REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 07/12/2022
Análisis.

Una gobernanza portuaria, con serio defecto de fábrica.

El curioso si hay placet, solo sí eres socio del gobierno.


La ministra de transportes Raquel Sánchez, barcelonesa, y ex-alcaldesa de Gavá, ha tardado cero coma, en publicar en el BOE el nombramiento del nuevo presidente del Puerto de Barcelona, Lluis Salvadó de Esquerra. Se puede decir que ha firmado con entusiasmo.


Un nombramiento expréss, que contrasta con el tiempo que se tomó Álvarez Cascos, para nombrar presidente de Las Palmas, a aquel díscolo Arnaiz, que finalmente nombró por imperativo legal, para señalar su desacuerdo u obligación.

Lluis Salvadó, el nuevo presidente del Puerto de Barcelona, se le abrió juicio oral, el 17 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por supuesta malversación de fondos.

El problema es que tenga que ir a declarar, o asistir a juicio, durante su mandato de presidente del Puerto de Barcelona.

Contrasta la laxitud de la ministra de transportes, la barcelonesa Raquel Sánchez, con el Reglamento de la Cámara del mismo Parlament catalán que obliga a cesar como diputado, cuando se abre juicio oral. Reglamento aplicado a Laura Borrás.

Es decir que el señor Salvadó, no podría seguir siendo diputado según las normas del mismo Parlament catalán, pero si ser presidente de la autoridad portuaria del mayor puerto de España de España y del Mediterráneo de la Unión Europea.

La señora ministra barcelonesa y de un Gobierno que tiene por socio al partido del señor Salvadó, ERC, no ha dudado un minuto, ni parpadeado, en darle su mejor placet. Tampoco el presidente de Puertos del Estado que preguntado el 30, un día antes sobre si iban a hacer algo, salió disparado, sin contestar.

Ni la ministra, ni el presidente de Puertos del Estado, han hecho el más mínimo gesto, ni parpadear, ni una paradiña, que al menos indicase, cierto decoro administrativo de estudiar el caso.

Por supuesto el señor Salvadó, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Igualmente era inocente para el Parlament y allí no podía seguir.

El tema no es Salvadó, que por lo que dice la Guardia Civil, debería considerarsele un crack de la organización, otra cosa es de donde sacase el dinero, es la ausencia de normas. El Parlament las tiene, Puertos del Estado no.

A esta ausencia de normas, la ministra tiene el rostro de llamar nueva gobernanza portuaria, la misma tarde que firma el BOE.

Este artículo no va en modo alguno de forma personal con el señor Salvadó, al que como este medio ha señalado, le precede, una fama de eficacísimo funcionario, de la República catalana, que según la Guardia Civil, diseñó toda una nueva Agencia Tributaria catalana, el Banco Central de Catalunya, la Comisión Nacional del Mercado de Valores catalana, y la Comisión Nacional de la Competencia catalana, en pocos meses para lanzarlas al día siguiente del 1-O, recaudando a buen recaudo, el dinero que antes ingresaba la Hacienda española.

Con ese currículum sería fichado por cualquier cátedra de Hacienda Pública.

Además al señor Salvadó, no le acusa el tribunal de hacer estos diseños, ni tener estas fértiles ideas, si no de presuntamente haber utilizado, los recursos del Estado para ello.

Pero lo dicho el problema no es el señor Salvadó, es la carencia absoluta de una gobernanza portuaria.

Y lo que es peor es que la señora ministra, haya querido vender el mismo día que firmaba la orden ministerial del nombramiento, a la velocidad del rayo, que Puertos del Estado tiene una nueva gobernanza portuaria, inscrita en su marco estratégico.

Nada más falso, salvo que entienda por nueva gobernanza portuaria, una política que todavía no ha formulado, ni ha anunciado, de traspaso total de los Puertos a las comunidades autónomas, puede hacer porque requiere la modificación del artículo 149 de la Constitución. Imposible de momento.

Es decir que aquí no hay nueva gobernanza, pero si una mala praxis, por que hacer algo que no se permite, pero sin pasar por una nueva Ley de Puertos, es como mínimo una mala praxis.

Porque aunque no haya una nueva ley, los usos y costumbres acaban constituyendo un derecho, y esto es lo que se va fabricando en los puertos españoles, mirando hacia otro lado, o peor acelerando el si del placet.

Nadie impedirá que en el futuro, otro gobierno o el mismo, nombre presidente de un puerto, a un diputado Vox o de Bildu, igualmente procesados en sus Autonomía, por algo tan próximo a la gestión pública como la malversación de fondos, o algo peor.

Estas situaciones sí que requieren una repensada de la gobernanza portuaria y no el corta y pega del marco estratégico que ya no saben por qué versión va.

La nueva gobernanza que interesaba al puerto de Bilbao, entre otros, quedó en 2020, en constituir una comisión que avanzase, pero nada se sabe de ella, ni hay ningún documento ni nada que se le parezca.

Aquí la gobernanza que hay, es la de favorecer al solo si son amigos, en una curiosa política del solo sí es sí del misterio de transportes.

No hace falta fabricar leyes, con defectos de fábrica como le ha pasado a la ministra Irene Montero para ir sentando precedentes jurídicos igual de malos.

Este medio lleva reclamando desde hace un lustro un Estatuto del Presidente de Puerto, (también del director) que fije claramente la responsabilidad, las funciones, a quienes deben de dar cuenta, (por ejemplo a los parlamentos de las comunidades autónomas), que blinden en su independencia.

Y que también establezca las fórmulas de nombramiento y en su caso de cese, como funcionarios del Estado.

Porque en el caso de funcionarios públicos el muy deficiente Gobierno de Rajoy, dejó esto al arbitrio de una oscura comisión la posibilidad de cesar a altos cargos funcionarios, si cometen faltas en el desempeño de su cargo. Ley 3/2015.

Como eso tampoco está claro, esto de nombrar o dejar nombrar altos funcionarios, sin más, solo va a conllevar a un conflicto jurisdiccional feo, cuando nos encontremos que algún presidente de un Puerto se ve afectado por alguna grave acusación.

Se está dejando y dando el mal ejemplo, dando entera libertad para que cualquier Comunidad Autónoma nombre a cualquiera.

E insistimos que Luis Salvadó, aparte del problema que tiene con la justicia, parece tan bien capacitado para dirigir al Puerto, que ya ha puesto de uñas a algunos de la comunidad portuaria, y algún medio ya le ha incluso amenazado de que si no colabora con los poderes fácticos de la comunidad portuaria esta no colaborará con él.

Porque la eficacia del señor Salvadó, objeto de su acusación ante el TSJC, también obra en el sentido de que no parece un caballero que sea fácil manipular, por el Deep State portuario. Lo que dará su juego.

Lo que no quita para que su nombramiento y sobre todo la actuación del Ministerio den pie a esta reflexión sobre la carencia absoluta de una mal presumida gobernanza portuaria.




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