REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 09/04/2014
50 años a cambio de la Estiba.

Renuncia a pasivos sociales o prorroga.

La encrucijada
.

por Los Fareros.



La política de puertos se vende, que navega en un mar de cristal; pero no es esa la realidad. Puertos del Estado en un ejemplo de dualismo negocia beneficios concesionales con los mismos que le endosan un gigantesco pasivo social. 

Tenemos la mayor superficie de agua abrigada de la Unión Europea, tenemos el mayor número de metros lineales de muelles terminados y sin utilizar de la UE.


Tenemos el mayor número de terminales de contenedores terminadas y proyectadas de la UE. Sin embargo, algo está fallando cuando nuestros puertos como el de Valencia quedan retrasados en el transbordo europeo y los inversores españoles ceden o venden las terminales que antaño estaban cotizadísimas. como ha hecho TCB con su terminal en el puerto de Valencia.

El presidente Llorca es el presidente de Puertos del Estado mas capaz de su corta historia y de los cinco anteriores, tiene todos los mimbres para construir una verdadera política portuaria moderna, sin embargo, se demora en el tiempo. La indefinición es máxima. El año pasado cuando la ministra y el gobierno recibieron el SOS de algunos grandes terminalistas debía haber propuesto un gran pacto sobre la estiba.

Sin embargo la injerencia de los lobbies sobre una ministra indecisa provocó una promesa de aumento de las concesiones a cambio de nada. Luego se dio marcha atrás. Simultaneamente se negociaba el VI Acuerdo Marco de la Estiba en contra frontalmente de las pautas del gobierno. Tras la cesión de Anesco los reproches fueron mutuos. Puertos perdió la oportunidad de fijar del Pacto ahora se ha metido en un callejón en el que no querría estar.

Aunque Puertos del Estado negocia, o lo intenta, con los agentes sociales de la estiba terminalistas y estibadores una salida airosa en caso de una sentencia contraria del tribunal de Luxemburgo esto no es suficiente.

No es suficiente, cuando la Comisión ya le ha mandado otro dictamen motivado a los puertos belgas, que encadenará una posible denuncia también ante el Tribunal de Luxemburgo para que el efecto ejemplificador de una sentencia sobre España no se agote en los incumplidores países del sur.

Esto acerca más la posibilidad de un desenlace problemático para España.

Llorca es un buen alto funcionario, tiende a la honradez y sabe que en el tema de la estiba se le van a reclamar al estado responsabilidades por todos lados. Lo contrario de lo que se sostiene oficialmente falsa tranquilidad de: que hasta que haya una sentencia el estado no tiene otra cosa que hacer, nada más que oficialmente defender el modelo actual de la estiba.

La realidad es que cuando la sentencia sea contraria como aquella del Supremo sobre las tasas; todo el mundo va a pedirle cuentas a Puertos y a sacarle el hígado al Estado; desde posibles terminalistas que se crean vulnerados sus derechos al no haber tenido una completa libertad de establecimiento en España, hasta los terminalistas actuales que quieran transferir al Estado sus pasivos sociales alegando una maniobra de este incompleta al haberse ausentado de las Sageps, tras muchos años de presencia.

El debate va a ser complicado jurídicamente y podía terminarse en una oscura sala en el Tribunal Supremo; de forma costosísima para el Estado si los abogados y sus influencias logran probar que el tracto que ha habido entre la privatización de las APIES a Sagep, la salida del Estado y de las Autoridades portuarias, fue forzado y forzoso.

Esto no sería así si se llevasen mucho años de modelo asentado y aceptado, pero en esto aquí operaria la norma de las empresas privadas de los tres años al traspasar pasivos sociales. En cualquier caso un largo y político pleito con los que ahora se sientan a pedir árnica y 50 años de concesiones. Y Puertos no aplica la misma doctrina que Pastor aplica en otro caso.

La negociación de la quiebra de las autopistas privadas ha progresado siempre por que la ministra ha forzado la situación al límite, y con la amenaza de quien reclamase la RPE, la responsabilidad patrimonial del estado, se iba a acabar como concesionario en España. Aquí Puertos esta jugando demasiado y dando falsas expectativas. Si además se da pábulo al rumor de que Pastor podría ser enviada a Bruselas, el parón será total.
 

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