DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 17/10/2024
Caso Puertos de Baleares.
"Es una barbaridad".
Opinan los abogados del estado, sobre la petición de cinco años de cárcel para su compañera.
La defensa de los imputados y ahora acusados por el caso Puertos de Baleares se basa en que la sentencia del Tribunal Supremo del ponente Wenceslao Olea es del año 2021 y los hechos que se les imputan son anteriores al año 2021.
De hecho la cúpula fue detenida a final de julio del año 2020.
Los abogados del Estado más próximos a la defensa creen que es una auténtica barbaridad que se impute a unos funcionarios, y concretamente a su compañera Dolores Ripoll, y se les pidan penas de prisión de hasta cinco años, cuando parece que hay una duda jurisprudencial sobre si hay que convocar concursos o no en los trámites de competencia de proyectos cuando se presentan más de un candidato.
Los abogados del Estado también funcionarios defienden a sus compañeros porque alegan que delito de prevaricación necesita de una conducta grosera, gruesa, deliberada y con un fin de dañar al administrado que no creen que no se da en este caso.
Al menos creen que no se da en este caso para algunos de los funcionarios como la abogada del Estado Dolores Ripoll.
Una cosa es asesorar y defender unas tesis jurídicas, y otra cosa es lo que hagan los políticos-portuarios como era el señor Joan Gual amigo de Francina Armengol y sus directores y vicepresidentes, que en presuntas declaraciones, recogidas en grabaciones de la UCO, podrían haber sido presuntamente completamente conscientes de los pasos que daban.
Los tribunales han solicitado muy serias penas de prisión para los acusados del Caso Puertos de Baleares, la cúpula de la Autoridad Portuaria en 2020. A pesar de la presunción de inocencia, la contundencia de los escritos de acusación del fiscal y el Club 12 millas, además del auto de transformación de la jueza Mora, no auguran su absolución.
En el Caso se pide que Joan Gual de Torrella, cumpla una pena de cárcel de nueve años por tres presuntos delitos: prevaricación, fraude a la administración y cohecho. Además de a Gual de Torrella, la Fiscalía también ha pedido que penas de prisión a otros doce acusados incluidos en el Caso Puertos, entre los que destacan la jefa de la abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, con cuatro años.
La principal defensa es que todo se basa en una sentencia del Tribunal Supremo cuya jurisprudencia discuten, al ser dicen la única entre varias de tribunales eso sí menores.
Todo se basa en la Sentencia del Tribunal Supremo 1060/2021, de 20 de julio de 2021 (ponente Wenceslao Olea) que desestimó el recurso de casación interpuesto por la Administración contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que anuló la adjudicación la concesión administrativa del club náutico de Ibiza.
"La Sentencia del Tribunal Supremo va, sin embargo, más allá y considera que la adjudicación fue nula pero no por la infracción de dichos principios sino porque en este caso debía haberse seguido el procedimiento de concurso.
Para entenderlo así la Sentencia «completa», más que «interpreta», la regulación contenida en los artículos 85 y 86 del TRLP, ciertamente exiguos, a la luz de sus antecedentes históricos", dice la Jurista Blanca Lozano.
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