REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 11/07/2018

Caso El Musel:

Hubo "previa elección subterránea de unas empresas para beneficiarlas con la adjudicación del contrato"

Demoledor auto de la jueza que abre juicio oral.

Acusa de presunta prevaricación y fraude a 24 responsables de la obra.

La jueza Carmen Lamela propone la apertura de juicio oral contra 24 responsables de las obras de ampliación de El Musel.  La magistrada de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Musel' dictó el 9 de julio auto que propone la apertura de juicio oral contra 24 responsables de las obras de ampliación.


La lista incluye a Fernando Palao, ex secretario de Estado; Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado; Fernando Menéndez Rexach, expresidente de El Musel; su ex director José Luis Díaz Rato y también a José María Alcoba Arce, abogado del Estado. También a los responsables de las empresas que sacaron adelante los trabajos, informa El Comercio.

La magistrada Carmen Lamela da por probado que las prisas por lanzar los trabajos antes de que Asturias perdiera parte de la financiación obtenida de la Unión Europea «y la previa elección subterránea de unas empresas para beneficiarlas con la adjudicación del contrato primaron sobre las garantías técnicas de un proyecto de tanta complejidad o de la protección de los fondos públicos encomendados a los gestores de la Autoridad Portuaria de Gijón».

El auto encuentra irregularidades en la ampliación de El Musel prácticamente desde que se concibieron las obras.

La jueza da por sentado que Menéndez Rexach y Díaz Rato aceleraron la puesta en marcha del proyecto a sabiendas de que para una obra de la envergadura de la ampliación de El Musel hubiera sido «imprescindible» esperar a realizar ensayos técnicos y estudios previos que no llegaron a completarse. La obtención de las ayudas de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea y la voluntad  de beneficiar a las empresas adjudicatarias agrupadas en la UTE Dique Torres habrían estado detrás de esa actuación en la que, según el auto, se antepusieron estos intereses a las «garantías técnicas», y en las que se procedió a la «elección subterránea de empresas para beneficiarlas» según un «obvio acuerdo previo» con ellas, informa La Voz de Asturias.  

Todo ello, con los informes técnicos y legales a favor, el respaldo del Jefe del Servicio Jurídico del Estado en Asturias, Alcoba Arce, y la «unanimidad» de todas las instancias implicadas en la decisión. Además, el auto señala un presunto segundo delito de prevaricación en relación a la expropiación de los terrenos de Aboño planificada directamente por la Autoridad Portuaria presuntamente para la obtención de materiales de relleno que finalmente se obtuvieron en otras canteras. Las expropiaciones, entiende la Audiencia Nacional, se realizaron «sin que lo exigiera la naturaleza del contrato» y sin que la Autoridad Portuaria pudiese garantizar la disponibilidad de la cantera de Aboño para el suministro, concluye el medio local.



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