REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 15/02/2017 
Análisis.
Habrá reforma de la estiba.
La firmeza del Gobierno descoloca a los sindicatos y convence a Anesco.
La lucha por los c ongresistas.
Ghandi en los puertos.
La firmeza del Gobierno desequilibró ayer la balanza. Los sindicatos, sobre todo Coordinadora quedó descolocada y Anesco se convenció que la reforma va en serio. Todos se convencieron de que la reforma va en serio, incluido el Gobierno que se mostró más seguro. Habrá el 17 Real Decreto, se publicará el 18 y el Gobierno tiene todas las bazas para convalidarlo cuando quiera. Tiene el poder de manejar los tiempos y lleva la ventaja de la iniciativa. Coordinadora pareció sorprendida.
Ayer martes 14 de febrero, se terminó el proceso "negociador", si lo hubo en el ámbito de la reforma de la estiba, el Gobierno jugó su bien pensada estrategia y los números le salen. Esperó con paciencia al error de radicalizar los paros por parte de Coordinadora, las imágenes de los coches estropeados y las furgonetas de Autoterminal, pintadas con Puerto o Muerte, reforzaron su idea de que una huelga dura inclinaría aún más la balanza en el Congreso de los Diputados a su favor. Necesita muy poco y lleva tiempo negociando.
Los sindicatos no estaban preparados a pesar de haber ofrecido flexibilidad y de renunciar al Registro de Portuarios, se encontraron con un no rotundo, no se habían dado cuenta que no había proceso negociador.
Anesco había percibido a última hora que la estrategia del Gobierno iba en serio y brindó el segundo jarro de agua fría a Coordinadora en forma de su rechazo frontal a todo lo firmado. Pedro García Navarro, director de Anesco, se presentó en el acto de conciliación del preaviso de huelga y para estupor de los sindicatos dijo que los acuerdos que habían firmado las empresas la semana pasada no valían y que se habían realizado bajo presión. Toda una declaración de intenciones que ya habían desvelado con su propuesta al ministerio para ir más lejos con el Real Decreto, vean estas páginas la propuesta.
A partir de ahora, y con el anuncio de que el Gobierno publicará el día 18 el Real Decreto Ley ha comenzado una nueva dinámica centrada en buscar los apoyos parlamentarios para lograr su convalidación.
Coordinadora ha entendido su posición crítica y se reunió por la tarde con Albert Rivera de Ciudadanos, pero este no hizo otra cosa que ofrecer buenas palabras, como el resto. Nadie quiere parecer cruel con unos trabajadores pero otra cosa son las votaciones.
La convalidación parece garantizada para el Gobierno ya que necesita solamente una mayoría simple, con tener mas sies que noes, vale para lograr la aprobación del Real Decreto.
AHORA ES UNA CUESTION DE POLITICA
Ahora es una cuestión de política en la que nada tienen que ver los puertos si no lo que cada partido puede extraer del Gobierno por su apoyo o abstención.
Estando de por medio asuntos más importantes como los presupuestos este es menor.
Los sindicatos están percibiendo que partidos políticos como PSOE están apoyándoles tácticamente por que saben que aún votando en contra, cosa que le viene bien a Susana Díaz para iniciar su campaña electoral contra Sánchez, más a la izquierda, su voto no es decisivo y que no caerá la iniciativa del Gobierno.
Ciudadanos no va a votar en contra pero le conviene parecer crítico, pero sus votos son necesarios si PSOE vota junto a Podemos, debe votar a favor si no el Decreto caerá. Últimamente se ven ninguneados por el PP pero alinearse en contra solo será por táctica de cara a los presupuestos.
El secretario de Estado Julio Gómez-Pomar llamó a la responsabilidad de los grupos políticos por que si no nos van a multar argumentó. El Gobierno controla el tiempo en el que en los 30 días siguientes se vota el Real Decreto lo que le da ventaja y cuando lo haga votar, en medio de la huelga o después, es su elección.
Coordinadora consciente de que la batalla de la opinión pública la pierde con radicalizaciones, giró ayer aconsejado por otros sindicatos a una resistencia pasiva tipo Ghandi, que a seguir deteriorando el clima en los puertos.
"El gobierno no va a necesitar la Guardia Civil, esta huelga no va tener piquetes por la sencilla razón de que ningún estibador va a trabajar" sentenció alguien más maduro en este sentido.
LOS NUMEROS Y LOS TIEMPOS A FAVOR DEL GOBIERNO.
Así las cosas, tanto el Gobierno como los sindicatos se centran ahora en buscar estos apoyos. El Gobierno cuenta con 166 diputados, entre el Partido Popular (134) y Ciudadanos (32). Si solo contase con sus 134 diputados el PP, PSOE (84) más Podemos (67) con 151 podría derribar el Real Decreto Ley y hacerlo que decayese ante de los 30 días, pero justamente esta situación le mete mucha presión a Ciudadanos para que no deje en minoría al Gobierno en un asunto como este.
En el otro campo, PSOE y Podemos podrían unirse a Esquerra Republicana, con 9 diputados, que es el único grupo de momento que ha anunciado que se opondrá y apoyará a los estibadores. Aun así, se quedarían en 160 a 6 escaños de los 166 de PP y Ciudadanos, que incluso con 2 de Bildu se quedarían en 162. Aun con esos 162 perderían la votación, siempre y cuando Coalición Canarias, PNV y CDC, la antigua Convergencia, se abstuviesen. Y en el caso de votar, lo más fácil sería que PNV y Coalición Canaria votasen con el Gobierno o se abstuviesen, nunca en contra.
Así las cosas, las cuentas del Gobierno hacen que sea fácil la aprobación del Real Decreto. Además, el PP parte con una ventaja clara, que es que ha tenido tiempo de buscar los apoyos parlamentarios y, por tanto, de acelerar la tramitación del Decreto Ley, su convalidación, llevándolo rápidamente al Congreso de los Diputados en el plazo de pocos días, si acaso una semana.
Por lo tanto, la estrategia de la celeridad juega a favor del Gobierno y el Real Decreto Ley será legislación española el próximo sábado 18 de febrero, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, el Gobierno tendrá que soportar la huelga de la próxima semana, y si acaso algunas siguientes, pero con la baza de tener el Real Decreto no solo publicado, sino con suficientes apoyos parlamentarios para convalidarlo y no derogarlo.
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