DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 30/07/2024 
Archivada la causa contra los Pérez-Maura por supuesta estafa a Maersk.
El juez García Castellón alega que Maersk se dejó engañar, porque contaba con medios suficientes para haberse enterado.
El polémico juez Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, por los temas del procés, ha dado carpetazo al caso que enfrentaba a la sociedad TCQ y APM Terminal, una división de la naviera danesa que acusó a los hermanos Pérez Maura, de ocultar información sobre posibles delitos de cohecho internacional en el momento de la venta de las acciones en un puerto de Guatemala en 2016.
En el auto judicial, Castellón afirma que APM Terminal contaba con informes y documentación suficiente que demostraban la posibilidad de que hubiese ilegalidades en la concesión que se les estaba traspasando, motivo por el que considera que no hubo "bastante" engaño por parte de los Pérez-Maura.
La reclamación de APM Terminals consistía que durante el proceso de compra los empresarios, que actualmente están siendo investigados en el caso Tándem, les ocultaron su implicación en las operaciones de supuesta corrupción.
APM Terminals, filial de Maersk que adquirió el mayor grupo de terminales de contenedores de España, el grup TCB, una de las empresas de los hermanos Pérez-Maura, y reclamaba desde 2019, 764 millones de euros a Pérez y Cía por daños y perjuicios por que se les ocultó que la empresa estaba siendo investigada por corrupción.
Pérez-Maura vendió TCB solo un mes después de que acabase el plazo para beneficiarse de la Ley de Ampliación de Plazos concesionales aprobado por la Ministra Ana Pastor, del PP, siendo presidente José Llorca, y fue el primer pelotazo derivado de los beneficios concesionales aquella ley que aumentó el valor de las concesiones al poderse ampliar hasta 75 años.
APM Terminals pidió entonces al Juzgado Central de Instrucción número 6, fianza a Pérez y Cía por presunto cohecho internacional, tráfico de influencias, estafa y tres delitos contra la Hacienda Pública.
La investigación por el supuesto delito de cohecho por el que se le imputó en mayo de 2019, que formaba parte de la pieza cuarta del caso Tándem, y correspondía a hechos ocurridos en septiembre de 2015, cuando Ángel Pérez-Maura cerró la venta del 61,3% de las participaciones del capital social de Grup Marítim TCB a APMT Holanda por 960 millones de euros. Mientras, la Justicia guatemalteca investigaba presuntos sobornos de hasta 30 millones de dólares al expresidente, Otto Pérez Molina.
La acusación de Maersk sostenía que fue "un engaño minuciosamente ideado y dirigido por los señores Pérez-Maura desde el mismo inicio del proceso de compraventa" . También denunció que los empresarios contrataron a Villarejo para que les asistiera, frenando la investigación de la CICIG.
En cuanto a los supuestos sobornos de 30 millones de dólares a las autoridades guatemaltecas para explotar la terminal de Puerto Quetzal, en aquel escrito se recogía que más de cien correos acreditarían los detalles de estos sobornos.
Al parecer Ángel Pérez-Maura y el expresidente Otto Pérez Molina se reunieron y que los pagos se efectuaron en diversas fases: 24 millones para los dos exaltos cargos del Gobierno y funcionarios guatemaltecos; 5 para "los argentinos" y 500.000 para otros gastos. Esto acreditaría un delito de cohecho internacional por parte de Pérez y Cía. Informaba entonces lainformacion.com
Ahora según recoge El Debate, "añade en el informe judicial que APM Terminal, sabedora de lo ocurrido, podría haber tomado otra decisión y dado marcha atrás en el proceso de compra. Castellón consideró en su auto que APM Terminal poseía en 2015, un año antes de la compra, un informe Due Diligence Jurídica donde se daba a conocer que en los medios de Guatemala se habían hecho eco de las posibles irregularidades y casos de corrupción en la concesión de la terminal. Así pues, Castellón falla en favor de los Pérez-Maura y les libera del "tipo penal de la estafa", el cual "protege el patrimonio en la medida en que su titular haya observado el comportamiento que le es exigible en orden a su protección...Y añade que de hecho existió también un informe de Due Diligence Jurídica elaborado para la propia APM Terminal que sostenía ya en julio de 2015 que existían noticias en medios locales que hablaban de posibles irregularidades y corrupción en esa concesión.
«A pesar de la altísima litigiosidad desencadenada tras las adjudicaciones del contrato no se procedió al examen directo de documentación relacionada con ninguno de los procedimientos judiciales sustanciados ni pendientes», recuerda el juez, que añade que también constaba un informe interno de banderas rojas denominado Red Flag Report Legal elaborado por la propia empresa compradora que advertía de esas posibles ilegalidades y recomendaba incluir cláusula de indemnización.
De hecho, esa cláusula quedó materializada en el denominado 'scrow account' elevado a escritura pública el 8 de marzo de 2016, por importe de 60 millones de euros.".
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