REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 09/05/2016
Editorial.

Piedras, hormigón y cemento.

El grupo Masaveu se convirtió en el gran suministrador.

Las claves del caso El Musel.


Pocas veces se ha descrito públicamente una investigación de forma tan minuciosa por delante de la justicia. Es el caso del Musel, donde el aluvión de datos es escalofriante. La tecnología de muchos puertos se resume para los profanos en echar al mar tierra y piedras y protegerlos con bloques de hormigón. En la cuentas de esta tierra, piedras, hormigón y cemento están las claves del puerto.

Aparte de los cálculos de tráfico, es decir, cuantos contenedores o toneladas de carbón en el caso del Musel van a pasar en el futuro, la principal preocupación de los diseñadores, el motor del diseño es dónde se van a encontrar las grandes cantidades de piedra y cemento para hacer el puerto de una forma rápida y económica.

La mayor parte del gasto de un puerto está en extraer las piedras, transportarlas, y verterlas, y lo mismo con los bloques de hormigón que tienen que ir siguiendo el proceso de construcción, protegiendo el dique de tierra y piedras de los embates del mar. Se hace en verano y rápidamente se ponen los bloques de hormigón.

En el caso del puerto de Gijón, muchas de las claves de las presuntas irregularidades denunciadas por la OLAF, la Oficina Antifraude Europea, y la Fiscalía Anticorrupción, aparte de los abogados de las acusaciones particulares, están en esas piedras, el hormigón y el cemento.

El caso El Musel la búsqueda de las piedras, el hormigón y el cemento, empezó mucho antes.

Antes de que el proyecto se aprobase, ya el presidente del puerto había firmado un acuerdo con una cantera muy cercana al puerto en Aboño, propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico, con la idea de asegurarse el suministro para el nuevo puerto de Gijón.

Se suscribió el acuerdo pero con una cláusula que le daba a Hidroeléctrica la posibilidad de salir de ella si necesitaba esos áridos, para sus propios fines industriales.

En el pliego de condiciones del puerto, una cláusula, según dicen los expertos, ya se introdujo la conveniencia de que los que optasen a la adjudicación de la construcción del puerto utilizasen esa cantera de Aboño. Este clausulado fue ya criticado por la intervención del Estado que advirtió al puerto que vulneraba la directiva comunitaria de contratación pública y que discriminaba a favor de algunos de los posibles candidatos.

De hecho, en el momento de la adjudicación se rechazó al parecer la oferta de la constructora Sacyr, unos sesenta millones de euros más barata, por que no se había proyectado utilizar esa cantera de Aboño que se suponía le daba más seguridad al puerto. Sacyr utilizaba canteras más lejanas.

La obra se adjudicó a una UTE, una unión temporal de empresas liderada por Dragados de ACS, pero en las que se repartían el resto de constructoras como FCC, o SATO.

El caso, es que al parecer casi desde el inicio como denuncia nada menos que el expresidente del puerto de Avilés, Raimundo Abando, incluso antes de la concesión o al muy poco tiempo de haberse concedido este, ya la UTE constructora pensaba que la cantera de Aboño no se iba a poder utilizar y que habría que utilizar otras.

En esta cuestión de si se conocía previamente que Hidroeléctrica iba a reclamar para sí el uso de la cantera y por tanto esta no se iba a utilizar, y si esta situación era conocida por los directivos del puerto y los directivos de la UTE constructora, se asientan las acusaciones de irregularidades por partes de la Fiscalía, la OLAF y las acusaciones particulares.

Esto se ha quedado sin investigar en este momento porque justo la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional iba a obligar a los directivos de la UTE a seguir sus esclarecedoras primeras declaraciones. Tras la primera declaración del director de la UTE, que fue bastante reveladora, todo se ha detenido al decidir sorprendentemente la jueza Carmen Lamela inhibirse del caso, retirarse de él y mandarlo a los Juzgados de Gijón.

Sea como fuera estas circunstancias de si se conocía previamente por algunos de los implicados que la cantera de Aboño no se iba a poder utilizar, la realidad es que a partir de esa situación entra en juego otro grupo muy importante y decisivo en la política asturiana, el grupo Masaveu. Banqueros, dueños de la tradicional cementera asturiana Tudela Veguín, con miembros de su familia en el Partido Popular pero también muy próximos como no podía ser menos en unos industriales asturianos al aparato del Partido Socialista que durante tanto tiempo había gobernado Asturias con Vicente Álvarez Areces. Areces participó sin ser miembro en el consejo de administración que adjudicó el puerto.

El caso es que el gran beneficiado de que Hidroeléctrica negase la utilización de la cantera de Aboño ha sido el grupo Masaveu porque el grupo fue el que sustituyó con sus canteras a la cantera de Aboño, multiplicando por 3 ó 4 el precio de los áridos, de 7 euros a 24 a 30.

Esta elevación del precio de la piedra y de la tierra está en el centro de los sobrecostes que la Comisión Europea, ante el informe de la OLAF, se niega a pagar en una cifra que ronda los trescientos millones de euros.

Hay que recordar que el puerto se adjudicó por unos 579 millones de euros y que después ha venido a costar unos 826 millones de euros, casi 300 de más.

El caso es que el grupo Masaveu sustituyó a los otros proveedores de piedra, cemento, tierras y hormigón como proveedores a la UTE, y facturo directa o  indirectamente en plena crisis unos 250 millones.

Con ciertas particularidades que ha denunciado Raimundo Abando expresidente del puerto de Avilés y de Ciudadanos por Asturias y que también hacen las acusaciones particulares de que el precio no solo de los áridos, es decir, las piedras machacadas, las piedras en bruto y la tierra, aumentaron casi hasta más que cuatriplicarse en precio sino que el cemento también salió muy caro.

El cemento que la cementera de Masaveu suminstraba al puerto era el 20% más alto del que el mismo que Dragados utilizaba en el puerto de La Coruña mucho más lejos del punto de suministro de la cementera de Masaveu, Tudela Veguín.

Es más años antes el grupo Masaveu cuando se proyectó el puerto alrededor del 2004 había logrado colocarse como único proveedor más cercano de cemento al bloquear la entrada del
grupo valenciano Cementos La Unión que quería instalar una planta de procesamiento de clinker en el puerto de Avilés.

Curiosamente, según denunció el expresidente del puerto de Avilés, cuando llegó en 2011, el grupo Masaveu no había realizado la planta de procesamiento que se adjudicó en 2005 compitiendo con Cementos La Unión, quitándole la concesión con un proyecto menos interesante y que luego no haría. Estuvo pagando un canon anual a Avilés, cercano al cuarto de millón de euros durante al menos cinco años y al final logró que el presidente, Docampo del PSOE le eximiese de la obligación de construir la planta.

Se constituía Masaveu de cara a la aprobación del proyecto del puerto en el suministrador de cemento más cercano, el de piedras y áridos lo fue porque la cantera de Aboño en la que se había confiado dejó de serlo y se constituyeron ellos en proveedores de casi todo.

Aquí entra otro factor inexplicado y que tendrán que ser los jueces de Gijón si la sala de lo penal de la Audiencia no lo remedia, ya que la jueza ha declinado investigarlo, las razones por las cuales las empresas constructoras no pusieron ningún reparo los aumentos de precio del triple o cuádruplo que les cobró el grupo Masaveu, ni tampoco por qué pagó por el cemento más caro cuando en otras obras no lo pagaba.

Tanta generosidad abruma.

Hay que recordar otro factor y es que en aquella época y tras la crisis del año 2008 y ya con anterioridad, la entrada de cemento extranjero en forma de clinker, es decir, cemento en bruto, que solo hace falta moler, había hecho su aparición en España. Cemento turco y de otros países invadieron nuestros puertos a un precio tremendamente inferior al cemento nacional, provocando una crisis entre las empresas cementeras españolas que se han estado consolidando desde entonces. Curiosamente el puerto de Gijón no se benefició de este desplome del precio del cemento en los años que hubo desde el 2008 en adelante justamente cuando empezó a construirse.

Pero no es este solo uno de los interrogantes a los que la investigación tendría que responder, sino que en sus primeras declaraciones, el director de la Unión Temporal de Empresas desveló que había realizado para el grupo Masaveu hasta 80 millones de euros de trabajos que no les había facturado, que junto a los 150 millones que se habían pagado en parte por áridos y piedras, suponen una suma que supera los 250 millones de euros que habría facturado el grupo Masaveu por estas partidas solamente en el puerto de Gijón.

Las acusaciones se preguntan cómo es que unas empresas constructoras tan agresivas aceptaron sin rechistar los precios que les ponían.

Cómo además aceptaron pagar por estas mediante la realización de otras obras para Masaveu, que al parecer no se facturaron y que provocaron que el Fiscal pidiese una investigación fiscal sobre ellas y por qué después de todas estas vicisitudes de haber pagado lo que aparentemente está claro fue de más por parte de las empresas constructoras y la principal Dragados, esta reacciona airadamente y ante las presiones del presidente de la Autoridad Portuaria, Ménendez Rexach, de que les haga una rebaja de 160 millones, han replicado con una demanda pidiendo unos 380 millones de euros por los sobre costes del puerto del Musel.

Parecería, a ojos de las acusaciones que la clave está en quién se benefició de las piedras, la tierra y el hormigón, pagados con sobrecostes que si bien en un primer momento a Dragados no le inquietaron, luego ha reclamado.

Las claves del caso están por tanto en hacer la suma de las cantidades de esos 826 millones de euros que ha costado el puerto y trabajar hacia atrás hasta dar con quienes han sido los beneficiarios claros.

La clave está como en cualquier puerto de estas características, en unas sumas sencillas de ver cuánto se ha facturado, y quienes han facturado por los millones de toneladas que se han vertido de piedras, tierra y hormigón. Calcular cuánto han costado esto que supuestamente se ha usado, o no.

En esto la OLAF fue clara y lo denunció. Pero es más la OLAF desconfía no solo de los precios si no de que las cantidades fuesen realmente vertidas en el puerto.

Y por eso ha reclamado todas las pesadas y los cálculos y procedencia de los áridos que se usaron, porque también duda que su procedencia fuese de las canteras que se dice. Cree que incluso se pudieron utilizar estériles de minas y otras tierras que podrían no ser las que el proyecto contemplaba. Y como se lo negaron desde la UTE lo remitió a los tribunales españoles para que lo investigue.

Se dan otras curiosidades, como que la obra se desarrolló bajo los socialistas, tanto en Asturias como en Madrid, de la mano de Vicente Areces y Magdalena Álvarez, respectivamente, el proyecto presentado por el puerto de Gijón y por la Administración socialista fue al final aprobado por el ente Puertos del Estado, siendo ministro Álvarez Cascos.

Aunque al final el puerto aprobó la construcción en julio de 2004, ya con el Gobierno de Zapatero, Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento habían dado por bueno el proyecto, introduciendo aquí unos interrogantes complejos sobre la relación que podía tener Álvarez Cascos con los industriales asturianos que podrían construir o participar en la construcción del puerto. Porque si bien Cascos, después se ha pronunciado en contra de las irregularidades tuvieron que tener poderosas razones para aprobar un proyecto de ampliación que después no les gustó.

Además, incluso el proyecto de ampliación era todavía mucho más grande en volumen porque se habrían extendido otros 200 metros más hasta una zona de mar, llamada los bajos de Amosucas, que la realidad casi habrían cerrado la playa de Gijón y multiplicado por dos el negocio de los áridos, y el cemento.

Mas
curiosidades es que el bufete que reclama para Dragados 350 millones de euros por sobrecostes es el exabogado de Puertos del Estado, en época de Cascos, Juan Ramón García Notario.

Se ciernen por tanto unos interrogantes, que aunque para las acusaciones particulares, partidos políticos y movimientos ciudadanos en Asturias, les pueden parecer claros, para el resto de ciudadanos solo queda reclamar a la Audiencia Nacional que investigue todas estas dudas sobre un caso muy simple que es quién vendió la piedra, tierra y hormigones, a qué precios, comparados con los de mercado, quienes pagaron por ello sin rechistar, por qué ahora reclaman enormes cantidades de sobrecoste, y una vez que se acredita esto, saber dónde ha ido ese dinero.

Porque si hubiese ido a las arcas de las empresas constructoras, la pregunta final es por qué estarían reclamando ahora.

¿No será que gran parte de los sobrecostes se desviaron a otros fines, no llegaron a las constructoras y por esto reclaman, se pregunta Raimundo Abando?.



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