REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 09/02/2017
El PSOE no apoya al Gobierno, se acabó.
Susana Díaz recibe a los líderes de Coordinadora y le da un golpe a los planes del Gobierno de publicar el Real Decreto de la estiba. Lo critica.
Susana Díaz la lideresa del PSOE sin la que nada se hace ha dado un golpe mortal al Gobierno y su esperanza de convalidar el Real Decreto en 30 días. En un hecho sin precedentes y jugando con su doble condición de presidenta de la Comunidad y lideresa recibió ayer a la cúpula de Coordinadora y en un calculado gesto ha hundido las esperanzas del Gobierno de tener el apoyo del PSOE.
Comunicado de la Junta de Andalucía:
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido la necesidad de un acuerdo entre el Gobierno central, empresas y sindicatos para adaptar el trabajo de la estiba en los puertos españoles a los requerimientos fijados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Díaz se ha reunido en San Telmo con representantes del comité de empresa de los estibadores del Puerto de Algeciras (Cádiz) y de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (CEEP), que le han trasladado su preocupación porque el Gobierno pretenda aprobar la nueva normativa de forma unilateral y por decreto.
La presidenta de la Junta ha señalado que, si bien es preciso modificar la legislación española de la estiba en los términos contenidos en la sentencia del tribunal europeo, es igualmente necesario que ese cambio normativo tenga en cuenta los acuerdos que puedan alcanzar los sindicatos y empresarios del sector, siempre que no contravengan el fallo del TJUE.
Susana Díaz ha recordado que el Gobierno central ha tenido más de cinco años para afrontar con diálogo y consenso este cambio normativo, ya que el primer requerimiento de la Comisión Europea se produjo en noviembre de 2011.
Por ello, ha cuestionado que el Ejecutivo central pretenda resolver este importante asunto de manera acelerada, ahora que España puede afrontar sanciones por no haber llevado a cabo la adaptación legal, mediante decreto y sin tener en cuenta las negociaciones que mantenían empresas y sindicatos y sin informar tampoco a las Autoridades Portuarias, que son las responsables de la gestión de los puertos.
Para la presidenta andaluza, lo más adecuado sería impulsar el acuerdo e intentar que las tres partes (Gobierno, empresas y sindicatos) negocien con la Comisión Europea la adecuación a la sentencia europea.
Comunicado del Ministerio de Fomento a las 20.00
El Ministerio de Fomento ha estado dialogando y negociando con el sector de la estiba durante dos años, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2014, por la que se condenaba al Reino de España al considerar contrarios al Tratado de la UE aspectos relevantes de la regulación de la estiba en la Ley española de Puertos.
El Ministerio trasladó al sector que presentara una propuesta consensuada. Sin embargo, todas las peticiones que han hecho han sido rechazadas por la Comisión Europea, al considerar que no cumplen con lo requerido en la sentencia. De hecho, la principal reivindicación que han hecho los sindicatos del sector ha sido la creación de un registro nacional de trabajadores. Esta propuesta se planteó ante la Comisión Europea que, en fecha 27 de julio de 2016, contestó al Ministerio que era contraria a la sentencia y no se iba a admitir.
El Ministerio de Fomento ha elaborado una norma para dar cumplimiento a la sentencia, en la que se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores. El objetivo no es otro que garantizar sus derechos.
Para ello, por ejemplo, se establece un periodo transitorio de adaptación de 3 años, que permitirá a los trabajadores y a las empresas actuales adaptarse al nuevo marco legal.
Asimismo, se establece un sistema de compensaciones financieras de la Administración portuaria, de modo que se facilita que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes (pasivos laborales).
Además, y en cuanto a los requisitos de capacitación de los trabajadores, no serán exigibles los requisitos de titulación a aquellos que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.
La segunda sentencia de la Unión Europea, que se producirá en fechas próximas, supondrá para España 134.000 euros cada día por incumplir la sentencia.
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