REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 04/01/2022
Documento en Exclusiva.

La IGAE ya decidió que las Bajas Incentivadas, eran nulas de pleno derecho a principios de 2020.


La Intervención General de la Administración del Estado formuló, ya en 2019, determinadas consultas sobre el contenido del articulo 30 del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, a la Dirección General de Costes. A principios de 2020 tuvo la respuesta de la misma, que fue contundente. Campa se fue inmisericorde con la aplicación de las bajas a los de fuera de convenio.

El articulo 18. Seis de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 establece que serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados con omisión del tramite de informe o en contra del informe de la CSNCEP.

De acuerdo
con dicho tenor literal, la IGAE solicitó el parecer de la Dirección General de Costes en dos cuestiones, las bajas y la masa salarial, esta es la contestación sobre la legalidad de las Bajas Incentivadas a Fuera de Convenio:

I) Partiendo de que el Acta de Cierre de la Comisión Negociadora del citado III C.C. establece en su apartado 7 que "el artículo referido a la jubilación parcial e incentivada será aplicable a todos los trabajadores del sistema portuario de titularidad estatal", y de ello no se dice nada en el Informe de esta Dirección General de Costes, se formula consulta sobre la aplicación extensiva que está realizando Puertos del Estado al personal no sujeto a convenio colectivo.

Sobre esta cuestión hay que resaltar, en primer lugar, que el Acta de cierre de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo, donde se recoge que el articulo referido a la jubilación parcial e incentivada, sera aplicable a todos los trabajadores del sistema portuario de titularidad estatal, es el de fecha 3 de octubre de 2018, remitido como propuesta inicial junto con el texto del convenio. Dicha acta, así como el texto inicial del convenio, no fueron, en ningún caso, informados por la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Publicas (CSNCEP). A este respecto se recuerda que el articulo 18. Seis de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 establece que serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados con omisión del tramite de informe o en contra del informe de la CSNCEP.

Después de sucesivas aclaraciones y modificaciones efectuadas en el texto del convenio inicialmente remitido, el Preacuerdo es remitido definitivamente por la entidad a la CSNCEP junto con el Acta de la Comisión Negociadora del III Convenio colectivo de fecha 23 de abril de 2019, donde no figura ningún apartado referido a las bajas incentivadas.

En este sentido, resaltar también que el art 1 del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias que regula su ámbito funcional y territorial, excluye expresamente de su aplicación a los puestos de trabajo de personal no acogido a convenio.

La segunda cuestión esta referida a la interpretación que Puertos del Estado hace sobre las indemnizaciones a satisfacer por bajas incentivadas, al entender el Organismo que dichas retribuciones no tienen la consideración de masa salarial, con base en el artículo 18.4 de la Ley 6/2018 de la LPGE para el año 2018, en el que se exceptúan de la misma las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

Con respecto a dicha cuestión, el apartado Cuatro del articulo 3 del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector publico, determina también que la masa salarial está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en el año anterior, pero excluye expresamente las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

Aunque no se trata exactamente del mismo supuesto, parece lógico que deban quedar excluidos de la masa salarial aquellos conceptos que tengan un carácter meramente indemnizatorio y, por tanto, no consolidable, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la masa salarial es establecer el montante retributivo máximo para proceder, en términos de homogeneidad, a la negociación colectiva del ejercicio correspondiente.

Todo ello sin perjuicio del criterio que al respecto puedan formular la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.

EL DIRECTOR
GENERAL Juan José Herrera Campa



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