REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 01/07/2015 

Aznar y el "sistema".

La ministra de Fomento debe hacer una última reforma.

Por los Fareros.

 


Las declaraciones del todavía presidente del puerto de Valencia Rafael Aznar han causado, sorpresa en la comunidad portuaria.

Como siempre al hablar, uno desvela parte de la realidad oculta. Con unas elecciones perdidas y el gobierno parcialmente en manos de los que le han denunciado en los tribunales, como ha hecho Compromis, y su seguro probable relevo, Aznar ha lanzado un alegato a favor más que de si mismo que también, de como se ha estado gobernando el puerto las últimas décadas, del "sistema".

Aznar ha desvelado que ha tenido varias conversaciones con Ximo Puig sobre el futuro del puerto y de él mismo, y ha emplazado a una reunión entre los dos la decisión final sobre su "continuidad". Además ha dicho que no es un político si no un profesional y que lo lógico es la continuidad. Es decir ha venido a explicar que el "sistema" le impone a Puig un método y una salida, y parece que se lo está explicando al nuevo presidente.

Rafael Aznar se siente respaldado y protegido por el "sistema". Y al margen de su inocencia o culpabilidad en los asuntos judiciales en los que está envuelto, lo que es obligado examinar es si el sistema es el correcto o es disfuncional.

¿Cuál es el sistema? El sistema deriva de los pactos del Majestic, cuando el PP para gobernar entrego apresuradamente los puertos a los nacionalistas. Se hizo mal y sin acercar la administración portuaria a los ciudadanos de las autonomías.

¿Qué es el sistema en este caso? El sistema es el de una administración portuaria autonómica, derivada del nombramiento de los presidentes de los puertos por parte del presidente de la comunidad autónoma de turno. Y no sólo el presidente, sino de la formación de un consejo de administración sin transparencia, ni representación directa de los parlamentos autonómicos. El Estado permitió que los puertos se gobernasen al margen del mismo, pero no más cerca del ciudadano de cada autonomía.

Los representantes de la Administración en los consejos, muchas veces residentes en la comunidad autónoma cuando no integrados en su sociedad, e incluso cuando son funcionarios del estado enviados desde Madrid, se ven contaminados por los intereses particulares de la comunidad autónoma y de los poderes económicos que en ella habitan.

El sistema creado es propenso a que al puerto o puertos de cada comunidad se aproximen muy diversos y variados intereses. Cuando el puerto además es poderoso en espacio y en tráfico, y además está integrado dentro de una ciudad, las tentaciones para utilizarlo en provecho propio de los políticos y poderes locales, son enormes.

Esta sistemática de intereses cedidos al ámbito autonómico son lo que configuran el sistema. Rafael Aznar llegó al puerto de Valencia con el sistema ya instaurado, desde la caída de la UCD, desde Fernando Huet a Rafael del Moral, todo ha sido una continuidad cuasimonárquica en el poder del puerto.

Lo percibe tan natural que habla de él con naturalidad. Tanto que ya no se sabe si el sistema controla la misma autonomía, en el caso portuario.

Aznar exhibe sin decirlo en público los logros del "sistema" para Valencia y se describe como un profesional no un político. Un profesional del sistema, ¿al margen de los políticos?

Un sistema en teoría en defensa de los interese locales del puerto autonómico en conflicto con los intereses del Estado, encarnados en Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento muchas veces. También en defensa de poderes económicos "invasores" véase ACS o JPMorgan. Eso es lo que ofrece Aznar y que en teoría se habría conseguido en Valencia.

Por ejemplo el haber apostado por los tráficos asiáticos, y en concreto por una naviera MSC y su terminal dedicada, habría sido un éxito. Para ello Aznar y sus predecesores tuvieron que oponerse a los intereses del estado central y de los poderes "invasores" y rayar la legalidad al limitar los intereses por ejemplo de la Terminal Pública de Contenedores, que tiene prerrogativas especiales. Una larga batalla legal atestigua esta lucha.

La sorda y oculta batalla en el puerto de Valencia para mantener un equilibrio, pero rayando en la legalidad para que MSC tuviera cada vez más operaciones en el puerto, hay que decirlo, puede que haya tenido unos medios alegales; sin embargo, el fin último ha sido un logro exhibiría el sistema. Eso es lo que reivindica Aznar y con él Del Moral y hasta Huet, los anteriores presidentes.

Aznar en su defensa, vendría a decir que el valencianismo ha sido bien servido por su equipo, que es prolongación del anterior y que, por tanto, debería ser obligada su continuidad para proteger los intereses de Valencia frente a los del gobierno central, con el cual no siempre coincide, y con otros intereses económicos, como los de poderosos terminalistas como Noatum.

Ésta es la realidad del debate que subyace, pero lo preocupante es que este debate no sea público y transparente. Porque, al no ser así, crecen las sospechas de una sicilización de la economía valenciana, donde los poderes próximos a un centro económico tan poderoso como el puerto de Valencia, puedan contaminar y alterar la voluntad política.

Es por ello por lo que este debate no hay que centrarlo en Rafael Aznar como último culpable. Los culpables de esto, y de su prolongación en el tiempo están en el Ministerio de Fomento en Madrid, en la sede ministerial, en la ministra de Fomento Ana Pastor y en el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, que conocen perfectamente la disfunción de la administración portuaria en España. Conocen las irregularidades cometidas.

No articular una legislación ad hoc, a propósito para cambiar esta situación, para mejorar las reglas de transparencia de los consejos de administración, para alterar la fórmula de nombrar a los consejeros y en general para abrir la administración portuaria a los ciudadanos próximos a ella, sin un ápice de menoscabo de la autonomía portuaria, ya que acercaría a las comunidades autónomas la verdadera administración de los puertos; sin eso incurren en una grave irresponsabilidad.

Porque ese sistema, que puede tomarse por el lado benigno y de los logros, que podría defender a Rafael Aznar, puede también tornarse perverso, siniestro y peligroso y contaminar a las mismas comunidades autónomas, sus instancias financieras y económicas.

Eso es lo que está en juego. No una continuidad.

Y todo el mundo en Valencia y Madrid lo sabe.



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