REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 19/07/2018
Coordinadora vis Anesco
“jaula de grillos”.

Por Enrique Arraiz.


“Lo importante en una negociación colectiva no es tener la razón, sino que te la den”.

Para lograr un buen acuerdo no es necesario poner sobre la mesa todo aquello que se pretende exigir, sino una serie de objetivos que den sentido a la propuesta que se quiere negociar.

Desde el Ministerio de Trabajo se dice «no tener fuerza suficiente para derogar toda la reforma laboral pero sí que parece tenerla para reformar uno de sus pilares básicos, la negociación colectiva».

Aunque este gobierno de Pedro Sánchez no podrá llevar acabo todas las reformas que se ha propuesto, lo cierto es que el sindicato portuario Coordinadora no perderá la oportunidad para lograr que su “V Acuerdo Marco” vea la luz tal cual lo ha planeado.

Es cuando surgen conflictos de intereses entre sindicatos y empresas del sector porque la reforma de la estiba que se inició tras la sentencia del 2014 no se ha culminado. El escenario socioeconómico que se dio en aquel entonces para negociar ha cambiado drásticamente en perjuicio de los trabajadores de la estiba.

Coordinadora se ve así mismo como el paradigma de la estiba capaz de reformar un modelo portuario que defendió hasta julio del año pasado apasionadamente llegando incluso, a culpar al gobierno de Rajoy de destruir un modelo competitivo, eficiente y todo un referente en el mundo, a palabras de su coordinador general, Antolín Goya.

Pero la realidad supera a la ficción y la economía global vuelve a perder fuelle con un retroceso del 0,6% según el Banco de España, señales que denotan una clara ralentización del comercio mundial que comenzaron a apreciarse mucho antes de las medias proteccionistas implantadas por Estados Unidos contra Europa y China.  
Por su parte, la economía española nada contra corriente aumentado el gasto público y desoyendo a la Comisión Europea sobre la necesidad de aplicar recortes a causa de factores estructurares que no se han podido corregir debido al excesivo endeudamiento, así como al incumplimiento reiterado del déficit público.

Con este panorama, Coordinadora ha decidido lanzarse a por el control de todas las actividades del sector portuario como táctica para crecer y “gestionar” los puertos. La política planteada desde el Ministerio de Fomento hasta la llegada de Pedro Sánchez dejó claro que no había intención por acabar la reforma como tampoco Coordinadora tenía el más mínimo propósito en permitir que los planes de José Llorca llegaran a buen puerto.

Entre tanto canto de “grillos”, están las empresas portuarias quienes encuentran dificultades para seguir invirtiendo debido al exceso de deuda que, sumado a  las incongruencias y la falta de compromisos laborales, está sembrando un mar de dudas entre las empresas que quieren operar en los puertos españoles, de ahí el interés de Coordinadora por aumentar los censos.

La situación, no solo se ha entrado en un “impasse”, además cada uno ha tomado su propio rumbo, augurándose convertir los puertos en una “república bananera” a diestro y siniestro. 
Ya se habla de privatización de los puertos, de las autoridades portuarias y nadie quiere quedarse fuera del reparto. Las agrupaciones de empresas, por ejemplo, quieren tener voz y voto en la futura reforma del entorno portuario aduciendo su singularidad y aportación al crecimiento portuario.

El problema no es privatizar o ceder competencias, sino contrarrestar el oligopolio y el expolio de los recursos públicos como son las infraestructuras portuarias y todas sus redes adyacentes como carreteras o corredores ferroviarios pasando por espacios logísticos.

La política de Coordinadora hasta noviembre pasado ha sido una defensa a ultranza de una profesión que realmente no existe, la de estibador portuario. No lo es porque no está regulada en nuestro país como lo puede estar en Sucia, Finlandia o Dinamarca y de ahí las dificultades para tomar el control de la formación en los futuros CPE a través de la formación que tanto reclama para sí.  

Para que la formación cumpla su función, es decir crear profesionales a un coste real y racional, las empresas deben ceder la formación de sus trabajadores a entidades que deberían estar certificada por Puerto del Estado y no por convenio.

El problema surge cuando la mentalidad española está asociada, en general, a intereses y objetivos económicos lo que resta eficacia a toda propuesta o iniciativa, por ejemplo, adaptar y dinamizar la formación profesional para que sea más accesible al sector empresarial, ahí radica el problema.

Hasta la fecha, toda propuesta se ha dirigido a la formación de la alta dirección con masters, millonarios en algunos casos; que solo contribuyen a crear más directivos que trabajadores especializados.

Coordinadora sabe que los CPE no pueden asumir la formación de estibadores si no se transforman en un centros integrales de formación profesional aprovechando los recursos que estas entidades públicas aportan y sin realizar un esfuerzo económico muy elevado.

Sin embargo, muchos de los retos no son asumibles porque no hay una visión clara de lo que realmente se necesita y sin dudas, la automatización de los puertos será la solución perfecta para el caos que viviremos en breve.

En definitiva, las declaraciones del nuevo ejecutivo solo arrojan más incertidumbre sobre el futuro a corto plazo especialmente en lo relativo a la negociación del convenio colectivo cuyo vacío legal aprovechará Coordinadora para alargar en el tiempo la negociación cualquier solución, al menos hasta el 2020.  

Por otra parte, los proyectos o iniciativas portuarias financiadas con fondos públicos o comunitarios ya no suponen un atractivo para la sociedad, por el contrario, beneficiarse de las transferencias tecnológicas mediante convenios con los grandes fabricantes a largo plazo, si lo es porque supone acceder a un potencial que puede tener largas expectativas socioeconómicas sin entrar en lo puramente tecnológico.

En pocas palabras, quien quiera hacer negocio que asuma el riesgo económico que ello supone en clara referencia de los Centros Portuarios de Empleo. Si las empresas están obligadas a invertir o a financiar los CPE, cuando uno de los socios inversores deje de serlo, el resto deberá asumir su cuota de “pago” para mantenerlos. Esa es toda una realidad.

Enrique Arraiz-Curbelo
Estibador portuario comunitario
Formador acreditado
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