REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 12/04/2017
El Gobierno tiene que lidiar con un nuevo frente.

Los trabajadores portuarios consideran ilegales las ayudas a la estiba.


Las negociaciones con la patronal y los trabajadores del sector de la estiba, que incluye la aportación de fondos públicos para la adaptación al nuevo régimen exigido por los tribunales europeos, han desatado la indignación de los empleados que dependen de las diferentes autoridades portuarias, según ha informado el diario Vozpópuli.

El Gobierno ha cuantificado en unos 120 millones de euros el coste del apoyo que está dispuesto a dar para facilitar la transición hacia el nuevo sistema, algo que no ha gustado a estos colectivos, pues denuncian que han sufrido en estos años recortes salariales por valor de 70 millones de euros por los efectos de la crisis y que, además, están sin convenio colectivo desde el año 2009.

Estos colectivos denuncian que, en su día, la Administración aseguró no disponer de fondos para compensar los recortes que sufrieron sus salarios debido a las medidas de austeridad para las empresas públicas que puso en marcha el Gobierno de Zapatero. De ahí que consideren discriminatorio que, ahora, el Gobierno apoye económicamente a un sector como el de los estibadores, cuyos salarios son notablemente más elevados.

Por el momento, han decidido elevar varios escritos a la Comisión Europea alertando de que el Gobierno español estaba dispuesto a conceder ayudas a la estiba que podrían ser consideradas como ilegales en el marco de la legislación comunitaria. La denuncia, elevada ante la Comisaría de Competencia, fue rechazada como tal al considerar este departamento que el colectivo no cumplía los requisitos para elevar una reclamación de este tipo, entre los que figura el ser considerado como "parte interesada".


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