DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 27/08/2026
Alarma en Puertos del Estado por los movimientos en Bruselas contra la ampliación de plazos concesionales.
Alarma en Puertos del Estado por los movimientos en Bruselas contra la ampliación de plazos concesionales. Como informó este medio en febrero, la Unión Europea abrió en el año 23 un expediente por infracción por la prórroga casi automática de las concesiones costeras a 75 años. Entonces esto pareció ajeno a Puertos del Estado y las polémicas ampliaciones de plazos concesionales de la ley de 2014.
La cuestión, sin embargo, parece que se ha reverdecido porque en este expediente parece ser que también habrá una denuncia específica no solo por las ampliaciones de concesiones en la costa, por ejemplo los puertos deportivos, sino también por la parte portuaria. Al parecer Puertos del Estado está requiriendo a las autoridades portuarias para que informen sobre el estado de los expedientes. No se sabe si con vistas a modificar los requisitos para que esto se produzca o para simple y llanamente dar término al largo proceso que se inauguró en el año 2014.
La Comisión ya incoó un procedimiento de infracción contra España por prorrogar concesiones de autopistas sin sacarlas a concurso, existen dudas de la legalidad pues de las ampliaciones de plazos concesionales concedidas en los puertos desde su aprobación como ley 8/2014, de 4 de julio.
Según el Derecho de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante un nuevo concurso y licitación.
Italia ya fue sancionada por un caso de la prorroga de una duración de la concesión de la autopista a la "Società Autostrada Tirrenica pA", (asunto C-526/17, del TJUE), por haber infringido la Directiva 2004/18 / CE. Italia ha hecho caso omiso a la decisión del alto Tribunal.
Recordar que la Comisión dijo lo siguiente: "La Comisión ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la concesión de licencias relativas a zonas costeras. Además, según la Comisión, la posibilidad de prorrogar las licencias existentes hasta 75 años sin justificación contraviene la normativa de la UE.
La Ley de Costas española prevé la posibilidad de conceder licencias (autorizaciones en el sentido de la Directiva de Servicios) para la construcción de instalaciones permanentes (por ejemplo, restaurantes, agronegocios, industria papelera o química, etc.) en el denominado «dominio público marítimo-terrestre», fuera de los puertos, sin un procedimiento de selección abierto y transparente. Asimismo, permite la posibilidad de prorrogar su duración hasta 75 años, también sin procedimiento de selección. Esta ley infringe la Directiva de Servicios.
Antecedentes
La necesidad de abordar las barreras en el ámbito de los servicios es especialmente acuciante: el 60 % de las barreras a las que se enfrentaban las empresas hace 20 años siguen existiendo, según el Informe Anual del Mercado Único publicado recientemente. Entre las barreras confirmadas por las partes interesadas del sector empresarial se incluyen la complejidad de los procedimientos nacionales y la falta de información al respecto; los requisitos nacionales desproporcionados en el ámbito de los servicios y las onerosas exigencias administrativas para la prestación de servicios, incluso en lo que respecta al desplazamiento de trabajadores. A pesar de que el marco jurídico para el buen funcionamiento del Mercado Único de Servicios se ha establecido en los Tratados y la legislación de la UE, la falta de correcta aplicación de estas normas a nivel nacional sigue obstaculizando la libre circulación de servicios. Por este motivo, la Comisión ha desarrollado un enfoque de aplicación multidimensional que incluye no solo medidas de aplicación estratégicas y específicas «clásicas», sino también la colaboración con los Estados miembros en foros como el Grupo de Trabajo para la Aplicación de la Normativa del Mercado Único (SMET) y otros grupos de expertos especializados; el apoyo a los Estados miembros mediante documentos de orientación detallados; y la prevención de barreras mediante la Directiva sobre el principio de proporcionalidad, así como la Directiva sobre la transparencia del mercado único y la herramienta de notificación de la Directiva de servicios".
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné confirmó que la reforma de la Ley de Costas efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2014 "vulnera el derecho comunitario", una cuestión ante la que fue preguntado por el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares.
Al respecto de esta cuestión, Bruselas mantiene un expediente abierto conta España por infracción, el cual sigue a día de hoy en tramitación, alegando que esta legislación "vulnera tanto las obligaciones en virtud de la Directiva de servicios como el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".
"La Comisión Europea", informa eldiario.es, "golpea duramente contra la Ley de Costas española que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó entre 2013 y 2014, generando entonces una intensa polémica a causa de su impacto medioambiental. Doce años después, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné confirmó que esta legislación "vulnera el derecho comunitario", concretamente el "las obligaciones en virtud de la Directiva de servicios" y el "principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". Así respondió al eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, quien aprovechó para criticar las excusas dadas por la Xunta y por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Al respecto, resaltó que "prorrogar una concesión por 75 años es contrario a la legislación comunitaria" y denuncia que cualquiera que opte por una nueva concesión en dominio público marítimo terrestre, deberá acudir nuevamente al proceso de concurrencia del proyecto en cuestión para evitar situaciones similares a la de la AP-9, caso por el que España también tiene otro procedimiento de infracción abierto a causa de la prórroga concedida, esta vez, por el Gobierno de José María Aznar".
Recordar que aquí la ley 13 de 2014, del tándem Ana Pastor-José Llorca, permitió la generalizada ampliación de plazos concesionales, que permitió los grandes pelotazos en las ventas de termínales por parte de las familias portuarias españolas, como los Pérez Maura.
La reputada consultora Drewry argumentó hace dos años en contra de aquella política en último informe, 'Drewry's Ports and Terminals Insight', en el cual ha hecho un exhaustivo repaso de cómo los condicionantes del mercado han incentivado que las autoridades portuarias se muevan de un modo concreto en cuanto a la firma de contratos para el futuro se refiere, especialmente con las infraestructuras previamente mencionadas.
El análisis de la mayor consultora critica las renovaciones generalizadas de concesiones portuarias. A medida que la ola original de adjudicaciones de terminales de contenedores de las décadas de 1990 y 2000 se acerca al final de sus períodos iniciales, Drewry encuentra que los cambios en las fuerzas del mercado han desplazado el equilibrio riesgo/recompensa de las autoridades portuarias, hacia concursar de nuevo las concesiones en vez de renovarlas a los mismos o ampliarles los plazos. La reciente dinámica del mercado debería hacerles detenerse a considerar al menos si una nueva licitación competitiva podría dar lugar a un mejor resultado, alega.
INFORME
A medida que la ola original de privatizaciones de terminales de contenedores de las décadas de 1990 y 2000 se acerca al final de sus períodos iniciales, Drewry encuentra que los cambios en las fuerzas del mercado han desplazado el equilibrio riesgo/recompensa para las autoridades portuarias hacia una nueva licitación de la concesión en ciertas condiciones de mercado. Sin embargo, a nivel mundial la preferencia general es renovar o ampliar con el operador establecido.
Si bien la mayoría de las concesiones de terminales de contenedores se extienden o renuevan, a una pequeña pero creciente proporción se les ha permitido expirar, según una investigación reciente publicada en Drewry's Ports and Terminals Insight.
Drewry revisó 27 concesiones que fueron renovadas, extendidas o expiradas en los últimos tres años. Si bien la mayoría (21 de 27) se adjudicaron al operador establecido mediante la renovación o extensión de la concesión inicial, a seis se les permitió expirar.
En la intrincada red del comercio global, los puertos son las puertas a través de las cuales fluyen mercancías entre naciones, dando forma a las economías y conectando mercados distantes. En el corazón de las operaciones portuarias se encuentran las concesiones portuarias, un acuerdo contractual que combina la experiencia y la capacidad financiera del sector privado con la supervisión del sector público, para gestionar y desarrollar estos centros críticos de comercio y transporte.
Si recordamos la primera ola de concesiones portuarias de los años 1990 y 2000, hubo una variación considerable en el riesgo entre los mercados emergentes y desarrollados. Sin embargo, si bien los riesgos políticos y económicos en los mercados emergentes siguen siendo altos, otros riesgos como la reforma laboral, la infraestructura y el mercado son ahora mucho menores.
Las autoridades portuarias deberían decidir mucho antes de que expire la concesión si prorrogarán, renovarán o volverán a licitar la concesión de la terminal. Una licitación pública formal es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo y no hay garantía de que tenga el mejor resultado general. La opinión generalizada sugiere que a las autoridades portuarias les conviene seguir la filosofía de 'si no está roto, no lo arregles', lo que significa que deberían buscar renovar o ampliar el contrato con el titular si se está desempeñando adecuadamente.
Opciones de fin de plazo de la autoridad portuaria para concesiones de terminales de contenedores
Sin embargo, la reciente dinámica del mercado debería hacerles detenerse a considerar al menos si una nueva licitación competitiva podría dar lugar a un mejor resultado.
Drewry cree que es poco probable que volver a licitar una concesión de terminal portuaria en un mercado maduro, con terminales competidoras dentro del mismo complejo portuario o sirviendo al mismo interior, genere ganancias significativas para la autoridad portuaria. Por lo tanto, dados los costos de realizar una licitación pública, la incertidumbre que rodea el proceso y los riesgos inherentes que implica cambiar el operador de una terminal, es más sensato abordar estas concesiones con un marco de extensión/renovación. Esto permite al puerto obtener compromisos para reinvertir y mejorar el activo de la terminal durante un período de tiempo prolongado.
Sin embargo, en mercados menos maduros pero aún probados y con mayor potencial de crecimiento, es mucho más probable que un proceso formal de nueva licitación logre ganancias significativas y, lo que es más importante, el reequilibrio del riesgo y la recompensa en comparación con la concesión original, firmada cuando el mercado estaba menos seguro. Este es especialmente el caso de aquellas terminales que no tienen competencia directa en el mismo puerto.
Si bien se espera que la mayoría de las concesiones se extiendan o renueven con el operador actual, se prevé que los operadores de terminales globales emergentes muestren un gran apetito por aquellas que se vuelvan a licitar, particularmente dada la escasez de nuevas oportunidades de concesión.
Sin embargo, los fundamentos del mercado siguen siendo clave, y sólo aquellas concesiones con potencial de crecimiento y expectativas realistas por parte de la autoridad portuaria resultarán beneficiosas para los socios del sector público y privado".
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