Ampliar las concesiones a las puerta de un cambio de la estiba es arriesgado.
¿Lo justifican las inversiones o la crisis ?
Por los Fareros.
Ampliar las concesiones como ha hecho el Gobierno en su Real Decreto 08/2014 puede ser una medida necesaria, pero se convierte en una medida controvertida a las puertas de un cambio de la estiba.
La reclamación de la ampliación de los plazos de las concesiones ha sido una constante en los años pasados, sobre todo de las terminales de contenedores. Justo ahora éstas se encuentran a las puertas de una transformación en su modelo de estiba, en su modelo de negocio.
Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento, sin embargo, se han apresurado a ampliar las concesiones, y dar incluso plazos de hasta 75 años, al mismo tiempo que marcan un plazo corto para pedir esas ampliaciones de sólo seis meses.
La misma medida -aunque puedan tener justificación los plazos perentorios- transmite una idea de urgencia y apresuramiento.
Cabe preguntarse si se podría haber hecho de otro modo. No parece lo más equitativo premiar con tan extensos plazos de concesiones a las terminales de contenedores que tienen que hacer un cambio profundo en su marco laboral. A no ser que se pretenda que luego asuman todos los pasivos sociales de una reforma de la estiba, cosa harto improbable y que -por otro lado- podría ser reclamada en los tribunales por injusta, por parte de las mismas terminales.
Que dos colectivos como el de los estibadores y las terminales portuarias en manos de grandes inversores internacionales salgan de la crisis blindados para el futuro, no parece lo más equitativo.
Las concesiones (en especial, las terminalistas de contenedores) tienen justas razones para la queja pero no es la ampliación de plazos la solución que gratuitamente el Estado debe conceder ni que esperaban en esa extensión. Incluso en el caso de haber alguna ampliación, ésta se esperaba contenida a los siete años de la crisis.
Es decir, que la explicación de las ampliaciones a tan largo plazo no está en la crisis. Teniendo en cuenta que muy pocas veces ha rescatado el Estado una concesión de un terminalista y que esto se ha producido sólo en casos de concursos de acreedores y suspensiones de pagos; y que en los puertos existe la tradición no escrita de que se renueven las concesiones, tampoco se ve la necesidad de plasmar en una ley las ampliaciones a tan largos plazos; es más, en las mismas Autoridades Portuarias hay cierta prevención a conceder estos plazos tan grandes, aunque quizás por otros motivos de cabildeo transaccional con los concesionarios.
Si no son las razones de la crisis, se dice que lo son las promesas de inversiones y forzar al sector a que las haga. Esto es también dudoso. Presentar el Real Decreto como una medida que en seis meses estimulará importantes crecimientos no tiene sentido.
España en el ámbito portuario no tiene falta de inversiones portuarias sino un exceso de ellas. Lo dicen estudios de Goldman Sachs, lo dicen los mismos terminalistas, lo dice cualquier foto aérea o por satélite de los puertos españoles, lo dice la difícil situación económica de algunos puertos. Por tanto, que el Real Decreto Ley sirva para forzar a los terminalistas a hacer inversiones ya ha sido incluso protestado por ellos mismos.
Entonces, ¿cuáles son las razones de este apresurado Real Decreto Ley por estar justamente ya a las puertas de una recuperación económica?
Si el Real Decreto Ley establece unas condiciones duras (que no lo parece), desencantará a los terminalistas. Si no, blindará a un sector -el más importante de los puertos- y lo hará resistente a los cambios. No es éste el camino que quieren los terminalistas, por supuesto, que les parece excelente tener mayores plazos, pero lo que quieren es tener las terminales llenas, el tráfico creciendo, y unos costes laborales justos y razonables.
Y ya hace mucho tiempo que nos hemos dado cuenta que invertir en infraestructuras -aun siendo bueno- no es del todo la panacea para el crecimiento.
Otra cosa es que con los cambios en el panorama naviero haya que estimular alguna inversión en terminales y en algún hub o en alguna terminal dedicada, de forma puntual y localizada; en ese caso no se entiende el farragoso Real Decreto con tan críptico lenguaje.
El RD 8/2014 no se entiende por ningún lado, y no responde a una defensa del bien común.
Los Fareros son un colectivo liberal de la Comunidad Portuaria que expresa sus ideas a través de este medio.
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