DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 22/05/2023
Análisis.
Un grupo de Prácticos arrastra a la profesión, al suicidio como los controladores aéreos.
Exponiendo su monopolio de hecho.
Los Prácticos de los Puertos españoles han permitido y lo que es peor han provocado que la Autoridad Portuaria de Sevilla, con un monumental cabreo, divulgue sus pretensiones económicas, sus jornadas de descanso, y su participación en los beneficios de su actividad. Pero peor es que han logrado que exponga a la sociedad el de facto monopolio en el que operan.
Está claro que a los Prácticos de Sevilla les falta un buen abogado.
Los Prácticos de un puerto importante han tomado una malísima decisión al salirse del marco legal para presionar con sus pretensiones económicas, por mucho que parezca que la Autoridad Portuaria de Sevilla, también incumpla la Ley de Puertos.
El conflicto que han abierto con la Autoridad Portuaria de Sevilla, es la peor noticia para el colectivo. Y se la han autoinflingido.
La directa acusación de la APS, de que son un monopolio ha trascendido a la Comisión Nacional de los mercados y la competencia, la CNMC.
La polvareda levantada por la presión cercana a la extorsión, al no dar servicio a los barcos el lunes quince de mayo, ha puesto a toda la profesión en el foco.
Una profesión que no debería de tener quejas por sus altas remuneraciones y condiciones laborales.
Algo parecido a lo que les pasó a los controladores siendo ministro José Blanco, al que tantas personas de la comunidad portuaria han hecho ahora referencia.
No es extraña la alarma que ha causado en la Federación de Prácticos de España y en el Colegio Nacional de Prácticos, esta conducta. Que les ha movido a desautorizar a sus compañeros. Algo que evidencia la brecha que hay en la profesión.
La carta ha llegado tarde y no ha sido suficientemente contundente.
Este cruce de acusaciones de la Corporación de Prácticos de Sevilla y la Autoridad Portuaria de Sevilla, ha puesto en evidencia los privilegios un colectivo que entran por oposición y que luego operan un servicio portuario en régimen de monopolio y sin alternativas.
Ha puesto también en evidencia sus altas remuneraciones, sus condiciones de trabajo, e incluso su participación en los beneficios y en la facturación del servicio público de interés general que realizan, a costa del Estado.
Operan en un monopolio mayor que el que el Estado concede a notarios, dónde al menos se puede elegir entre varios.
Evidencia también la profundidad del conflicto en unas autoridades portuarias, que normalmente son un estanque dorado de calma entre los colectivos participantes.
Las formas con que ha estallado el conflicto evidencia la poca capacidad para explicarse por parte de la Corporación de Prácticos, que ha hecho un muy pobre ejercicio de presentar sus argumentos.
Al parecer la Autoridad Portuaria viene saltándose la Ley de Puertos prorrogando, más que renovando la licencia de practicaje, con el habitual recurso de la administración, de los hechos consumados y reclame usted al contencioso, pero que en ningún caso avalan la medida de fuerza de dejar los barcos sin practicaje.
Este intento de tomarse la fuerza por su mano, no puede ser más desafortunado.
La Autoridad Portuaria de Sevilla no ha parado en barras de airear que este problema se lo habia transmitido a Puertos del Estado, que con su habitual buenísimo parece que no había hecho nada.
Otra evidencia de que tapar los problemas no conduce a nada bueno.
¿Habrá referido Puertos del Estado y su abogado del Estado el problema a la CNMC?
Lo habrá hecho aguas arriba a la Ministra de Transportes, poniendo en evidencia sus carencias.
La Autoridad Portuaria de Sevilla, se ve que no confía en un solo organismo y transmitió todos estos problemas no sólo a Puertos del Estado, sino también a la Capitanía Marítima a la Dirección General de la Marina Mercante, y sin más encomienda a la Fiscalía.
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