estibadores portuarios de mayor edad que voluntariamente causaren baja en las SAGEP.

Trascurridos cuarenta días, el mediador estima que, a pesar de la buena disposición de las partes al entendimiento y el esfuerzo realizado por todos para alcanzar un acuerdo, globalmente éste no es posible y concluye su función el 30 de marzo de 2017 ofreciendo a las partes una “Propuesta de mediación sobre los efectos laborales de la nueva ordenación laboral del servicio portuario de manipulación de mercancías”, cuya aceptación, como se encarga de recordar, depende de la exclusiva voluntad de las partes.

Aceptada por el Gobierno dicha propuesta de mediación, de acuerdo con el principio de coordinar y articular acciones en diferentes ámbitos y con el contenido de la misma, el Gobierno ha decidido mediante el presente real decreto, establecer las condiciones para el mantenimiento del empleo de los trabajadores que en la actualidad prestan servicios en las SAGEP, introducir mejoras organizativas y de producción en el sector de la estiba y desarrollar un plan de ayudas extraordinarias para aquellos trabajadores de mayor edad de dichas sociedades que voluntariamente soliciten la extinción de su contrato de trabajo.

En primer lugar, y en relación con el mantenimiento del empleo, la Propuesta de mediación de fecha 30 de marzo de 2017, determina que “la pluralidad de empresas que participarían de forma indiferenciada en esta actividad de cesión, no permite establecer normativamente una fórmula de continuidad en el empleo que suponga subrogación directa respecto de cada empresa”. Y añade a continuación que: “Esta complejidad hace aconsejable una técnica de regulación que combine la normativa estatal con la normativa convencional, en su manifestación laboral más específica de la negociación colectiva, a efectos de que mediante todas ellas se facilite la continuidad en el empleo de los actuales estibadores”. Dicha mediación considera que su aspecto esencial consiste en mantener el empleo con el instrumento legal que se considere suficiente. Aceptada en estos términos la mediación, la presente norma prevé que se garantizará la continuidad en el empleo de los actuales estibadores portuarios. Protección ésta, garantía legal consecuencia de la aceptación de la mediación.

A estos efectos, en primer lugar, la presente norma prevé que las organizaciones empresariales y sindicales, en cumplimiento de la mencionada Propuesta y de los principios que han inspirado todo el proceso, acuerden garantizar la continuidad del cien por cien del empleo de los actuales estibadores portuarios a través de la subrogación y con los derechos y obligaciones que se establezcan en un acuerdo estatal o convenio colectivo sectorial de igual ámbito.

En segundo lugar, de acuerdo con los mismos principios y la Propuesta del mediador, se aboga por que se consigan mejoras en la productividad de los puertos de manera acordada entre organizaciones sindicales y empresariales. A tal fin, se detallan los aspectos organizativos y de producción sobre los que debería versar la negociación colectiva y los objetivos concretos que deberían alcanzarse, siempre dentro del máximo respeto a la autonomía de los sujetos negociadores y de la legalidad vigente.

Por último, bajo el principio de la mediación de coordinar y articular acciones en estos tres ámbitos, se prevé la concesión de ayudas a los estibadores portuarios de mayor edad que cumplan con los requisitos establecidos en este real decreto, condicionadas a que voluntariamente rescindan su contrato de trabajo con la SAGEP correspondiente. Las ayudas consistirán en la concesión de un subsidio, equivalente al setenta por cien del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos correspondientes a los seis meses anteriores al de la fecha de la presentación de la solicitud, hasta que el trabajador cumpla la edad ordinaria de jubilación, así como el abono de las cuotas debidas a la Seguridad Social durante dicho periodo, calculadas sobre una base de cotización equivalente al promedio de las bases de cotización del trabajador de los seis meses inmediatamente anteriores al de solicitud de la ayuda.

Al efecto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a regular con carácter general el régimen jurídico de las subvenciones, dando un tratamiento homogéneo de esta relación jurídica subvencional en las diferentes Administraciones Públicas, delimitando el concepto de subvención y estableciendo los distintos procedimientos para su concesión, así como justificación de las subvenciones, causas de reintegro, régimen sancionador, etc. Por otro lado, el interés público de la medida que aquí se instrumenta junto con la propia naturaleza de estos procesos de reestructuración, en los que la celeridad en la tramitación de las ayudas puede ser esencial para que los mismos culminen con éxito, determina que el procedimiento más adecuado sea el de concesión directa, previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En base a lo anterior, se considera necesario establecer una norma especial para regular el procedimiento de concesión y el régimen de justificación de las subvenciones que se concedan a los trabajadores de mayor edad de este sector que voluntariamente causen baja en su SAGEP, que debe ser aprobada por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 67.2 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

El presente real decreto cuenta con dieciocho artículos, distribuidos en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, cuatro disposiciones finales, una disposición derogatoria y cuatro anexos.

El capítulo I establece, en el primer precepto del articulado, el objeto y ámbito de aplicación del real decreto. El capítulo II se ocupa del mantenimiento del empleo y las condiciones de trabajo. El capítulo III recoge las medidas de organización del trabajo y productividad. Finalmente, el capítulo IV regula el régimen de ayudas.

Las dos disposiciones adicionales constituyen desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). Lo anterior sin perjuicio del compromiso del Gobierno de promover la adaptación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, al sector de la estiba portuaria.

La disposición transitoria regula una ampliación del concepto de beneficiario de las ayudas contenidas en el capítulo IV.

La disposición derogatoria única deroga la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.

La disposición final primera constituye desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 8/2017, mientras que las restantes se refieren, respectivamente, al fundamento constitucional, facultades de desarrollo y entrada en vigor.

En la tramitación de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas, así como las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, con el informe del Ministro de Hacienda y Función Pública, .... Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de...

DISPONGO

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.


1. El presente real decreto tiene por objeto establecer las condiciones para el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP), introducir mejoras organizativas y productivas en el sector y establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones laborales del sector como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Todo ello en desarrollo del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).

2. El régimen de ayudas previsto tiene como finalidad facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad en las mejores condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de la estiba, facilitando a estos trabajadores una cobertura económica, siempre que cumplan las condiciones y requisitos previstos en este real decreto.

3. Será de aplicación lo dispuesto en este real decreto en relación con las medidas de mantenimiento del empleo, así como el régimen de ayudas, a los estibadores portuarios que prestan servicio a través de las (SAGEP) existentes en los puertos de interés general.

4. Las medidas relativas a organización del trabajo y productividad se implementarán en los términos establecidos en el capítulo III de este real decreto.

Capítulo II Mantenimiento del empleo y condiciones de trabajo

Artículo 2. Mantenimiento del empleo.


1. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podrán establecer, mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito, las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo de los trabajadores portuarios que en la actualidad prestan servicios en las SAGEP.

2. Las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, tanto si optan por dejar de ser accionistas de las SAGEP como si continúan en ellas, se podrán subrogar como empleadoras de los trabajadores de las SAGEP directamente, integrándose éstos en las plantillas de las empresas. En los supuestos en que los trabajadores permanezcan en las SAGEP, la titularidad de la relación laboral no se verá afectada.

3. Las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías que opten por dejar de ser accionistas de las SAGEP, se subrogarán como nuevas empleadoras cuando así se acuerde conforme a lo dispuesto en el apartado 1. Se entenderá igualmente producida la subrogación, porque se acuerde de igual forma, cuando el estibador portuario se incorpore a un Centro Portuario de Empleo creado por empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías que sean accionistas de las SAGEP.

4. Las condiciones en que se llevará a efecto la subrogación se determinarán en el mismo acuerdo estatal o convenio colectivo sectorial de ámbito estatal que la acuerde. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación a los trabajadores subrogados de los derechos y obligaciones que se establecen en el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, o acuerdo que lo sustituya, y en los convenios colectivos de ámbito inferior.

Capítulo III Organización del trabajo y productividad

Artículo 3. Facultades de organización y dirección.


1. Corresponde a la empresa titular de la licencia de servicio portuario de manipulación de mercancías, en su condición de empleadora, el ejercicio de las facultades de dirección, organización y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Idénticas facultades le corresponden a la empresa en el caso de que la contratación de los trabajadores portuarios se haya realizado por medio de Centros Portuarios de Empleo o Empresas de Trabajo Temporal.

2. Entre las facultades de dirección y organización a que se refiere el apartado anterior, se entiende incluida la de designar al personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias. El ejercicio de esta facultad de designación requerirá la negociación en cada puerto de las medidas de flexibilidad necesarias para garantizar una mejora de la productividad. La negociación se llevará a cabo por los sujetos legitimados para la negociación colectiva sectorial a nivel de cada puerto, y durante un plazo de quince días a partir de que las empresas hayan facilitado a la parte sindical la información sobre las órdenes o instrucciones que vayan a alterar el régimen de nombramientos y destinos conforme a los usos y costumbres aplicados hasta la actualidad en dicho puerto.

En el supuesto de que en el plazo indicado no se hubiera alcanzado un acuerdo, se remitirán las discrepancias a la comisión negociadora del convenio colectivo sectorial de ámbito estatal, que resolverá lo que proceda. En caso de persistir el desacuerdo, se recurrirá a los procedimientos de resolución de conflictos establecidos en el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (mediación y arbitraje).

3. En cualquier caso, se incorporarán al acuerdo sectorial estatal las medidas de flexibilidad que se pacten.

Artículo 4. Otras medidas.

1. Las partes podrán negociar medidas complementarias para la mejora de la competitividad de los puertos, incluida la reducción salarial del diez por ciento de las retribuciones de los trabajadores portuarios del servicio de manipulación de mercancías cuyos ingresos mensuales brutos superen en un cinco por ciento el triple del importe del salario mínimo interprofesional vigente.

2. Podrán ser igualmente objeto de negociación en el marco del convenio sectorial estatal las materias comprendidas en los actuales capítulos III, IV y V del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. Todo ello sin perjuicio de que en el futuro las partes acuerden reenviar la negociación de alguna de estas materias o delegar su desarrollo en los ámbitos inferiores de negociación.

Capítulo IV Régimen de ayudas

Artículo 5. Ámbito de aplicación.


Las ayudas reguladas en este capítulo serán de aplicación una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo de mantenimiento del empleo previsto en el artículo 2 de este real decreto.

Artículo 6. Naturaleza y régimen jurídico aplicable.


1. Las ayudas reguladas en este real decreto tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones y se regirán, además de por lo establecido en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo en lo que afecta a los principios de publicidad y concurrencia; por su reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como por las demás normas que resulten de aplicación.

2. Se otorgarán en régimen de concesión directa, conforme a los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 67 de su Reglamento, por concurrir en la concesión de las mismas razones de interés público y dificultades en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza de la situación de urgencia y necesidad socio-laboral en la que quedarán los trabajadores una vez causen baja en la empresa.

Artículo 7. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los estibadores portuarios que a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto presten servicios a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios existentes en los puertos de interés general y que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener cumplida una edad, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, que sea inferior en sesenta meses, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores
, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. A los efectos de determinar dicha edad ordinaria de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes al periodo de percepción de la ayuda.

2. Tener cubierto el periodo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social al alcanzar la edad ordinaria para el acceso a la misma que en cada caso resulte de aplicación, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

3. Encontrarse prestando servicios como estibador portuario en la correspondiente SAGEP con anterioridad al 11 de diciembre de 2014, y mantenerse en dicha situación hasta el día de concesión de la ayuda.

4. Haber extinguido de forma voluntaria el contrato laboral con la empresa y haber causado la correspondiente baja en la Seguridad Social una vez concedida la ayuda en el plazo previsto en el artículo 12.3 del presente real decreto.

5. No estar incurso en alguna causa de incompatibilidad para pedir la ayuda, ni en alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 8. Cuantía y duración de la ayuda.

1. La ayuda especial que recibirá el trabajador consistirá en un subsidio mensual y en la cotización a la Seguridad Social durante el periodo de percepción del mismo.

2. La cuantía inicial del subsidio mensual que percibirá el beneficiario será el 70 por ciento del resultado de dividir entre siete la suma del salario íntegro percibido en la SAGEP correspondiente, de los últimos seis meses anteriores al de la fecha de la presentación de su solicitud de ayuda.

3. La ayuda incluirá igualmente la cotización del trabajador al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en los términos establecidos en el artículo siguiente.

4. El subsidio podrá percibirse, desde el día siguiente a que el trabajador cause baja en la empresa, hasta un máximo de sesenta meses y, en todo caso, se extinguirá al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

5. Durante el primer año de percepción, la cuantía del subsidio será la que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. Para el segundo y sucesivos años se incrementará acumulativamente de acuerdo con el promedio del índice de revalorización de las pensiones contributivas de la Seguridad Social establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en que se comience a devengar la ayuda, más los índices de revalorización establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los tres años anteriores.

Artículo 9. Situación del trabajador y cotización a la Seguridad Social.


1. Durante el período de percepción de la ayuda el trabajador beneficiario será considerado en situación asimilada al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. No obstante lo anterior, los beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto estarán excluidos a efectos de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, además de todas las prestaciones derivadas de contingencias profesionales, de las prestaciones derivadas de contingencias comunes que no tengan la naturaleza de pensiones.

2. La ayuda incluirá el importe que, en concepto de cotización, deberá ser ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social por todo el periodo de percepción del subsidio, calculado de acuerdo con las siguientes reglas:

a) La base inicial de cotización se determinará tomando el promedio de las bases de cotización por contingencias comunes de los seis meses anteriores al de la fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda.

b) La base de cotización obtenida según el párrafo anterior se revalorizará acumulativamente a partir del segundo año de percepción, en el porcentaje de incremento que se fije para la revalorización de la ayuda, si bien en ningún caso la base de cotización resultante podrá ser superior a la base máxima vigente en cada momento para el grupo de cotización de que se trate.

c) El tipo de cotización será el correspondiente a contingencias comunes establecido para cada año de efectividad de la ayuda, excluido el porcentaje correspondiente a aquellas prestaciones de las que, conforme a lo previsto en el apartado 1, están excluidos los beneficiarios de las ayudas.

Artículo 10. Solicitud de la ayuda.

1. Los trabajadores que cumplan los requisitos previstos en el artículo 7 del presente Real Decreto podrán solicitar la ayuda en cualquier momento anterior al cumplimiento de su edad ordinaria de jubilación establecida en el artículo 8.4 del mismo.

2. Las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica en la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el registro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, calle Agustín de Betancourt, número 4 (28071 Madrid) o en cualesquiera de los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. La presentación de la solicitud implica la autorización al órgano instructor para que obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, el Documento Nacional de Identidad del trabajador o documentación equivalente en caso de extranjeros, la acreditación del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que consten las bases de cotización por contingencias comunes de los seis meses anteriores al de la fecha de la presentación de la solicitud y la certificación del Instituto Social de la Marina en la que conste que se cumplen los requisitos del artículo 7 puntos 1 y 2, la fecha en la que cumplirá la edad ordinaria de jubilación y que no se es beneficiario de una pensión de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

No obstante, el interesado podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la documentación prevista en el párrafo anterior en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4. La solicitud se presentará en el modelo oficial que figura en el anexo I del presente real decreto y deberá ir acompañada de la siguiente documentación.

a) Certificado de la empresa, en el que consten los salarios de los seis últimos meses anteriores al que se presente la solicitud de la ayuda, en el modelo oficial que figura en el anexo II del presente real decreto.

b) Declaración responsable de no estar incurso el trabajador en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, comprometiéndose a mantener el cumplimiento de dicho requisito durante el tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho. Asimismo, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, declaración de no tener deudas con la Administración Pública por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro, comprometiéndose a mantener el cumplimiento de dicho requisito durante el tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho. Esta declaración podrá presentarse en el modelo oficial que figura en el anexo III del presente real decreto.

Artículo 11. Órgano resolutorio.

La competencia para la concesión de las ayudas corresponde al titular de la Secretaría de Estado de Empleo, que podrá delegarla en el titular de la Dirección General de Empleo, según la cuantía a que ascienda la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente orden de delegación de competencias.

Artículo 12. Procedimiento para la concesión de la ayuda.

1. La Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social será el órgano competente para la tramitación del expediente y formulación de la propuesta de resolución que proceda.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión de la ayuda será de dos meses. Transcurrido el referido plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la ayuda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, o contra la desestimación por silencio administrativo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. La resolución estimatoria de la ayuda quedará condicionada a que el trabajador, en un plazo máximo de diez días, desde su recepción, solicite en la empresa la extinción de su relación laboral y cause baja voluntaria en la Seguridad Social.

Transcurrido el plazo sin que el trabajador haya causado baja en la empresa la concesión decaerá y el trabajador deberá presentar una nueva solicitud.

Así mismo en el plazo de los diez días siguientes a su baja en la empresa el trabajador debe comunicar ésta a la Dirección General de Empleo, en cuyo caso el pago de la ayuda se producirá desde el día siguiente al de la baja en la empresa. Transcurrido dicho plazo el pago de la ayuda comenzará al día siguiente de la comunicación de la baja en la empresa a la Dirección General de Empleo.

4. La concesión de las ayudas estará condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio presupuestario.

Artículo 13. Incompatibilidad de la ayuda.

1. No podrán concederse las ayudas previstas en este real decreto a aquellos trabajadores que en el momento de la solicitud hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, ni a aquellos que a la fecha de la concesión sean beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Tampoco se podrán conceder a aquellos trabajadores que ejerciten la facultad que les confiere la disposición adicional primera, apartado 2 del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).

2. El reconocimiento de una incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta o gran invalidez, con posterioridad a la concesión de la ayuda, será compatible con las ayudas previstas en este real decreto. No obstante, la cuantía del subsidio se verá reducida en la misma cuantía de la pensión.

3. Las ayudas reguladas en el presente real decreto son incompatibles con el desempeño de una actividad remunerada, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que la misma sea comunicada por el beneficiario al órgano instructor en los términos previstos en el artículo siguiente.

4. Las ayudas previstas en este real decreto serán compatibles con las ayudas de análoga naturaleza que las comunidades autónomas u otras entidades públicas hubieran concedido o tuvieran previsto conceder, salvo que la suma de ambas ayudas supere el cien por cien del promedio de los salarios del trabajador en los últimos seis meses anteriores al de la fecha de la presentación de su solicitud de ayuda, en cuyo caso la suma de aquellas se verá reducida hasta dicho tope.

Artículo 14. Extinción y suspensión de la ayuda.

1. Las ayudas previstas en este real decreto se extinguirán por:

a) Cumplir el beneficiario la edad ordinaria de jubilación, con aplicación de los coeficientes reductores según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

b) Fallecimiento del beneficiario.

2. La realización de una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, comunicada por el beneficiario al órgano instructor, ya sea anterior o posterior a la concesión de la ayuda, determinará la suspensión del pago de la misma.

No obstante lo anterior, en el caso de que la actividad remunerada no sea comunicada al órgano instructor, en el momento de presentar la solicitud de la ayuda o con anterioridad a su desempeño de ser éste posterior a la solicitud dicha circunstancia determinará la extinción de la ayuda concedida.

3. Una vez finalizada la actividad remunerada que previamente haya sido comunicada por el beneficiario al órgano instructor, y en el caso de que el trabajador no haya cumplido la edad prevista en el apartado 1.a) de este artículo, deberá optar entre solicitar la prestación contributiva por desempleo a la que tenga derecho o por la reanudación del pago de la ayuda concedida.

Artículo 15. Financiación.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social los fondos públicos necesarios para el abono de las ayudas, pudiendo hacerlo de una sola vez o fraccionadamente, por anualidades, hasta un máximo de cinco años, con la antelación y por el importe suficiente que garantice la realización por dicho Servicio Común del pago de las ayudas.

Artículo 16. Pago de la ayuda y régimen de justificación y control.

1. Presentada por el trabajador la baja voluntaria en la Seguridad Social en los plazos establecidos en el artículo 12.3, el órgano competente iniciará el procedimiento para el pago de la ayuda solicitada.

2. El pago de las ayudas previstas en este real decreto a los trabajadores beneficiarios se llevará a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social en la misma forma y plazo que las pensiones del sistema de la Seguridad Social, previa recepción en dicho Servicio Común de la financiación suficiente.

3. A tales efectos, la Dirección General de Empleo dará traslado a la Tesorería General de la Seguridad Social de cuantas resoluciones se dicten concediendo dichas ayudas, expresando el número de anualidades en que va a realizarse su aportación, su cuantía y correspondientes vencimientos o, en su caso, si el pago se efectúa de una sola vez, así como de las hojas de valoración de cada uno de los beneficiarios, en las que se harán constar los datos personales y económicos de los mismos. Dichas resoluciones se remitirán también al Instituto Social de la Marina.

En el caso de que durante del periodo de percepción de la ayuda se aprobaran tipos de cotización diferentes a los del año en que se calculó la misma, durante el último año de percepción la Dirección General de Empleo dará traslado a la Tesorería General de la Seguridad Social de la resolución que dicte incrementando el importe de la ayuda o solicitando la devolución de las cuotas ingresadas en exceso según, resulte de los incrementos o reducciones del tipo de cotización.

4. La Dirección General de Empleo realizará las actuaciones de control de estas subvenciones de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, pudiendo recabar de los trabajadores beneficiarios cuanta información sea necesaria para verificar la aplicación de los fondos a las finalidades previstas.

Asimismo, la Tesorería General de la Seguridad Social realizará las actuaciones de comprobación previstas en el artículo 14.1.b) de dicha Ley.

Artículo 17. Reintegro de la ayuda.

1. Procederá el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el beneficiario de la ayuda tanto en concepto de subsidio como de cotización a la Seguridad Social.

El reintegro del subsidio se producirá en los supuestos y en los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aplicándose el procedimiento de reintegro establecido en el Título II de la citada Ley.

El reintegro de las cotizaciones a la Seguridad Social se regirá por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

2. Cuando la reducción, extinción o suspensión de la ayuda se produzca por las causas contempladas en el apartado 2 del artículo 13 o en los apartados 1.b) y 2 del artículo 14, o cuando por errores constatados en la valoración de las ayudas reconocidas se hayan aportado cantidades en exceso, procederá el reintegro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, al Tesoro Público, de la parte de la ayuda financiada que exceda de la que realmente debiera haber devengado el trabajador.

En el caso de que proceda el reintegro de la ayuda como consecuencia del supuesto previsto en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 14 de este real decreto, la Tesorería General de la Seguridad Social realizará el mismo al Tesoro Público por las cantidades no abonadas al trabajador durante los periodos de suspensión, una vez finalizado el plazo para el que fue concedida la ayuda.

En el supuesto de fallecimiento, el reintegro se efectuará a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido.

3. Para que tengan lugar los reintegros establecidos en el apartado 2, el órgano concedente dictará una resolución declarando la procedencia del reintegro, la causa y la cuantía del mismo, y remitirá una copia de dicha resolución a la Tesorería General de la Seguridad Social para que esta última formalice la devolución.

Artículo 18. Responsabilidad y régimen sancionador.


Los beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones se establecen en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Disposición adicional primera. Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del puerto de Cartagena.

Lo previsto en este real decreto será igualmente de aplicación a los estibadores portuarios que prestan servicio a través de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del puerto de Cartagena.

Disposición adicional segunda. Centros portuarios de empleo.

1.Los centros portuarios de empleo tendran por objeto el empleo de los trabajadores portuarios en el servicio portuario de manipulacion de mercancias y la puesta a disposicion de los mismos, con caracter temporal, a las empresas titulares de licencia de prestacion del servicio portuario de manipulacion de mercancias o de autorizacion de servicios comerciales portuarios.

2.Los centros portuarios de empleo deberán obtener la autorización exigida en el artículo 2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. La autorización tendrá eficacia en todos los puertos del territorio nacional, pudiendo no obstante coexistir más de un centro portuario de empleo por puerto.

3.Sin perjuicio de la debida denominación de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.1 f) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, los centros portuarios de empleo incluirán en su denominación los términos “centro portuario de empleo” o la abreviatura “CPE”.

4.Los socios de los centros portuarios de empleo deberán obtener o ser titulares de la licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías otorgada de acuerdo con los artículos 109 y siguientes del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya.

5. Sin perjuicio de lo anterior, los centros portuarios de empleo se regirán por lo dispuesto en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, y restante normativa aplicable a dichas empresas.

Disposición transitoria única. Trabajadores de las SAGEP durante el periodo transitorio de adaptación.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se establecen en el capítulo IV de este real decreto los trabajadores que presten servicios a través de las SAGEP que operan en puertos, cuyo nivel de ocupación a 31 de diciembre de 2016 hubiese estado por debajo del 85 por ciento del nivel óptimo de empleo, y que dichos trabajadores, a lo largo del periodo de tres años a que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, cumplan una edad que sea inferior en sesenta meses, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Ello sin perjuicio de que cumplan además los requisitos que se establecen en los apartados 2 a 5 del artículo 7 de este real decreto.

La solicitud del trabajador, que se podrá presentar en el plazo establecido en el artículo 10 de este real decreto, deberá ir acompañada del certificado de la Sociedad Anónima de Gestión de Trabajadores Portuarios que acredite el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, conforme al modelo oficial que figura en el anexo IV del presente real decreto. El cómputo del nivel óptimo de empleo y del nivel de ocupación se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.

1. Queda derogada expresamente la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

2. Quedan, asimismo, derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.


Disposición final primera. Modificación del certificado de profesionalidad “Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo - Nivel 2”.

Se modifica el certificado de profesionalidad “Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo”, establecido como anexo VIII del Real Decreto 988/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen nueve certificados de profesionalidad de la familia profesional Marítimo-Pesquera que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo IV del Real Decreto 1774/2011, de 2 de diciembre, y como anexo III del Real Decreto 1533/2011, de 31 de octubre, en los términos siguientes:

Uno. Se modifica, dentro del apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad, la duración del módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo, con código MP0555, que queda establecida en 660 horas, y la duración de la formación asociada al certificado de profesionalidad, quedando establecida en 1.110 horas.

Dos. Se modifica, dentro del apartado III. Formación del certificado de profesionalidad, la duración del Módulo de Prácticas profesionales no laborales de operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo, con código MP0555, quedando establecida en 660 horas.

Tres. Asimismo, en el apartado III. Formación del certificado de profesionalidad, dentro del Módulo de Prácticas profesionales no laborales de operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo, se añade un nuevo epígrafe con la denominación “Requisitos de realización”, con el siguiente contenido:

“Este módulo de prácticas profesionales no laborales deberá realizarse en instalaciones portuarias que cuenten con el equipamiento necesario, entre otros, grúas (pórtico y/o convencionales), trastainers y/o van carriers, maphis, reachstackers y carretillas elevadoras de diferente tonelaje.

Al menos el 75 por ciento de este módulo deberá realizarse en operativa real pudiéndose realizar el 25 por ciento restante mediante simuladores.”

Disposición final segunda. Fundamento constitucional.

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, y del artículo 149.1.20a que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de puertos de interés general.

El artículo 9 y el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 17 se dictan al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.17a de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Fomento y a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Fomento y a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.


El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".





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